Los sindicatos denuncian la supresión de medio millar de aulas públicas para el próximo curso en Andalucía

En el colegio público Federico García Lorca de Dos Hermanas (Sevilla, 140.463 habitantes) observan con cierta desazón el número de solicitudes para la línea de tres años. Acaba de abrirse el plazo de escolarización para el curso que viene y ya hay 23 niños inscritos. “En cuanto lleguemos a 25 tendremos que cortar las inscripciones porque habremos llegado al límite de la ratio”, explica su directora, Inmaculada del Pino. Esta situación hasta hace un año no era un problema porque el centro contaba con dos aulas para esa edad, pero la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo les ha confirmado que, a partir del próximo año, solo contarán con una. “Tenemos 17 alumnos en cada clase, y a partir de ahora seremos 25 y arrastraremos este cupo a lo largo del resto de cursos, con los problemas para la atención a la diversidad más la posibilidad de que se eleve la ratio cuando se sumen repetidores y el desplazamiento de una maestra”, indica.

Como en el caso del Federico García Lorca, el curso que viene se suprimirán en Andalucía 525 clases de Infantil y Primaria, de acuerdo con los cálculos preliminares que ha realizado el sindicato Ustea en el arranque del nuevo período de escolarización. “Como cada año, los centros se enfrentan a esta fase con una oferta de plazas a la baja y un recorte de plazas ‘a priori”, indica Fran Fernández, portavoz de Ustea. El recuento se ha realizado a través del envío de un formulario a los equipos directivos de los centros, que luego se ha corroborado a través de llamadas telefónicas.

Este recorte preliminar de más de medio millar de unidades se suma a las 706 aulas que fueron eliminadas en 2024, de acuerdo con la orden de supresiones publicada en el Boletín Oficial de la Junta. “Esta nueva cifra se suma a las 2.402 clases suprimidas desde la llegada al poder de Juan Manuel Moreno”, indica Fernández, que recuerda que, mientras, de acuerdo con las proyecciones de Ustea, el año que viene “se habrán perdido más de 3.000 aulas, el PP renueva todos los conciertos con los centros privados, permitiendo un abanico más grande en los ajustes en la escolarización”. El sindicato, en compañía, en algunos territorios, de otras organizaciones sindicales como CC OO o CGT, ha convocado una movilización el próximo 19 de marzo en todas las capitales de provincia andaluzas para denunciar esos recortes y defender la recuperación de las unidades y la bajada de la ratio.

La Consejería de Educación declina comentar los cálculos realizados por el sindicato y recuerda que el proceso de escolarización está en la fase de inicial y que se ha planteado una oferta de salida que tiene en cuenta el histórico y la evolución de matriculaciones de los centros. “Cuando finalice el proceso de solicitud de plazas por parte de las familias, se incorporarán las unidades que sean necesarias”, indican las fuentes consultadas.

El Gobierno de Moreno insiste siempre en la acusada bajada de la natalidad en la comunidad y, en esta línea, recuerda que para tres años, la puerta de entrada al sistema educativo, el curso que viene habrá 2.700 alumnos menos que el actual. “Son poco más de 64.000 nacimientos de niños y niñas en Andalucía en 2022. Aun así, la oferta es de 89.000 plazas”, recalca el interlocutor, que advierte de que, a falta de tener el dato definitivo, el sistema volverá a perder más de 20.000 alumnos.

Ustea niega que la bajada de natalidad sea el motivo de la supresión de aulas y recuerda que, mientras el alumnado en la enseñanza pública ha bajado casi 90.000 en esta última década, la enseñanza privada concertada ha subido en 10.000 matriculaciones. “Estos datos arrojan el modelo ideológico del Gobierno andaluz, aumentando los conciertos con la enseñanza privada y disminuyendo los gastos en la pública”, sostienen en el sindicato.

Una eliminación que solo se da en la pública

En el caso del Federico García Lorca, su directora reconoce que en la zona en la que se encuentra el centro la natalidad ha bajado bastante y que además hay una importante concentración de colegios, dos concertados y cuatro públicos. “A uno de los públicos también le han quitado líneas, pero a los dos concertados no los tocan”, indica. Del Pino recuerda cómo su centro, uno de los que tiene más alumnos de Dos Hermanas, empezó con tres líneas, para quedarse en dos y, así, hasta el próximo curso. “Es la primera vez que nos pasan a una sola línea para los niños de tres años”, explica y recuerda la preocupación de los padres en la jornada de puertas abiertas ante la posibilidad de que, con la supresión, no puedan matricular a sus hijos en el colegio.

El recuento realizado por Ustea afecta a todas las provincias y en la mayoría de los casos, son las líneas de tres años las que se suprimen. En algunos casos, como el colegio público La Libertad de Campohermoso, el Punta Sabinar de El Ejido o el Freinet, en Almería capital, esas unidades, de acuerdo con el estudio, han ido a parar a sendos centros concertados ubicados en la misma zona de escolarización.

El sindicato llama la atención sobre la provincia de Córdoba, donde señalan cómo se permite que colegios católicos mantengan clases con tres y cinco niños, sin unir las aulas o eliminar ninguna línea, mientras se suprimen en la pública. “Ustea Córdoba averiguó que esta semana se han eliminado 300 matriculaciones de infantil, mientras que la concertada solo ha perdido seis. Estos datos remarcan que la bajada de natalidad y la eliminación sistemática de unidades solo la sufre la pública”, recalca Fernández.

Ustea también advierte de la diferencia entre plazas escolares en la pública (100) y la concertada (125) en la zona de escolarización del barrio de San Pablo en Sevilla, donde las familias han protagonizado varias concentraciones en protesta por el anuncio de fusión de dos centros públicos el San Ignacio de Loyola y San Juan de Ribera. La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, justificó en el Parlamento que se trataba de “una gestión eficiente de los recursos públicos” y negó que, en puridad, se estuviera cerrando un colegio. Una explicación que no convence a las madres y padres del San Ignacio de Loyola que el año que viene estrenarán curso en el centro vecino. “No entendemos nada, ayer justo fue la visita a las instalaciones y hemos salido muy decepcionados del estado de las instalaciones, hasta el punto de que muchas madres van a echar la preinscripción en otro centro”, indica Anabel Díaz, vicepresidenta del AMPA del San Ignacio de Loyola.

Díaz alude al mal estado de las paredes, de los patios de recreo o al tamaño de las aulas o el comedor del San Juan de Rivera. “Hemos hecho fotos y las vamos a mandar junto con un escrito a la Delegación de Educación”, adelanta. Fue en enero cuando les informaron de la fusión y entonces las familias se manifestaron por el temor de que no se mantuviera el equipo y el sistema pionero de atención a la diversidad del centro y los problemas que para los menores con necesidades especiales supondría un cambio de centro y de terapeuta.

Han conseguido el compromiso de la consejera de que todo el profesorado se trasladará al otro colegio y que el nuevo centro resultante será una “referencia en educación inclusiva y en atención a la diversidad”, tal y como aseguró Castillo en sede parlamentaria. También destacó que el San Juan de Rivera contaba con mejores instalaciones y bioclimatización, pero las familias han percibido todo lo contrario. La consejera aludió, de nuevo, a la bajada de la natalidad, pero las madres y padres y el sindicato llaman la atención sobre la presencia de un centro concertado en la misma zona. “Frente a este modelo, Ustea reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de la ratio”, insiste Fernández.