La perrera municipal de Sevilla, investigada por maltrato animal y la defunción de 20 perros y 20 gatos en octubre: “La mortalidad es brutal”

La investigación judicial por presunto maltrato animal a la perrera municipal de Sevilla, iniciada hace un año y medio, debe continuar para esclarecer si sus responsables, incluidos dos veterinarios, han incurrido en una docena de delitos de maltrato animal. Los perros y los gatos callejeros han sido supuestamente hacinados en dependencias del Ayuntamiento sevillano sin tratamiento sanitario hasta dejarlos morir, pese a que la ley obliga a tratarlos y darlos en adopción a los ciudadanos. Las instalaciones carecen supuestamente de zona de cuarentena para aislar a los animales enfermos, lo que conlleva que los virus y las muertes se disparen.

Hartos de que sus denuncias cayeran en saco roto y tras ver morir decenas de animales por la desidia del Consistorio, la asociación Movimiento ciudadano para la defensa de los derechos animales abandonados interpuso una denuncia penal contra sus responsables en marzo de 2022. El Juzgado 16 de Instrucción de Sevilla inició las pesquisas para esclarecer si había delito de maltrato animal con agravante de muerte, pero el pasado julio decidió archivar el caso sin siquiera tomar declaración a los responsables municipales investigados.

Ahora la Audiencia de la capital andaluza ha ordenado al instructor Juan Gutiérrez Casillas que reabra el caso, al dictaminar que el carpetazo carecía de sentido y era precipitado. “El sobreseimiento [de la causa] es prematuro (…) se debe investigar si durante el tiempo de residencia en el centro se le han procurado los cuidados necesarios, tanto médicos como de nutrición y asistencia general o si, por el contrario, no han tratado de revertir el estado físico que presentan a su llegada [los animales]”, censuran los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia sevillana en un auto fechado el pasado 27 de noviembre.

El juzgado investiga por 14 delitos de maltrato animal, dos de ellos con agravante de muerte, al exdirector de la perrera, Antonio Sánchez Tocina, al director del laboratorio, Narciso Cordero, al veterinario jefe, Francisco Peña y a su subalterno y también veterinario Rafael Pablo Cuadrado.

El artículo 337 del Código Penal castiga el maltrato animal con penas de prisión de seis meses a un año y medio en su tipo agravado. La primera medida decretada por la Audiencia es obligar al juez a tomar declaración a los responsables en sede judicial para escuchar su versión de los hechos. Gutiérrez Casillas no ha facilitado a la asociación denunciante, pese a estar personada, el atestado sobre el caso realizado por el Seprona de la Guardia Civil, y dicha ONG debió interponer su recurso de apelación ante la Audiencia sin conocer sus conclusiones policiales. El juez ha llevado en ocasiones al límite la falta de motivación para ciertas resoluciones judiciales, como hace seis años en la macrocausa Invercaria. Este diario ha intentado este martes sin éxito recabar la versión del magistrado.

La querella de la asociación de defensa animal refleja cómo los animales están encerrados en un espacio diáfano de 25 metros cuadrados donde conviven gatos mansos con gatos ariscos, ferales y domésticos; gatos sanos con enfermos, y hembras en celo. “Esto genera conflictos continuos y peleas desde hace años. Al carecer de zona de cuarentena para aislar a los animales enfermos, los animales sanos terminan enfermos por contagio, dándose reiteradamente brotes de 29 parvovirus y panleucopenia en perros y gatos, enfermedades que llevan a los animales a morir”, denuncia la asociación. Cuando la perrera municipal se cierra cada fin de semana, ningún trabajador se queda al cuidado de los animales, a pesar de que hay algunos enfermos que necesitan medicación, reza la denuncia.

La perrera municipal dispone de plazas para 82 perros y unos 30 gatos, y cuando pasa el tiempo y no son adoptados, se sacrifican. “La mortalidad es brutal y es por culpa de una mala gestión. No hacen test a los animales, mezclan sanos y enfermos y hemos tenido un mes de octubre catastrófico, con unos 20 perros y 20 gatos muertos. Antes, hasta 2021, no había quirófano y ahora se ve que hay voluntad política, pero la gestión sigue siendo lamentable, no ha mejorado”, denuncian fuentes del caso cercanas a la perrera. “Es sistemático, todos los gatos salen enfermos al convivir y la Administración se arruina pagando tratamientos, en vez de hacer test previos”, añaden estas fuentes. Desde el pasado mayo el PP gobierna en Sevilla. Un portavoz municipal responde que los animales están “cuidadísimos” y “la situación ha cambiado” tras la recepción de nuevas gateras el pasado febrero. “Ahora tenemos microchips, comida y quirófano externalizado. Además, hemos dado orden de comprar los test rápidos de panleucocitopenia para gatos y aumentado la desinfección con productos más potentes, añade.

Carmen Gobea, presidenta de la asociación denunciante, critica cómo las muertes se suceden de manera innecesaria: “Los animales tienen tan poco espacio que rozan con las paredes y enloquecen, pero sobre todo las condiciones mínimas de salubridad no se cumplen. Los responsables del centro han encontrado fórmulas para eludir la ley, que les impide matarlos. Se ahorran la eutanasia y es una muerte más terrible, porque los dejan morir tras pelearse y enfermar. Hemos visto cómo han dejado que ciertos gatos heridos se desangren y la Administración está para salvaguardar a los animales. Esperábamos un cambio con el PP, pero no lo hemos visto”, censura, antes de recordar que la defensa de los animales es transversal y no tiene adscripción política, se trata de sensibilidad y cumplimiento de la ley.

El abogado Manuel Álamos, responsable de la querella, añade: “En noviembre el centro sevillano ha admitido que no tenía presupuesto para chips y pese a que había una ONG dispuesta a acogerlos y salvarlos, los animales han muerto. El Ayuntamiento hace caso omiso de la legislación. Es sangrante, un campo de concentración de animales”. Clara Márquez, coordinadora del partido Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), también personado como acusación en el procedimiento judicial, se ha reunido con el Ayuntamiento hace dos semanas: “Estamos contentos con la disposición, pero hacen falta hechos”.

La norma andaluza 11/2003 de protección de los animales aclara en su artículo 20.3 que las perreras deben tener unas condiciones higiénicas dignas y en su artículo 11.3 incluso que los animales deben disfrutar de una hora al día “libres de ataduras” y fuera de sus habitáculos, obligación que se incumple por sistema. En este vídeo, Sánchez Tocina reconoce que desconoce la ley pese a dirigir la perrera sevillana hasta el pasado junio, y advierte a una estudiante de Periodismo de que debe denunciar sus “acusaciones muy graves”.