La trama del 3% adjudicó obras de forma fraudulenta por 227 millones

Mientras el Govern trata de averiguar si el caso 3% ha causado algún daño al patrimonio de la Generalitat, el juez que ha finalizado la investigación lo tiene claro: el amaño de adjudicaciones para beneficiar a empresas donantes de Convergència (CDC) supuso no solo un “grave descrédito” para la administración catalana, sino también un “perjuicio para el erario público de millones de euros”. Aunque ese daño no se ha cuantificado, hay un dato elocuente: hasta 2015, la trama del 3% adjudicó de forma irregular, desde la Generalitat y los ayuntamientos controlados por el partido, 31 obras públicas por 227 millones.

Los 227 millones dan una idea de lo sistemático que fue el pago de mordidas y de lo sostenido que fue en el tiempo. Las adjudicaciones bajo sospecha, que involucran a decenas de instituciones (locales y autonómicas) en Cataluña se sitúan entre 2009 y 2015. Es una etapa de éxito político para Convergència, que regresa al Palau de la Generalitat en 2010 tras la travesía del desierto que supuso el tripartito de izquierdas. El partido controla entonces un buen número de ayuntamientos a los que suma, en 2011, el de Barcelona gracias al triunfo de Xavier Trias.

Cuando llega al poder, Artur Mas otorga al gerente del partido y hombre de su máxima confianza, Germà Gordó, plenos poderes para controlar la obra pública como secretario del Govern. Gordó es el dirigente de más nivel de los que han sido procesados en la causa abierta por la Audiencia Nacional, que está a un paso de llegar a juicio. Un total de 32 personas —empresarios, cargos públicos y cuatro exresponsables de CDC— están próximos a sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción. Entre ellos, el de malversación de caudales públicos, pese a lo afirmado en sentido contrario por la portavoz del Govern, Meritxell Budó, al referirse a la hipotética personación de la Generalitat en la causa.

Esquerra Republicana lleva días presionando para que el ejecutivo autonómico —del que forma parte— sea acusación en el juicio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no lo descarta, pero pone condiciones: solo lo hará si se detectan “perjuicios económicos”. Torra ha ordenado a los servicios jurídicos examinar si es así, aunque de la lectura del auto dictado hace unos días por el magistrado José de la Mata se desprende sin ninguna duda —al menos de forma provisional— que así fue.

Torra promete actuar en caso 3% si Generalitat tuvo perjuicio

Poderío convergente

Convergència recuperó en 2010 el timón de la Generalitat, y con él, el de los organismos que contratan obra pública; en especial, el gigante Infraestructures.cat. Las dos personas que dirigieron el ente en esa época (Josep Antoni Rosell y Joan Lluís Quer) están procesadas. Lo mismo que Antoni Vives, concejal de Urbanismo con Trias y que pasó a ser responsable de Bimsa, el equivalente de Infraestructures.cat pero en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona. La reforma de la plaza de les Glòries (65 millones), aún inacabada, es uno de los puntales de la investigación.

Las obras bajo sospecha involucran a otras entidades como la Autoridad Portuaria de Barcelona, que por su naturaleza adjudica obras de gran cuantía. Las dos que presuntamente se manipularon fueron las del dique este (39 millones) y los accesos a la ampliación sur del puerto de Barcelona (10 millones). También hay ayuntamientos —Olot, Sant Fruitós de Bages, Lloret, Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat o Tona—, el Consorcio de Educación de Barcelona, la Diputación de Barcelona e incluso el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, donde se forman los aspirantes a <CF1001>mosso d’esquadra<CF1000>. </CF></CF>Las obras son de toda índole: la reforma de la plaza de las Glòries, el dique este del puerto, la nueva estación del AVE en Girona, la ampliación de una línea de Ferrocarrils, un ambulatorio en Mataró, el mantenimiento de escuelas o proyectos de urbanismo y reformas en carreteras y edificios públicos.

Los responsables de Convergència “vendían influencias” sobre la adjudicación de esos contratos a los empresarios que deseaban ganar los concursos. A cambio de esa influencia —real en muchos casos, simulada en otros—, las empresas hacían donaciones a las fundaciones afines al partido, que es lo mismo que decir al partido porque compartían la misma caja. Gordó y los tesoreros estaban al tanto de las adjudicaciones, presionaban a los directores generales o alcaldes de turno y se reunían con los empresarios para hacerles ver que su generosa aportación era necesaria.

El juez ha concluido que 31 adjudicaciones están viciadas porque se alteraron para beneficiar a tal o cual empresario amigo. El 3% es el importe que, presuntamente, iba a parar a Convergència, aunque ese porcentaje debe tomarse más como una referencia. A veces la coincidencia es total, tanto en cifras como en fechas. En otros casos, los pagos servían para mantener una relación “privilegiada”, dice el juez, con Convergència, y seguir en la partida.

”Perjuicio público”

Las adjudicaciones iban a parar a los afines y no necesariamente a los mejores gracias a un sistema que primaba las valoraciones técnicas, más subjetivas y fáciles de manipular. De ese modo, es probable que la mejor oferta económica quedase fuera, lo que supone un sobrecoste para la administración. De ahí el daño patrimonial. El juez señala que “se alteraron las reglas de la competencia en perjuicio de los recursos públicos”. Las empresas donantes, concluye de forma muy gráfica, concurrían “dopadas” al juego.