El ministro catalán de Rajoy

Siempre hay un ministro catalán, por lo menos, en los gobiernos de España. En los presididos por Mariano Rajoy, el ministro catalán fue Jorge Fernández Díaz, que con este nombramiento veía recompensada una trayectoria de permanente afinidad política con el dirigente gallego del PP en diversas batallas internas del partido. Ambos eran tenidos como exponentes del ala moderada en la etapa de José María Aznar. Fernández Díaz había empezado su carrera política en un ya muy lejano 1980 como puntilloso y legalista subdelegado provincial de Trabajo en Barcelona y luego como gobernador civil de Asturias y Barcelona con el último gobierno de UCD.

En la década de 1990 Jorge Fernández fue ferozmente criticado y combatido en la organización del PP de Barcelona por Aleix Vidal-Quadras, que le acusaba de haberse rendido al nacionalismo catalán y de estar entregado al pujolismo. La buena sintonía entre los moderados del PP y la CiU de Jordi Pujol se mantuvo muy bien durante el primer gobierno de Aznar, entre 1996 y 1999. Y luego volvió a funcionar entre 2010 y 2012, cuando el sucesor de Pujol, Artur Mas, pactó con los diputados del PP en el Parlament el programa de recortes presupuestarios en materia de política social, sanitaria y educativa del Govern de la Generalitat.

Pero de la afinidad política entre las derechas catalana y española se pasó en 2012 a la confrontación pura y dura cuando Rajoy se negó a negociar una salida a la crisis estatutaria desatada en 2010 por la sentencia del Tribunal Constitucional. CiU fraguó entonces la alianza soberanista con Esquerra Republicana y la CUP que abriría el proceso que llevó a la destitución y detención del gobierno catalán en 2017. Aquel brusco giro de CiU dio a Fernández Díaz la oportunidad de desmentir las viejas acusaciones de Vidal-Quadras y de mostrarse como el implacable adversario del nacionalismo catalán que las circunstancias requerían. Pero ya desde una posición mucho más ventajosa como ministro del Interior entre 2011 y 2016.

Las sorpresas comenzaron a llegar cuando se descubrió que entre los instrumentos para la lucha contra el independentismo, el PP contaba no solo con la acción de Gobierno, el debate político y la oposición parlamentaria, sino también con manejos bajo cuerda en condiciones de dudosa legalidad. El ministro catalán fue descubierto como un aficionado a las trampas, lo que por lo visto no consideraba contradictorio con su misa diaria y el activismo apostólico. La primera de las que salieron a la luz en 2016 fue su conspiración dos años antes con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, para fabricar escándalos de corrupción contra dirigentes de CDC y ERC que pronto quedaron en nada. De aquel episodio pasó a la pequeña historia la frase del ministro “esto la Fiscalía te lo afina”, como ejemplo del uso torticero de las instituciones del Estado.

La principal víctima de este tipo de actuaciones, sin embargo, no fue el proceso independentista en sí mismo, que siguió su curso político, sino la familia de Jordi Pujol. La actuación combinada de Jorge Moragas, jefe de gabinete del presidente Rajoy; del PP a través de su presidenta en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho; de una agencia de detectives privados y de los policías enviados por el ministerio, sacó a la luz una red de corrupciones creada a lo largo de dos décadas a la sombra del gobierno catalán que condujeron al procesamiento del propio Pujol y casi toda su familia, su ostracismo político y la disolución de su partido, Convergència Democràtica.

La batalla contra el independentismo no fue lo único que llevó a Fernández Díaz a crear una estructura policial secreta que actuaba sin mandato judicial. Lo que se conoció como policía patriótica. El descubrimiento de aquel entramado político-policial provocó la reprobación parlamentaria del ministro y su sustitución en 2016. Un año después, una comisión de investigación parlamentaria del Congreso de los Diputados concluyó que la policía, con el conocimiento del ministro Fernández Díaz, se había dedicado a obstaculizar la investigación judicial de los escándalos de corrupción que afectaban al PP. Y, al mismo tiempo, a perseguir a los partidos rivales con la fabricación de supuestos casos de corrupción. Fruto de esta actividad fueron las falsas acusaciones lanzadas contra Xavier Trias cuando era alcalde de Barcelona; contra Podemos en el llamado informe Pisa; y varias contra el PSOE.

Al final, la trayectoria del ministro catalán terminó sintetizando lo peor de la etapa Rajoy. Imputación penal por obstaculizar investigaciones judiciales sobre corrupción, exacerbación extrema del conflicto catalán, creación de grupos policiales clandestinos para perseguir ilegalmente a los partidos rivales... Una joya.