Las entidades piden a Torra que defiendan la ley de vivienda

PSC, Cs y PP advierten de posibles recursos tras la aprobación del decreto

Agencias

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades promotoras de la ley de emergencia habitacional y contra la pobreza emergética, la 24/2015, pidieron ayer al Govern que garantice el cumplimiento de la norma, después de que la judicatura mostrara sus objeciones respecto al alcance del texto. El Parlament aprobó ayer una modificación de uno de los decretos, que establece las condiciones para ser declarado gran tenedor de vivienda y por tanto estar obligado a ofrecer un alquiler social si se quiere ejecutar el desahucio.

Las entidades pidieron una reunión de urgencia con el ‘president’ Quim Torra y los consejeros Damià Calvet y Ester Capella para pactar cómo hacer efectiva la ley y los decretos posteriores. La propia Capella, titular de Justicia, explicó el pasado martes que Capella el Govern prevé “blindar” para que los jueces no tengan “excusa posible”.

Las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona concluyeron el pasado viernes que la norma vigente no habilita a los jueces a paralizar un desahucio. El retoque en el decreto que se aprobó ayer recibió los votos en contra de los socialistas, Ciudadanos y el PP. Define una “vivienda vacía” como la que “queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un periodo de más de dos años”.

De acuerdo con la norma, los grandes tenedores —más de quince viviendas— tienen que ofrecer un alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad acreditada aunque presenten su caso en los juzgados. Si esto no ocurre, los propietarios se pueden ver abocados a multas.

Calvet aseguró que el nuevo texto aumenta la “cobertura a familias en situación de vulnerabilidad acreditada”. El PSC, Cs y PP recordaron que el Consejo de Garantías Estatutarias consideraron no ajustado a ley la norma. Las tres formaciones han augurado que habrá recursos contra el texto ante el Tribunal Constitucional.

En paralelo al debate sobre el decreto de la vivienda, el Parlament también fue un foco de polémica por las ayudas al alquiler. El grupo socialista acusó al Govern de dejar sin ayudas al alquiler a cerca de 20.000 catalanes tras haber cambiado los criterios para conceder las subvenciones. El consejero Calvet respondió que la reducción de las ayudas no es responsabilidad del Govern, sino que radica en la reducción de los fondos para ayudas que ha experimentado el Plan de Vivienda estatal. Calvet añadió que, tras modificarse el objetivo de déficit para las autonomías este año, la Generalitat podrá dedicar 26 millones de euros más en políticas de vivienda, entre ellas las ayudas al alquiler.


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