Crisis coronavirus

El coronavirus amenaza la continuidad de 9.500 trabajadores con discapacidad intelectual

Ammfeina y Dincat exigen al Govern que mantenga las subvenciones salariales y pague los importes pendientes para garantizar la viabilidad de las entidades

La Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (Dincat) recauda fondos para comprar material y frenar contagios de Covid-19.
La Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (Dincat) recauda fondos para comprar material y frenar contagios de Covid-19. / Europa Press

El impacto de la pandemia sobre el mercado del trabajo también golpea a las empresas que dan trabajo a personas con discapacidades intelectuales o trastornos mentales. Casi dos tercios de estos Centros Especiales de Trabajo (CET) han visto como su actividad ha caído por debajo del 25%. Aunque la mayoría ha tomado medidas para evitar tener que presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), las entidades avisan que sin apoyo de la administración no conseguirán ser viables, con el riesgo de dejar sin empleo a 9.500 trabajadores con discapacidad intelectual o trastorno mental. Las asociaciones Ammfeina y Dincat han lanzado este martes un grito de alerta ante la posibilidad de que se recorten las subvenciones con las que afrontan el pago de las nóminas. En un comunicado conjunto, piden a la Generalitat que garantice estas ayudas y que abone los importes impagados.

En Cataluña hay más de 16.000 personas con discapacidad que trabajan en 205 centros especiales de trabajo. Ammfeina y Dincat representan a las empresas que emplean esencialmente a personas con discapacidad intelectual o trastornos mentales, un conjunto de 9.500 personas. El sector lleva tiempo reclamando mejoras en las subvenciones públicas que reciben, que en Cataluña están congeladas desde hace 10 años. Pero con la crisis derivada del coronavirus han elevado la alerta, al ver peligrar incluso el cobro de estas subvenciones.

El Ministerio de Trabajo comunicó en la última conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales que se recortaría a las comunidades la partida para políticas activas de empleo, con el objetivo de reforzar el pago de prestaciones por desempleo tras la alta demanda por la avalancha de ERTE. El recorte a la Generalitat fue del 55%, es decir, 215 millones de euros. El Govern tiene que repartir el resto entre políticas de formación y subvenciones salariales.

“No entendemos por qué se han recortado las políticas activas de ocupación, pero esto no tiene que implicar que se afecte a las subvenciones salariales”, explica Carles Campuzano, director de Dincat, que destaca el esfuerzo de las entidades para buscar alternativas a los ERTE y conservar los puestos de trabajo. “Pedimos a la Generalitat que cumpla su promesa de mantener las subvenciones. Si lo conseguimos, el sector se esforzará para mantener los puestos de trabajo, pero si las subvenciones caen el sector puede entrar en barrena”, añade. Las asociaciones también insisten en que la subvención salarial, que costea el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI), es insuficiente después de que el Gobierno lo haya incrementado.

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