Inviolable

El coronavirus ha irrumpido en nuestras vidas de tal modo que ha dejado en un olvido provisional todas las noticias que hace 15 días parecían importantísimas. Las noticias sobre Corinna zu Sayn-Wittgenstein parecía que eran de relevancia definitiva. No todos los días la fiscalía de Ginebra investiga un presunto asunto de blanqueo de capitales relacionado con un rey. No todos los días la realidad confirma los rumores históricos de forma tan clamorosa. No todos los días aparecen en un mismo relato, con tintes de sainete, finanzas regias, espías oficiales, el inefable y temible excomisario Villarejo y la examiga entrañable (suponemos que exentrañable) de un exmonarca exinviolable.

Ya ha habido quien plantea cuestiones relacionadas con el presunto blanqueo, su entidad jurídico-penal, y en el supuesto de que constituyera delito, su autoría. Y, necesariamente, esta cuestión lleva a otra: la eventual e hipotética posibilidad de que en España se haga lo que ya se ha iniciado en Ginebra.

La primera duda se plantea porque las Constituciones de las democracias monárquicas europeas siempre recogen el criterio histórico de la inviolabilidad del monarca, pero siempre lo hacen añadiendo que los actos del rey deben estar refrendados por el gobierno. Así está establecido en la Constitución belga, holandesa y sueca. Y la danesa, además, todavía habla de la sagrada persona del rey. En España todas las Constituciones monárquicas del siglo XIX mantenían similar fórmula de irresponsabilidad del rey. Y Franco, enemigo de las Constituciones, se autoproclamó responsable únicamente “ante Dios y ante la historia”. Son los restos, más o menos descarnados, de una institución de la Edad Media.

En Francia hace tiempo que acabaron con ese vestigio medieval, inaugurando una nueva era histórica en la que los jefes del Estado no eran sagrados e inviolables. El Presidente de la República francés no puede ser acusado durante su mandato, quedando suspendidos todos los plazos de prescripción, de modo que los procedimientos contra él podrán reanudarse o iniciarse un mes después del cese de sus funciones. En Alemania la Ley Fundamental establece que la Cámaras legislativas pueden acusar al Presidente Federal ante la Corte Constitucional Federal no solo por violación de la norma constitucional sino también de cualquier otra ley federal. Incluso está previsto el cese cautelar desde que se presente la acusación. En Italia el Presidente de la República no es responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por cualesquiera otros actos responde ante el Tribunal Constitucional junto con un jurado. En Portugal el Presidente de la República responde por sus actos realizados en el ejercicio de sus funciones, ante el Tribunal Supremo, y por los delitos ajenos a sus funciones responderá ante los tribunales ordinarios al término de su mandato. En la Constitución republicana española de 1931 el Presidente de la República podía ser acusado por el Congreso ante el Tribunal Constitucional, y si este admitía la acusación el Presidente era cesado.

En España, hoy, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados por los representantes políticos correspondientes. Todavía hay quienes pretenden minimizar las diferencias entre la jefatura del Estado monárquica y republicana. Pero, evidentemente, esa diferencia es diametral. Un jefe del Estado republicano es un ciudadano responsable ante sus conciudadanos cuando deja el cargo, y en algunos países incluso durante su mandato. Un jefe del Estado monárquico no es un ciudadano, es soberano, es irresponsable y además su cargo es vitalicio.

Por eso en España el problema se planteó con la abdicación. Al día siguiente Juan Carlos de Borbón no era rey, ya no era inviolable, y había actos privados realizados durante su mandato, y otros posteriores, que estaban bajo sospecha en los rumores de la corte, y más tarde también han resultado sospechosos en Ginebra. El gobierno de Rajoy se apresuró a atender al rey emérito en peligro, modificando la ley en menos de un mes, dándole al soberano emérito y a su mujer un fuero especial ante el Tribunal Supremo. Tener este fuero no quiere decir que sea inviolable, pero parece que le arropa bastante frente a las sospechas de finanzas blanqueadoras que, según Corinna, realizó tras la abdicación. Pero, ¿y los actos privados similares, sin refrendo político, realizados durante su mandato? Pues muy sencillo, o interpretamos que no son actos propios de un rey sino de un financiero privado con más o menos escrúpulos, de los que sería plenamente responsable, o nos resignamos a tener una Constitución con un último rescoldo medieval, que algún día habrá que apagar.

José María Mena fue fiscal jefe del TSJC.