La pandemia golpea a los inquilinos más vulnerables

Inquilinos que han quedado en el paro, afectados por ERTE a consecuencia de la crisis económica, o personas a las que se les pretende subir el alquiler por finalización de contrato son los colectivos más vulnerables que están sufriendo los efectos derivados del coronavirus. La solución pasa por reducir la mensualidad o aplazar el pago hasta que remita la situación de precariedad, pero los propietarios no siempre aceptan esta solución pactada. Las medidas aprobadas por el Gobierno suponen solo un respiro a esa emergencia habitacional.

Las preocupaciones de Erik Escobedo llegaron cuando el virus irrumpió en España, en marzo. Un día antes de que se decretase el estado de alarma lo despidieron de un taller de reparación de automóviles. Sin poder buscar un nuevo trabajo por el confinamiento, se quedó en el paro. Escobedo, de 43 años, relata que tuvo que encontrar soluciones para pagar su vivienda en el barrio de Sant Andreu. Primero, con el visto bueno de su casero, alquiló un cuarto libre a una persona. Después, pidió un préstamo al Instituto de Crédito Oficial. Hasta enero, cuando venza, puede estar tranquilo. Pero en unos meses las inquietudes volverán si no consigue un empleo. “De aquí a diciembre espero encontrar algo”, cuenta.

El caso de Escobedo se repite. Cientos de inquilinos golpeados por la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas tienen problemas para afrontar el pago de los alquileres de sus viviendas. Los perfiles son variados: gente que perdió su trabajo, personas con Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hace meses, pero también ciudadanos a quienes se pretende aplicar un aumento del alquiler para renovar su contrato, pese a la pandemia.

Según las cifras del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona publicadas a finales de julio, el 57,6% de las familias que viven de alquiler ha sufrido un deterioro de su situación económica a causa del coronavirus.

Juan Rodríguez, de 45 años, tiene un restaurante en el barrio de Gràcia. Menciona que obtuvo una reducción de la mitad del alquiler del local, por dos meses, pero no consiguió lo mismo para el pago de su vivienda. “En mi piso me dijeron que no había posibilidad. Me dieron a entender que podía retrasarme con los depósitos, si quería, y luego ponerme al corriente”, detalla. Según el Observatorio, el 10,3% de los residentes del área metropolitana ha solicitado una reducción, el 5,8% una prórroga y el 6,5% ha recibido una oferta de disminución o aplazamiento sin solicitarlo. Estas negociaciones entre inquilinos y propietarios han tenido éxito en el 55% de los casos.

Algunos inquilinos han visto cómo se les subía el alquiler en plena crisis sanitaria. A Diana Virgós le llegó un burofax, en pleno estado de alarma, con un aviso de que le aumentarían el precio de su hogar en el barrio del Raval de Barcelona. Su contrato vence a finales de agosto. De 27 años, dice que pudo solicitar la prórroga extraordinaria, por un periodo de seis meses con las mismas condiciones, debido a la extensión de las medidas aprobadas por el Gobierno. Asegura que el edificio donde reside lo ha comprado un fondo buitre y que algunos vecinos se han organizado para no firmar “cláusulas abusivas”. “De momento, me ha dado un respiro”, remarca.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Jaime Palomera, considera un caso de éxito la reducción, y no solo un aplazamiento, de los pagos. Señala que, antes de la pandemia, recibían consultas relacionadas con subidas de los alquileres o sobre arrendadores que no querían realizar reparaciones en los hogares. “La diferencia es que si hasta el estallido de la crisis el problema eran las subidas, ahora es que los precios se mantengan tan altos”, comenta. El sindicato advierte de que se siguen recibiendo avisos de aumentos en los contratos. “Hay un deterioro de una situación que ya era grave, de emergencia habitacional”, asegura.

El alquiler medio juvenil es de 1.100 euros

El coste medio de alquilar en solitario para los jóvenes catalanes se sitúa en más de 1.100 euros, cifra que representa tener que destinar el 110% de su sueldo, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE). Los elevados precios en Barcelona disparan este coste medio para los catalanes de 16 a 29 años, aunque son los que más se emancipan a nivel español debido a una mayor participación en el mercado laboral y oferta de viviendas disponibles, según el presidente del CJE, Manuel Ramos. En Cataluña, el 22,6% de los jóvenes se han independizado, básicamente compartiendo piso: es la tasa más alta por comunidades, y también superior a la media estatal (18,7%).