La fiscalía investiga una decena de residencias por el elevado número de fallecimientos

La Fiscalía Superior de Cataluña está investigando una decena de residencias de personas mayores por la vía penal por el elevado número de ancianos fallecidos en ellas por coronavirus y no descarta que el número de centros investigados aumente en las próximas semanas. Entre la decena de centros investigados se incluyen la Fundación Privada Consorts Guasch de Capellades (Barcelona) y la Santa Oliva de Olesa de Montserrat (Barcelona) que ya ordenó investigar la pasada semana a instancias de la Fiscalía General del Estado. Ahora, la fiscalía ha decidido ampliar la investigación hasta un total de diez después de recibir diversos atestados e informes que podrían indicar que habría ancianos en malas condiciones de salubridad que fallecieron por la Covid-19.

En relación con el alto número de muertes desde que estalló la crisis en los geriátricos, que se sitúan en 634 según las últimas cifras oficiales, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, sostuvo ayer, en una rueda de prensa telemática, que en Cataluña hay 64.000 personas en las residencias de la tercera edad, con una media de 84 años y un 90% de ellos con patologías importantes. “Eso hace que el Covid haga mucho daño en esos ámbitos”, aseguró para añadir que cada año fallecen en los 1.073 centros unos 11.500 ancianos. El consejero quiso matizar que en el caso de la pandemia conocer la cifra de los que no mueren en los hospitales afectados por el coronavirus es compleja porque la causa de la muerte tiene que estar certificada: “se tienen que verificar todos los datos”.

Homrani intentó ayer, en su primera comparecencia tras superar el coronavirus, salir al paso de las críticas que ha recibido el área de gestión que dirige, incluso reconocida por el president, Quim Torra. Las quejas por la falta de control de los contagios de internados en las residencias y la atención sanitaria se han sucedido por toda Cataluña, muchas de ellas denunciadas por los ayuntamientos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió el viernes pasado un traslado masivo de residentes a espacios que cedía el consistorio por estar convencida de que el número de contagios en los centros de Barcelona pueden muchos más que los que baraja la Generalitat. Ayer, era el Ayuntamiento de Vilanova del Camí quien advertía que denunciaría a la fiscalía la actuación de la residencia Amavir, a tenor de los hechos que manifiestan las propias trabajadoras. Esta semana, también, Candela López, primer teniente de alcalde de Castelldefels (PSC), lamentaba que Salud no aprobara el traslado de residentes de 16 centros de esa localidad -la mayoría privados- no enfermos o con síntomas leves a un hotel para evitar contagios. La respuesta de Salud fue que no era una de las decisiones prioritarias en este momento.

Homrani explicó ayer que partir de este lunes empezarán a evaluar las solicitudes que han presentado 220 familias para poder trasladar temporalmente a internados en las residencias a sus casas. Las peticiones se registraron desde que empezó la crisis del coronavirus al tiempo que trascendió la frágil situación de decenas de residencias. El consejero dijo que su departamento y el de Salud emitirán una orden conjunta para “hacer posible el retorno de personas que viven en residencias y no tienen síntomas del Covi19”. Ese retorno será “voluntario y temporal” y deberá ser autorizado por los responsables de cada centro con el compromiso de que las personas pasen 14 días en aislamiento. Las plazas se reservarán hasta que se reintegren en los centros y durante ese tiempo no cobrarán las cuotas. En relación a la falta de personal en los geriátricos, aseguró que se ha generado una bolsa de trabajo de profesionales sociosanitarios de 838 personas inscritas en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), y 141 profesionales más que prestan atención domiciliaria. "Aprovecho para hacer un llamamiento a todo aquel que quiera y pueda trabajar en el ámbito residencial: que se apunte en esta bolsa de trabajo, tanto desde el punto de vista asistencial y sanitario como de cocinas o lavandería”.