La Junta de Andalucía reduce la plantilla de los Puntos de Encuentro Familiar

La reorganización de los Puntos de encuentro familiar (PEF) que está abordando la Junta de Andalucía contempla un cambio en la gestión de estos enclaves esenciales para garantizar las relaciones de los menores con sus progenitores en el caso de rupturas familiares convulsas, que implica la reducción del número de los trabajadores que forman parte de los equipos técnicos que supervisan las entregas y recogidas, controlan las visitas y atienden y asesoran a los niños y a sus padres. Así se desprende del pliego de licitación de la gestión de los distintos PEF de las provincias de Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén y Almería publicado el jueves 24 de octubre que prevé pasar de dotación actual compuesta por un coordinador y mínimo tres personas por equipo en cada uno de ellos, a un coordinador por cada provincia, que atendería a todos esos centros, y a un solo equipo técnico para cada territorio integrado en total por cuatro o cinco profesionales, en función de si en cada provincia hay dos o tres sedes.

En Andalucía hay 21 PEF, tres en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y dos en cada una de las tres restantes, que atienden a 2.290 menores, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Justicia, Administración local y Función pública. De acuerdo con los artículos 24 y 25 del Decreto de 25 de marzo de 2014, que regula estos establecimientos en la comunidad, como mínimo, cada PEF debe contar con un coordinador y un equipo técnico “formado por al menos tres personas”. El nuevo pliego publicado este mismo jueves únicamente para la gestión de los PEF de Almería, Cádiz, Sevilla, Granada y Jaén —los de Málaga, Córdoba y Huelva fueron licitados hace unos meses con los criterios anteriores al tener contratos de mayor duración, aunque, según fuentes de la Consejería de Justicia, se incorporarán al nuevo modelo cuando concluyan― supone un cambio en esa dotación, de modo que en lugar de un coordinador para cada uno de los centros, habrá uno común para todos los de cada provincia y en lugar de un mínimo de tres profesionales por cada una de las sedes, habrá cuatro en total en Granada y cinco en total para atender, respectivamente, a todas las de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla.

Desde la Consejería de Justicia se insiste en que todos los puestos de trabajo se van a subrogar y que la reestructuración de la plantilla se ha realizado teniendo en cuenta la carga de trabajo de cada uno de los PEF y las fuentes consultadas insisten en el compromiso de la Junta con los PEF y destacan que desde que el PP gobierna se han activado nueve nuevos centros en la comunidad, y en que se ha incrementado la partida presupuestaria en más de 273.000 euros en la nueva licitación por un importe de 3.650.951,62 euros. Pero con la nueva reorganización, tal y como está presentada en el pliego, la dotación de los equipos técnicos de los centros en esas provincias quedaría mermada. En la actualidad en Almería trabajan un total de10 profesionales, en Cádiz, 13; en Sevilla 11 y en Granada y Jaén nueve, respectivamente, de acuerdo con los datos recogidos en la licitación de la Junta.

La licitación publicada el 24 de octubre y que entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2025, es similar a la que la Consejería de Justicia sacó el pasado mes de mayo, pero que fue anulada en julio por la presentación de unos recursos relacionados con la adaptación de las cláusulas al nuevo convenio colectivo. Desde entonces los trabajadores de los PEF afectados han venido alertando no solo de que la disminución de la plantilla que se planteaba era contraria al decreto que regula la organización y funcionamiento de estos centros, sino, sobre todo, de los problemas que van a surgir para atender con garantías y calidad un servicio esencial que va más allá de garantizar las entregas y recogidas o las visitas de los menores con sus familiares. En muchas ocasiones la tarea de seguimiento y observación de los técnicos permite detectar abusos y situaciones de riesgo para los hijos y con una plantilla mermada que tenga que atender a un número de expedientes elevados, esa función se complica.

Las funciones de entrega y recogida, la vigilancia de las visitas que se realizan en los PEF —que si son tuteladas requieren su presencia constante de uno de los técnicos―, se realizan de martes a viernes de 16 a 20 horas y los fines de semana de 10 a 14 y de 16 a 20. Pero los profesionales —psicólogos, pedagogos, educadores y trabajadores sociales― también ofrecen orientación psicosocial a las familias para mejorar las relaciones paterno y maternofiliales y deben realizar informes sobre el desarrollo de las vistas y las entregas tras el primer encuentro y el quinto, recogiendo su evolución favorable o desfavorable, y cuando las requieren los juzgados o la administración; documentar mensualmente las incidencias… Un seguimiento invisible que realizan durante la mañana cuando los PEF no están abiertos al público.

Carga de trabajo “inviable”

En estos últimos meses, los trabajadores de los PEF afectados por la nueva licitación también han advertido de la imposibilidad de atender a toda esta carga de trabajo si se reduce la plantilla. Los expedientes que se han atendido en el mes de septiembre en al menos tres de las provincias afectadas oscilan entre los más de 200, y los 160, según los datos que ha podido recabar este diario. De acuerdo con el número de técnicos que trabajan en los centros de todas ellas, la ratio por expediente estaría en torno a los 15 y los 20 por profesional. Con la nueva reasignación en toda la provincia de Cádiz, Sevilla o Almería —las que tienen tres PEF por territorio― serían cinco técnicos en total los que tendrían que hacerse cargo de ese volumen de dosieres, algo que trabajadores de las provincias afectadas consideran “totalmente inviable”.

Pero, más allá de los informes, lo que preocupa a los técnicos son los riesgos que para la atención al público supone la merma de la plantilla. Los profesionales consultados coinciden en los problemas que se plantean cuando hay visitas tuteladas, que exigen que uno de ellos esté presente durante todo el encuentro que siempre tiene lugar en una sala del PEF. Paralelamente, hay que atender llamadas telefónicas y otras citas relacionadas con entregas y recogidas o las visitas no tuteladas que requieren la apertura y el cierre de la puerta de acceso, el acompañamiento a las salas de espera… Si un miembro del equipo está dentro de una sala supervisando una visita, el compañero que esté fuera no puede estar pendiente solo del resto de entregas. Este riesgo de desatención aumenta, advierten, en los casos en los que un progenitor tiene una orden de alejamiento o de protección que requieren de un protocolo específico para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y los menores afectados.

Desde la Consejería de Justicia, Administración local y Función pública, se incide en que no todos los PEF tienen la misma carga de trabajo y que con la nueva estructura se incrementarán los salarios de los profesionales en un 8%. Las fuentes consultadas también recalcan que también se va a primar la contratación a tiempo completo para garantizar una estabilidad y atención personalizada a los menores. También se insiste en que se va a imponer la jornada completa, no como hasta ahora donde, sostienen, en la mayoría de los PEF solo se trabajaba durante las horas de apertura a las familias.

Una afirmación que no se puede generalizar a todos los centros afectados por la nueva licitación. En el caso de las provincias de Cádiz y Sevilla, todos sus técnicos trabajan las 38,75 horas semanales, salvo dos o tres, en función de la sede, que tienen media jornada. Todos ellos realizan las tareas de redacción de informes en horario de mañana, aseguran los profesionales consultados.

Criterios contradictorios

La reorganización de los equipos de trabajo de los PEF se enmarca dentro de la nueva estrategia de humanización de la justicia presentada este mismo mes por la Junta de Andalucía. Sin embargo, los criterios para la nueva distribución de la plantilla establecidos en los pliegos publicados el pasado 24 de octubre no siguen los estipulados para Córdoba (que cuenta como mínimo por seis profesionales a jornada completa), cuya licitación salió el 26 de junio de este año, pero a través de la anterior modalidad que estipulaba que fuera cada Delegación provincial la que adjudicara la gestión de los PEF. También los pliegos para la licitación de los PEF de Cádiz y Jerez de la Frontera, publicados el pasado 8 de agosto para cubrir el período que va desde octubre y el 31 de enero de 2025, incluyen una dotación de personal mucho mayor.

En los centros de estas dos ciudades gaditanas, afectados por la nueva licitación a partir del próximo 1 de febrero, los pliegos actuales estipulan que el PEF de la capital gaditana cuente con un coordinador y un equipo técnico que “estará formado al menos por cinco personas. En el caso de que las funciones de coordinación sean asumidas por una persona del equipo técnico, este se compondrá al menos de seis personas”. “Se amplía el equipo técnico en dos personas respecto a las contrataciones anteriores, para la atención de partidos judiciales distintos al de la capital de provincia”. Para el caso de Jerez, el equipo estará formado “al menos por tres personas. En el caso de que las funciones de coordinación sean asumidas por una persona del equipo técnico, este se compondrá al menos de cuatro personas”. Con los nuevos criterios de licitación para los tres PEF de la provincia, el de Cádiz, Jerez y el de Algeciras la dotación será “de seis personas, incluido el coordinador/a del servicio para aquellas provincias con tres sedes”.