La Generalitat investiga a Nissan por vulnerar derechos laborales durante la crisis sanitaria

La Generalitat y los representantes de los trabajadores de Nissan quieren forzar un cambio de rumbo que evite el cierre de la factoría de la Zona Franca de la automovilística y, por arrastre, del resto de industrias que la abastecen. En juego están 3.200 empleos directos, que podrían ascender hasta 4.000 según la Generalitat. Sin embargo, la onda expansiva del cierre podría alcanzar a un total de 20.000 puestos. El consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, ha explicado que hay dos expedientes laborales abiertos contra la empresa y una inminente demanda en el Juzgado Social. El motivo: haberse aprovechado, presuntamente, de manera ilegítima de las causas de fuerza mayor de la covid-19 para despedir a los empleados tras una huelga para paralizar la producción. “Vamos a investigar hasta el fondo las supuestas irregularidades de la empresa”, advirtió el consejero, antes de anunciar “posibles consecuencias de cara el futuro”.

Tras una reunión mantenida este viernes para estudiar estrategias que puedan convencer de la viabilidad de la fábrica catalana a los directivos de la compañía japonesa, El Homrani admitió que existen “motivos para la preocupación”. Pese a la crudeza del escenario, el conseller negó contemplar ninguna alternativa a la marcha de Nissan porque, alegó, tener un plan B “debilita”. En su comparecencia, el consejero adoptó un tono duro contra la dirección de Nissan, a la que señaló por entorpecer el derecho a la huelga de los trabajadores.

Pese al tono, la Generalitat dice estar abierta a mediar. La consejería de Empresa y el ministerio de Industria han trabajado conjuntamente en un dossier que busca ratificar, a ojos de los directivos de la compañía, la viabilidad de la factoría de Nissan en Barcelona. Desde Japón no hay confirmación oficial alguna, y el destino de la planta catalana se fía a una comparecencia de la cúpula directiva fijada para el próximo 28 de mayo.

La inestabilidad anida desde hace meses en la fábrica de Nissan en Barcelona. Justo se ha cumplido un año del último gran recorte de personal, 600 empleados, un sacrificio que tenía que servir como gesto a cambio de una inversión de la compañía para otorgar a la planta nuevos proyectos mandados desde Japón. Pero los encargos no han llegado y, temiendo lo que se les echaba encima, a primeros de mayo los trabajadores se coordinaron para protestar paralizando las líneas de producción. La filtración, este jueves, al diario japonés NIkkei, de los planes de la compañía para cerrar la fábrica de Barcelona, confirmó los peores augurios.

El gigante automovilístico que supone la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi concentra uno de cada nueve coches que se venden en el mercado, pese a los cual, sufrió pérdidas por valor de 800 millones de euros en el último ejercicio. De ahí la voluntad de reducir la producción un 20% hasta 2023 y recortar los costes fijos en unos 2.600 millones de euros anuales, según el plan de reestructuración avanzado por el diario japonés. Nissan se replegaría en Europa, donde dejaría pista libre a Renault, para centrarse en Japón, China y Estados Unidos, donde concentra el 70% del negocio. En ese contexto, la cuota de 50.000 vehículos que se ensamblan en Cataluña se deslocalizaría a plantas francesas, que en los últimos años ya han absorbido modelos que se fabricaban en Barcelona, como la furgoneta NV200 de combustión.

Con una carga de trabajo inferior al 30% —basada en la NV200 eléctrica y rancheras para Nissan, Renault y Mercedes—, el desmantelamiento de Barcelona sería mucho más sencillo que el de la planta de Nissan en Reino Unido, donde se producen dos modelos con buena acogida en Europa, el Juke y el Qashqai. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apuntó no tener confirmación de la marcha de Nissan y anunció que es menester “ir todos juntos para hacer que Nissan se quede”.