Los promotores de la Renta Garantizada critican que no cumple los objetivos

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una ley que fue aprobada en septiembre de 2017 para desarrollar una prestación dirigida a las personas en situación de pobreza, ha recibido este viernes una dura crítica por parte de la comisión que promovió esta norma, aprobada en el Parlament por unanimidad a partir de una iniciativa legislativa popular. La comisión promotora ha criticado al Govern por no haber cumplido los objetivos de la ley. Según los datos de la comisión, 126.400 personas son beneficiarias de esta ayuda, lo que, a juicio de los promotores, deja fuera al 71% de las personas que se encuentran en pobreza severa en Cataluña, y que por lo tanto podrían ser potenciales beneficiarios.

El desarrollo de la ley de la RGC ha recibido críticas constantes desde que se aprobó, ya que, especialmente los dos primeros años, los datos arrojaban un porcentaje muy alto de denegaciones de solicitudes. A la RGC le costó mucho arrancar a causa de la falta de recursos técnicos para una prestación nueva que empezó a desplegarse rápidamente por la proximidad del otoño caliente de 2017 y de las elecciones que vinieron después. Y también, según argumenta el departamento de Asuntos Sociales, fue a causa del impacto que supuso la aplicación del articulo 155 de la Constitución en ese momento. El alto número de denegaciones llevó varias demandas contra la Generalitat.

En un acto frente al Parlament, el portavoz de la comisión promotora, Diosdado Toledano, ha criticado que, con los datos de beneficiarios comparados con el volumen de personas que están en situación de pobreza severa, “la cobertura a la población en pobreza severa de Cataluña es solamente del 29%”. Toledano también ha afirmado que se han modificado artículos de la ley que hace que su implementación sea restrictiva, “reduciendo la cobertura o acceso de la prestación”. La comisión ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el reglamento que despliega la ley, aprobado este año.

El gobierno de la Generalitat lleva meses criticando la gestión y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital, una prestación de nuevo cuño aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que todavía no ha llegado de forma masiva a sus potenciales beneficiarios. El Govern reclama que se pueda gestionar desde la Generalitat también esta prestación, que es complementaria a la RGC, para evitar duplicidades.

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat ha evitado un choque con la comisión promotora, pero recuerda que no es la plataforma que vigila la prestación. “Trabajamos estrechamente en el marco de la Comisión de Gobierno de la RGC”, ha destacado una portavoz. Este órgano incluye los sindicatos, la Taula del Tercer Sector, las patronales y las asociaciones de municipios. “Es en esta comisión donde analizamos y consensuamos las lineas de trabajo y mejoras, y donde se ha elaborado el reglamento”, ha remarcado la portavoz.

Según los datos del departamento, a julio de 2020, la RGC tiene activos 86.014 expedientes y llega a 136.598 beneficiarios (10.000 más que los datos aportados por la comisión promotora, que son del mes de marzo). Este, asegura la portavoz, es el número más alto de beneficiarios desde que se aprobó la ley, y la nómina para esta prestación asciende en total a 35,19 millones de euros.