El Ayuntamiento de Barcelona reprueba el papel del Gobierno en la marcha de Juan Carlos I

Pleno extraordinario, breve (43 minutos) e inédito en agosto, este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona. Se ha celebrado a instancias de los partidos independentistas, ERC y Junts per Cataluña, sobre la monarquía, y ha obligado a la alcaldesa Ada Colau a posicionarse ante la propuesta de reprobar al Gobierno de Pedro Sánchez “por su colaboración necesaria en la salida del rey emérito” y a “reafirmar el derecho de autodeterminación de Cataluña”. El Gobierno de coalición entre los comunes y el PSC ha votado por separado, como tienen acordado hacer en cuestiones que no son de ciudad. Y la abstención del partido de Colau ha facilitado la aprobación de la proposición.

El texto, que socialistas, Ciudadanos y PP han rechazado, también acuerda “iniciar los trámites para retirar la Medalla de Oro de la ciudad a Juan Carlos I”, “constatar que la monarquía española es sucesora del régimen franquista”, instar al Gobierno y al Congreso a “investigar la corrupción de la monarquía” o “retirar los privilegios de los que goza Juan Carlos I y el aforo ante el Tribunal Supremo”. En número de votos, los independentistas impulsores del texto han sumado 15 favorables; PSC, Cs y los populares, 14 contrarios y las abstenciones de los comunes, 10.

En el resultado ha vuelto a ser decisivo el papel del ex primer ministro francés Manuel Valls, de Barcelona pel canvi. Esta vez el concejal y Eva Parera, la segunda edil de la formación, se han ausentado de un pleno, que desde que lo pidieron los republicanos y neoconvergentes han tachado de “ilegal”. Entienden que las resoluciones “son ilegales, todas”, y que “el Ayuntamiento no tiene competencias sobre las cuestiones que se votan”, en opinión de Parera. “El Pleno degrada la institución”, argumenta sobre su ausencia.

La alcaldesa Colau sí ha aplaudido el debate sobre “unos hechos muy graves”, ha recordado que su ejecutivo retiró en el pasado mandato el busto de Juan Carlos I del salón de plenos y cambió la denominación de la plaza que llevaba su nombre. La primera edil ha asegurado que su partido quería “votar a favor” del texto si se retiraba el punto de la reprobación al Gobierno y ha lamentado: “No ha sido posible visualizar un gran frente republicano”. “Hemos estado hablando con ustedes, pero no lo han hecho porque su principal objetivo era este”, ha lamentado. “Esto es una política partidista, de cortos vuelos, querían hacer campaña y desgastarnos. A veces parece que quieran hacer caer el Gobierno de izquierdas en España”, ha criticado y ha preguntado a los partidos independentistas si preferirían un Gobierno de derechas.

Por parte del PSC, el socio de Colau, Jaume Collboni ha tachado el debate de “revoltijo de propuestas que tienen como objetivo desgastar el Gobierno de España y que lo repruebe este plenario. Votaremos en contra y creo que los barceloneses tienen otras preocupaciones relacionadas con la crisis de la covid y la crisis económica”, ha lamentado y ha defendido que su partido “ha condenado cualquier comportamiento ilegal y ha pedido que la justicia actúe con todas las consecuencias, porque es obligación ser críticos y exigentes en coherencia con los principios de igualdad y separación de poderes”. “Pero esta no es una cuestión de una institución, sino de un comportamiento personal”, ha manifestado sobre la marcha del rey emérito.

El presidente del grupo municipal de ERC, Ernest Maragall, ha afirmado que “la huida del rey emérito es una proclamación de culpabilidad y el acompañamiento encubridor del Gobierno, una renuncia a los valores que dicen representar” y que “la monarquía, nos lo confirma Juan Carlos I se ha convertido en un parásito de la sociedad, ha vivido demasiados años de todos nosotros”.

Y la líder del grupo de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha afirmado que el rey emérito “no es digno de tener los honores de la ciudad de Barcelona” y ha denunciado “la actuación del gobierno español”. “Queremos denunciar que es colaborador necesario en la huida, aprovechando la crisis del Covid-19 y el mes de agosto pensando que no tendrían que dar explicaciones”, ha manifestado y ha recordado que los comunes forman parte del ejecutivo de Sánchez, aliado con Podemos. En respuesta a la intervención de la alcaldesa ha constatado que “Junts per Catalunya no tiene ningún interés en apalancar a este Gobierno que se dice progresista pero tiene presos políticos y que ayuda a huir al rey, no tenemos ningún interés en ayudar, como no tuvimos ningún interés en investir a este Gobierno”.

Luz Guilarte, de Ciudadanos, ha arremetido contra un pleno que ha asegurado que “ERC utiliza para que no se hable de su nefasta gestión de la pandemia, Junts per Catalunya para tapar la corrupción de su partido y los comunes su incapacidad para gobernar”. “Votaremos en contra de esta burda bufonada que intenta minar el Estado de Derecho”, ha argumentado y ha pedido tratar los problemas de los barceloneses.

Por parte del PP, Josep Bou ha considerado que el pleno extraordinario es una “pérdida de tiempo” y ha argumentado su no a la proposición: “La monarquía es Felipe VI, y Felipe VI no ha huido, y el rey emérito tampoco ha huido y se ha puesto a disposición de la justicia”. Bou ha asegurado que la proposición o es propia de un partido como Junts per Catalunya, “es propia de la CUP” y también ha pedido debatir sobre el estado de la ciudad y sus condiciones para afrontar la pandemia en materia de educación o economía. “A los autónomos, el turismo, los taxistas… les importa un pito todo esto [el texto de la proposición]. Hablemos de esto, señora Artadi”, ha pedido.

Además de la polémica en el propio pleno, su celebración también fue objeto de críticas desde que los independentistas lo propusieron. El grupo de Valls presentó un recurso a la alcaldesa pidiendo que no se celebrara el pleno, y Ciudadanos pidió al secretario municipal que reconsiderara la convocatoria por considerar algunos puntos del texto de “manifiesta inconstitucionalidad y extralimitación de las competencias municipales”. En su informe, el secretario avaló la convocatoria considerándola legal y valorando que la proposición es de “naturaleza política” y tiene interés ciudadano, aunque advirtió de la “eventual responsabilidad penal en que puedan incurrir las personas que hayan votado a favor cuando su contenido sea constitutivo de delito”.