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La gratuidad del transporte público a menores de 14 enfrenta al Gobierno central con la Junta

El ministro de Transportes cancela la ayuda después de que la consejera de Fomento anunciara como propia una medida sufragada por el Estado, una apropiación que se ha repetido en otras iniciativas, denuncian fuentes gubernamentales

Óscar Puente y Rocío Día
Eva Saiz

En anuncio de la gratuidad del transporte público para los andaluces menores de 14 años realizado este lunes por la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, ha reavivado el malestar por parte del Gobierno central sobre el origen de la financiación de iniciativas presentadas por la Junta de Andalucía, hasta el punto de que el Ministerio de Transportes ha informado a la Junta de que cancela esa subvención al haber incumplido la normativa que exige que se haga constar expresamente los descuentos abonados exclusivamente por el Estado, como es el caso. Un desencuentro que tuvo en las inversiones de las administraciones en la promoción de viviendas asequibles -donde en la mayoría de las promociones el Ejecutivo regional hace de canalizador de fondos provenientes de Europa- uno de los principales puntos de fricción, pero que, de acuerdo con el Ejecutivo central, no termina aquí.

En el caso de las bonificaciones al transporte público, la consejera andaluza informó este lunes, durante un foro organizado por el diario Ideal en Granada, que “a partir del 1 de julio los transportes metropolitanos serán gratuitos con el uso de la tarjeta joven y además vamos a seguir aplicando las bonificaciones adicionales que serán del 40%, como saben ustedes el 20% corre a cargo del Gobierno y el otro 20% corre a cargo de la Junta de Andalucía”. Las palabras de Díaz tuvieron respuesta del titular de Ministerio de Transportes, Óscar Puente, a través de un rotundo mensaje en X: “La consejera de Andalucía siguiendo la estela de Ayuso y anunciando una bonificación que paga el gobierno de España. Procederemos a requerirla y de persistir en el incumplimiento de la Ley, la aplicaremos con las consiguientes consecuencias para la Junta de Andalucía”.

Un día después, el director general de Estrategias de Movilidad del ministerio ha remitido una carta a la consejera en la que le informa de la “imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por esa administración, en lo referente a la gratuidad infantil” del transporte metropolitano, por haber vulnerado el Real Decreto Ley 1/2025 en el que se subraya, en su artículo 14, la obligación de “hacer llegar al usuario de los servicios de transporte información de que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio”. “Esta obligación de comunicación y visibilidad no se ha incorporado en la información facilitada en tu comparecencia, lo que supone una falta a la deseable lealtad institucional entre las administraciones prevista en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al que expresamente hace referencia el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero”, dice la misiva del ministerio, en alusión no solo a sus declaraciones en el foro, sino a la nota informativa publicada en la página web de la Consejería en la que no se menciona que la medida esté sufragrada por el Gobierno,

Aunque, en un primer momento, fuentes de la Consejería de Fomento habían insistido en que su titular sí aludió a la aportación del ministerio en su comparencia, el hecho es que en su intervención solo mencionó la participación del 20% Ejecutivo central al 20% para las bonificaciones del total del 40% para los títulos multiviaje y abonos del transporte público local y autonómico. Díaz ha reaccionado a la decisión del ministerio de cancelar la ayuda solicitada anunciando el estudio de acciones penales contra el ministro: “El Gobierno de España ha traspasado todos los límites, quitando a Andalucía las bonificaciones al transporte público. Es un ataque desproporcionado a los jóvenes andaluces que no vamos a consentir. Andalucía debe ser respetada e iniciaremos todo tipo de acciones, incluidas las penales contra el ministro, por una decisión injusta, arbitraria y caprichosa”, ha dicho la consejera.

“Al menos en esta ocasión sí ha reconocido que se trata de ayudas estatales”, indican fuentes del Ministerio tras ser preguntadas por la respuesta de la Junta. La medida de la gratuidad del transporte metropolitano a los menores de 15 años forma parte de un paquete de ayudas que el Ministerio de Transportes anunció el 13 de marzo de este año por el que se activan 355 millones de euros para subvencionar el transporte público gratuito a los menores de 15 años, la rebaja de un 50% para jóvenes y los descuentos del 40% (del que un 20% debía ser sufragado por las comunidades autónomas), unos fondos que pueden ser solicitados por las administraciones regionales y ayuntamientos hasta el próximo 30 de abril y que la Junta de Andalucía, según confirman fuentes de Transporte, ya había solicitado.

En su tuit, Puente hacía referencia a cuando, a finales del pasado mes de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un anuncio sobre la gratuidad del transporte metropolitano para los menores de 14 años en términos similares a los que este lunes hizo la consejera andaluza de Fomento. En el caso de Madrid no se ha suspendido la ayuda, como sí ha pasado con Andalucía. “El incumplimiento en el caso de esta comunidad ha sido flagrante”, indican las fuentes consultadas, que precisan que cuando Ayuso hizo su anuncio, aún no había solicitado esas ayudas, a diferencia de la Junta.

“Es sorprendente y de vergüenza hasta dónde es capaz de llegar la Junta de Andalucía para apropiarse de medidas y actuaciones que está impulsando el Gobierno de España en Andalucía y que benefician directamente a millones de personas. La consejera de Fomento ha presentado como propia las rebajas al transporte público que financia el Gobierno de España”, sostuvo el lunes el delegado del Gobierno, Pedro González. Por parte de la Consejería de Fomento, las fuentes consultadas inciden en que su titular sí aludió a la aportación del ministerio. En su intervención solo mencionó la aportación del Ejecutivo central al 20%, para las bonificaciones del total del 40% para los títulos multiviaje y abonos del transporte público local y autonómico.

“No es un hecho puntual”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante la presentación de la campaña Corresponsables, el pasado 24 de marzo. / JUNTA DE ANDALUCÍA

“No es un hecho puntual o un despiste”, advirtió el delegado del Gobierno. “Es una muestra más de la deslealtad institucional del PP y la Junta de Andalucía, que busca hacer suyas unas medidas y una inversión que le viene del Gobierno de España”, añadió Fernández. En esta queja, además del anuncio de la gratuidad del transporte para los menores de 14 años, se incluyen otros anuncios o actuaciones que ha realizado en las últimas semanas el Ejecutivo de Moreno en los que la Junta era “mera canalizadora” de fondos estatales, que distribuye a las comunidades que son las que tiene la competencia para su ejecución, y en los que ni siquiera se han invitado a representantes del Ejecutivo central, según denuncian las fuentes del Gobierno consultadas.

El caso más reciente, recuerdan, es el de la campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad, para concienciar sobre el reparto equitativo en las tareas domésticas y las responsabilidades familiares que presentó el propio Moreno y en el que los 34,2 millones de euros del plan provienen al 100% del Gobierno de la Nación. “Es como los fondos para el Pacto de Estado de Violencia de Género, son estatales”, indican esas fuentes que recalcan que en ese acto no se invitó a ningún representante del Ejecutivo central. Tampoco se les ha invitado o se ha hecho con un margen muy breve, a veces inferior a 24 horas, cada vez que se ha puesto en marcha las máquinas adquiridas por la Junta de Andalucía a cuenta de los 143,6 millones de euros de los fondos del Plan INVEAT de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud, para equipamientos sanitarios, o en las actuaciones para la rehabilitación de edificios de titularidad de la Junta de Andalucía a cuenta de los fondos europeos de recuperación de la tramitados a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP), recalcan los interlocutores, por valor de 85,6 millones.

“En muchos de estos casos se trata de fondos europeos que el Gobierno transfiere a las Comunidades Autónomas para que sean ellos los que los canalicen en las materias que son de su competencia”, indican esas fuentes. Ese papel de canalizador es el que ha jugado la Junta de Andalucía en la mayoría de las promociones de vivienda asequible cuyo impulso ha sido dirigido por los Ayuntamientos, que actúan bien como promotores o cediendo el suelo- en colaboración con el Ministerio de Vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda, el de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el plan precursor de Vivienda en Alquiler Asequible, cuyos fondos se transfieren al Gobierno autónomo que los distribuye a través de los planes Vive o Ecovivienda.

Esa participación de la Junta en estas promociones de viviendas protegidas protagonizó el último desencuentro entre la Junta y el Ejecutivo central a cuenta de la procedencia de las inversiones en la entrega de llaves de unos pisos de alquiler protegido en Sevilla en la que estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de Andalucía, la vicepresidenta primera y secretaria de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, entre otras personalidades. Esa promoción supuso un coste de 27.337.824,72 euros, de los que el Ministerio de Vivienda ha aportado el 52,44% y el Ayuntamiento de Sevilla, el 47,56% restante, tal y como consta en el acuerdo que firmaron ambas entidades para la edificación, que ha podido consultar este diario, y en el que no aparece aportación específica de la Junta, como sí consta en otros acuerdos de promociones de viviendas donde hay aportación autonómica.

Parte de los fondos estatales provienen del Plan de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno central transfirió a la Junta que los canalizó a través de su Plan Vive, un documento que esgrimió el Ejecutivo andaluz para reivindicar su participación en la construcción de esas viviendas. Una dinámica que la alcaldesa de Almería explicó semanas antes en otra entrega de llaves de VPO sufragada del mismo modo en la que, también estuvo Moreno: “En esta promoción ha sido fundamental la colaboración de las administraciones y quiero agradecer expresamente a la Junta de Andalucía, a su presidente Juanma Moreno, que haya canalizado esos fondos que el Gobierno ha solicitado a Europa”.

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Sobre la firma

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.
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