Otoño judicial en Cataluña: réplica del gran terremoto

Cataluña se agita, y hasta tiembla, con la llegada del otoño. Desde que el independentismo marca la agenda, es la estación en la que todo ocurre. La Diada del 11 de septiembre es el sismógrafo de lo que vendrá. El gran choque de placas se desató en el otoño de 2017: referéndum del 1-O y declaración de independencia que fue y no fue. Desde entonces, la respuesta de la justicia al procés ha provocado terremotos que sacuden la vida política catalana. Ninguno tan potente como el del año pasado, cuando en octubre se dieron a conocer las penas de prisión que el Tribunal Supremo impuso a los dirigentes secesionistas. El fallo provocó protestas en las calles con una violencia poco vista antes. Este otoño, la actividad judicial en torno al independentismo sigue viva. Pero parece que, más que un terremoto, se avecinan réplicas de menor poder destructivo.

El próximo 17 de septiembre, seis días después de una Diada atípica y disminuida por el coronavirus, el Supremo revisará el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia que el pasado diciembre lo condenó a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. Si el Supremo confirma ese fallo, en los días o semanas siguientes Torra deberá abandonar de forma inmediata el cargo. Está por ver si lo hace sin aspavientos y, también, si para entonces ya habrá fijado fecha para las próximas elecciones autonómicas, posibilidad que está sobre la mesa desde hace meses pero que él ha ido aplazando pese a las discrepancias, cada vez más evidentes, entre Junts per Catalunya y ERC.

Si la justicia le despoja de su condición de president, como es probable que ocurra —el propio Torra afirmó ante el juez: “Sí, desobedecí”—, el independentismo dispondrá de una nueva baza para alimentar a sus bases con el discurso de la “represión del Estado”. Es una incógnita, sin embargo, cuál será la respuesta ciudadana. No parece que vaya a ser explosiva ni masiva si se toma como referencia el juicio contra el president, que apenas atrajo a unas decenas de seguidores a las puertas del Palacio de Justicia. Ni siquiera la sentencia inicial del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) provocó reacciones en la calle.

Si su antecesor, Carles Puigdemont, organizó el 1-O y declaró la independencia (aunque fuera sin efectos), Torra se limitó a retirar un cartel de apoyo a los presos del procés del Palau de la Generalitat pese a las advertencias de la Junta Electoral. Un comportamiento mucho más prosaico que tal vez explica el escaso calor popular en torno al caso Torra.

Esa falta de entusiasmo alcanza a otro juicio por desobediencia pendiente de resolución. En julio, cuatro miembros de la Mesa del Parlament que avalaron la tramitación de las leyes de desconexión de 2017 (Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó) se sentaron en el banquillo por un delito que, como en el caso de Torra, no conlleva penas de cárcel, solo de inhabilitación.

Cargos de ERC

Si el juicio del procés, retransmitido en directo, fue seguido de forma masiva por el independentismo, el del Parlament fue un fracaso de audiencia que ilustra tanto la menor entidad de la vista como el desgaste del secesionismo y los efectos del coronavirus en la lista de prioridades.

Frente al protagonismo de Torra y Junts en el otoño judicial, aguardan su turno dos figuras de ERC que tuvieron un papel clave en el 1-O: Josep Maria Jové, hacedor del referéndum y mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras, y Lluís Salvador, que en 2017 ejercía como secretario de la Consejería de Hacienda. El pasado febrero, el TSJC les impuso una fianza de 4,5 millones y les procesó por delitos más graves que el del president (prevaricación, malversación, revelación de secretos), que podrían llevarles a la cárcel, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido a los líderes del procés en el Supremo.

Jové y Salvador son diputados y por eso les juzgará el TSJC en una fecha aún por determinar. Antes, fueron dos de los imputados en la macrocausa contra la consulta del 1-O, la que lideró el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Lo obtenido en esa investigación —por ejemplo, con los registros en sedes de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017— nutrió al Supremo de pruebas para condenar a los líderes independentistas. El proceso ha finalizado con una treintena larga de procesados pero está en letanía, a la espera de un juicio que no llega.

Aunque con menor incidencia en la movilización de las bases, los casos de corrupción siguen su curso. Este otoño, la Fiscalía dará a conocer qué penas de prisión pide para antiguos dirigentes de Convergència y el PDeCAT (como Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas) por cobrar comisiones a cambio de obra pública. El final de la instrucción del caso 3%, en julio, abrió una nueva brecha entre los socios. ERC exigió a la Generalitat que se personase como acusación en la causa. El Govern vaciló y alegó que los servicios jurídicos debían estudiar el caso, aunque al final Torra anunció que la Generalitat se personará y analizará si hubo perjuicio para el erario público. El juez del caso lo tiene claro: lo hubo.

El caso de Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, merece mención aparte. Investigada por adjudicar presuntamente contratos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes, dependiente de la Generalitat, debía declarar ante el Tribunal Supremo el 22 de julio por prevaricación, fraude, malversación y falsedad. Se acogió a su derecho a no hacerlo para “no colaborar con la injusticia”. Borràs dice que es víctima de “una trampa” y señala a las “cloacas del Estado”, pese a que algunos correos de la causa son explícitos y pese a que la investigación ha sido liderada no desde Madrid, sino por los Mossos. Lejos de hundir su imagen, la imputación le ha valido a Borràs el respaldo sin fisuras de parte del independentismo. Entre otros, del president Quim Torra, con este argumento: “Ningún independentista tendrá nunca un juicio en España. ¡Todo el apoyo, Laura Borràs!”