La campaña de la fruta se queda sin el 25% de los temporeros que precisa

La cosecha de la cereza inaugura estos días una temporada de la fruta marcada por las dificultades para encontrar mano de obra. Las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus dejará el campo sin los temporeros necesarios. Unió de Pagesos estima que faltará un 25% de los cerca de 40.000 trabajadores requeridos en Cataluña. De entre el 25% y el 30% es también el aumento previsto en los costes de explotación derivados de los gastos de transporte, alojamiento y material sanitario para cumplir con las normas de seguridad.

La excepcionalidad de esta campaña llevó a Gobiernos y a organizaciones agrícolas a abrir bolsas de trabajo especiales, incluso para reclutar mano de obra española sin experiencia que pudiera suplir a los temporeros que se han quedado en el extranjero. Eduardo López, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), asegura que el reclutamiento de parados y estudiantes españoles será finalmente “residual”. Jaume Pedrós, de Unió de Pagesos, estima que los ciudadanos españoles podrían alcanzar el 25% de la masa laboral.

Un total de 16.000 personas se han registrado en Unió de Pagesos para trabajar en el campo esta primavera. Pedrós explica que la mitad de estas personas no son aptas para ser contratadas porque son extranjeros en situación irregular o individuos que no están desempleados sino afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “También hay mucha gente de la región de Barcelona que ha rechazado el puesto al saber que debían dejar su casa para alojarse en el municipio de trabajo”, dice Pedrós. El Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) abrió una bolsa de trabajo para la campaña agraria en la que se han inscrito 6.665 personas, el 70% de las cuales son personas sin experiencia en el sector, mayoritariamente del área metropolitana de Barcelona.

La fase previa de aclareo de los árboles se ha podido realizar con trabajadores empadronados en los municipios. Unió de Pagesos calcula que a partir de la cosecha, un 25% de los empleos los cubrirán temporeros procedentes de otras comunidades autónomas —el desplazamiento es posible con el contrato ya firmado— y otro 25%, familiares y conocidos del agricultor. COAG valora que el Gobierno central haya autorizado que los parados puedan mantener el subsidio de desempleo y ser contratados para tareas agrarias hasta junio. “Esto permite que mucha gente con experiencia radicada en Andalucía, por ejemplo, extranjeros o nacionales, se desplace a trabajar a Cataluña y a Aragón”, dice López.

La recolección de la cereza empezó este sábado en los campos que Oriol Teixidó tiene en Serós (Lleida). De los 60 peones que ha contratado, un 20% son vecinos del pueblo o amigos suyos desempleados. Teixidó cree que ha tenido suerte porque muchos de los fichados tienen su domicilio en la zona y el número de personas que debe alojar en sus apartamentos es más reducido comparado con otros agricultores. Las medidas de prevención sanitaria obligan a ampliar el espacio por residente en los alojamientos habilitados durante la cosecha. Teixidó sí debe asumir un incremento en el número de traslados —los trabajadores solo puedan ocupar dos o tres plazas del vehículo, según si es un turismo o una furgoneta— y el gasto en material sanitario. Pedrós añade que la formación del personal sin experiencia es otro coste a tener en cuenta. El gasto para la campaña aumentará un 25%, según el representante de Unió de Pagesos.

Óscar Moret, responsable de fruta de COAG en Aragón, establece en un 30% el aumento de los costes de explotación y en un 30% la falta de mano de obra. Desde Fraga, en la frontera con Cataluña, Moret afirma que un 83% de las personas que han solicitado trabajo en la COAG de Aragón son inmigrantes sin papeles. Según Afrucat, la patronal del sector de la fruta catalana, el 80% de los temporeros son de nacionalidad extranjera y el 75% proceden de fuera de España. Afrucat aseguró en un comunicado que existía el riesgo de que un 60% de los empleos quedaran vacantes, y que la manera de solventar el problema era regularizando a miles de extranjeros.

Teixidó explica que las grandes empresas, como los socios de Afrucat, afrontan un mayor reto porque requieren de mucha más fuerza laboral, trabajadores que en gran parte son contratados en contingentes en su país de origen, sobre todo en la Europa del Este. “El pequeño agricultor establece una relación de mayor confianza con el temporero, con gente que vuelve año tras año”, dice Teixidó, “y las grandes explotaciones pueden alojar a los empleados en naves o barracones, más aglomerados, y esto ahora será más difícil”.

“Si este año va mal, cerramos todos”

Oriol Teixidó tiene unas 50 hectáreas de árboles frutales. En 2019 arrancó 15 hectáreas de melocotoneros. Aceptó la subvención de 5.000 euros por hectárea que le ofrecía la Generalitat para reducir la oferta de melocotón con el objetivo de estabilizar su precio. “Si este año va mal, cerramos todos. Llevamos cuatro años con precios que no dan ni para vivir”, dice Teixidó. “Si no podemos cosechar lo suficiente para cubrir el aumento de gastos, muchas explotaciones familiares desaparecerán”, avisa Óscar Moret, de COAG. Ambos denuncian que los precios de compra que establecen los intermediarios y las grandes superficies son letales para el pequeño agricultor.