El policía que multaba a los fruteros chinos

La temporada de juicios en la Audiencia de Barcelona arranca la semana que viene con el menú habitual. En sus salas amplias y mal ventiladas (mucho frío en invierno, demasiada calor en verano) se deciden las penas más severas. El primer plato del menú siempre es el dinero, y por eso llegan ante los magistrados incontables casos de estafas (a ancianos con patrimonio, entre empresas, piramidales) y decenas de asuntos de tráfico de drogas (del menudeo a la gran escala pasando por las asociaciones cannábicas). El segundo plato es el sexo y sus manifestaciones más aberrantes, y ahí se cuentan los juicios que cada semana se celebran sobre violaciones, redes de pederastia o los abusos del padrastro a la menor cuando la madre no está en casa.

En ocasiones, y fuera de menú, hay juicios que exploran otras pasiones humanas. Como el odio, y en particular el odio a los jefes, que tal vez movió el ánimo de Francisco Javier S. S., un agente de policía de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Un cartel naranja con dibujos un poco toscos de racimos de uvas, de fresas y de brócoli da la bienvenida a Zhang: la frutería, verdulería y “super mercat” que esta familia china regenta en la avenida Francesc Macià de Santa Coloma. La madre no habla demasiado castellano, así que cede la portavocía a la hija, que sí, que recuerda más o menos lo que pasó a primera hora de la tarde del 19 de diciembre de 2016.

“Entró y dijo que teníamos que pagar por ocupar la calle”, cuenta una víctima

“Entró y dijo que teníamos que pagar por ocupar la calle”, cuenta una víctima

“Entró un señor, dijo que era policía y que teníamos que pagar porque ocupábamos parte de la acera o algo así, y que eso no podía ser”, explica la joven, que prefiere que no figure su nombre. El policía entregó “un papel” y los Zhang pagaron. Confirma su relato el del fiscal, que añade en su escrito de acusación más detalles: resulta que Javier S. S. les comunicó que el importe de la multa por “ocupación de la vía pública” era de 50 euros, pero que podían disfrutar de une “bonificación por pronto pago” del 50%.

Los Zhang abonaron, en efectivo, los 25 euros que les pidió el agente. No supieron, hasta más tarde, que habían sufrido una estafa porque el policía en cuestión no tenía ninguna capacidad para cobrar ese tipo de multas sino que actuó por su cuento y riesgo, para sacarse un sobresueldo. Esa es al menos la tesis de la Fiscalía, que pide que sea condenado al pago de una multa de 1.800 euros por un delito leve continuado de estafa: la Audiencia de Barcelona juzga los crímenes más graves, pero también juzga a los policías que se sitúan fuera de la ley incluso por menor que sea su falta.

Seis meses antes, los jefes de Javier S. le habían retirado el arma reglamentaria

Los Zhang fueron las últimas víctimas del agente, que en ese mismo mes de diciembre de 2016 intentó cobrar multas otras dos veces, siempre en fruterías y siempre en locales regentados por extranjeros. En el primer caso, presentó el boletín oficial del Ayuntamiento de Santa Coloma con los 50 euros de multa, pero el propietario no pagó. En el segundo bajó su tarifa: habló con la mujer del dueño, le explicó que no tenían autorización para ocupar la vía pública y consiguió 20 euros.

La conducta abusiva del agente tuvo su origen, según el relato de la Fiscalía, unos meses antes. En junio, la jefatura de la policía local le retiró su arma reglamentaria y le apartó de sus funciones. Los jefes le destinaron al apasionante servicio de “notificaciones e informes”, en horario de 14 a 22 horas y vistiendo de paisano. El agente “se atribuyó públicamente facultades sancionadoras de las que carecía” y estafó a los propietarios mostrando “su placa identificativa y la emisora portátil policial”.

Consultado por este caso, el Ayuntamiento de Santa Coloma es más parco en palabras que la madre Zhang. No ha querido explicar si es parte en el proceso penal ni si conoció (y cuándo) la conducta de su agente. Tampoco aclara el consistorio qué motivo la retirada del arma reglamentaria del agente en 2016. El juicio, donde declararán las víctimas, el agente implicado y sus jefes, tal vez despejen la incógnita.