Una grieta legal permite a los narcos reutilizar los bienes de las plantaciones de marihuana

Las operaciones policiales contra el narco con grandes plantaciones de marihuana implican a veces una paradoja: los agentes acuden al registro, se llevan miles de plantas para destruirlas, pero dejan precintados los aires acondicionados, las lámparas, los ventiladores, los filtros de aire... todo el aparataje que produce hasta cinco cosechas al año en cultivos a cubierto se abandona, por lo que tan pronto sale del lugar la comitiva judicial, los grupos criminales se llevan estos valiosos utensilios para reutilizarlos en otras plantaciones. Y vuelta a empezar.

En provincias como Granada, Valencia o Tarragona las operaciones son un goteo constante cada semana, con intervenciones en chalés alquilados repletos de macetas, en sótanos y naves de fincas con difícil acceso y narcopisos en barrios humildes. Las bandas buscan cualquier fórmula para que el negocio de los cogollos florezca y ahora han encontrado una vía de financiación inédita con la colaboración involuntaria de la justicia.

La Guardia Civil alerta de que un fallo en el sistema ha provocado que un porcentaje de los jueces de instrucción evite autorizar la destrucción inmediata o donación de los aparatos -que alcanzan los 35.000 euros- y opten por su precinto, lo que deviene en un robo que queda impune, ya que ninguna autoridad pregunta por estos bienes y verifica que el precinto se respete. “Solo cogemos las macetas de marihuana y les decimos a los malos ‘eso queda bajo tu responsabilidad’. Se levanta acta y nadie comprueba esos bienes, nadie pregunta por ellos. Estamos atados de pies y manos y los aparatos siempre desaparecen”, se lamentan fuentes del instituto armado. Una vez puesto el precinto policial, las Fuerzas de Seguridad no regresan al lugar para verificar si se ha roto y los bienes han desaparecido.

La mayoría de los magistrados autoriza la destrucción in situ de los aparatos, pero hay un porcentaje creciente que después de recibir recursos interpuestos por los abogados de los delincuentes, prefieren no correr riesgos. La clave es que desde 2015 la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija que todos los bienes incautados a los clanes de narcotraficantes con un valor económico deben gestionarse a través del Ministerio de Justicia, para que esta dictamine si es posible subastarlos o donarlos.

Antes de esta consulta, el juzgado debe iniciar un procedimiento de identificación de los bienes y pedir informe a las partes personadas, ya que la destrucción de bienes solo está justificada si son peligrosos, tóxicos o perecederos, como explosivos, drogas o comida. Y a eso se agarran los letrados, que aprovechan las grietas legales y son escuchados por los jueces, que ordenan respetar el aparataje en función de la norma y esto provoca que los cultivos prosigan.

La Guardia Civil critica que algunos magistrados siguen pensando que las bandas que trafican con marihuana no conllevan violencia. “Hay muchos jueces que con la marihuana son reticentes a limitar derechos con intervenciones telefónicas, balizas, y entradas y registros. Pero claro que hay violencia y ajustes de cuentas, competencia y robos. Hay bandas que se han pasado de la cocaína a la marihuana y la relación riesgo beneficio es muy buena por las condenas tan bajas que acarrean”, ilustran fuentes del instituto armado.

Un abogado de narcos con despacho en Sevilla ratifica la alfombra roja para este tráfico ilegal: “No hay ningún control sobre los focos y los aparatos, no se les sigue la pista y a veces la familia nos llama para preguntarnos si deben dárselos al juzgado”. En esta provincia andaluza y en muchas otras, las bandas innovan para evitar la detección del calor que desprenden las plantaciones, captado desde el cielo por las cámaras térmicas de los helicópteros policiales. “Hace pocos meses han salido las lámparas led que no emiten calor y no se chivan, es mucho más difícil detectarlas”, confía el letrado bajo anonimato. En una gran plantación rural se pueden incautar entre 10 y 15 aparatos de aire acondicionado y entre 50 y 60 lámparas, según apunta un agente.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia se creó para aprovechar bienes como barcos o casas de los grandes grupos criminales europeos y darles un uso mediante subasta, pero hace años que la ORGA debe responder a todos los juzgados del país para establecer la valoración de cualquier bien incautado que atesore valor económico, incluidos los aparatos de aires acondicionados, con un valor mucho menor. “La ORGA está saturada y hay atasco, tarda mucho para no cometer errores. Es imposible que gestione todos los efectos. Debería dejarse la enajenación anticipada de bienes a cada juzgado, como estaba antes”, se quejan fuentes del instituto armado.

Fuentes del Ministerio de Justicia rebaten esta queja y aseguran que el ritmo de la ORGA es óptimo y no hay atasco: “En cuanto recibimos una petición, se resuelve en 24 ó 48 horas. Pero a veces no tenemos la información de los bienes incautados y se demora el inventario, el cuello de botella se produce en los cuarteles o en los juzgados, no nos faltan funcionarios y somos muy diligentes”, defienden fuentes del organismo, que cuenta con unos 50 empleados.

Un juez de instrucción de Sevilla reflexiona bajo anonimato sobre las dificultades de las intervenciones contra la marihuana: “En un mundo perfecto los Gobiernos regionales tendrían un electricista que desmontaría los aparatos para llevarlos al depósito judicial o donarlos, o tendríamos un policía custodiando el precinto, pero debe primar el sentido común: es necesario acordar la destrucción, que está entre las facultades del juez”. Ante el destrozo del aparataje, el narco tiene pocas opciones de recurrir a posteriori porque este se considera “instrumento del delito”, a no ser que finalmente resulte absuelto en sentencia.

El problema de fondo radica en el volumen tan alto de incautaciones de bienes por el bum de la marihuana; que las Administraciones carecen de depósitos judiciales para almacenarlos; y tampoco han articulado un mecanismo ágil para facilitar la donación a ONG o centros escolares, aunque provincias como Sevilla lo estudia desde hace meses. Desde 2019 la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil dona cada aparato de aire acondicionado a los colegios públicos que lo requieren, pero es la única que lo hace en todo el país, según la ORGA. “No tenemos medios y el sistema no funciona. En un causa, lo principal es la situación personal de los investigados, los efectos judiciales son secundarios y se van quedando para el final”, lamentan fuentes de la Fiscalía Antidroga.

La explosión de la marihuana cultivada en España pero comercializada en la Península y Europa, ha sido exponencial con bandas españolas, polacas, chinas, marroquíes o albanesas: si en 2017 se incautaron 20 toneladas, el año siguiente 29, en 2019 fueron 32, en 2020 subieron a 70 y en 2021 se intervinieron 139 (un 99% más), según la estadística anual sobre drogas del Ministerio del Interior. Con 7.876 detenciones por esta droga en 2021, Andalucía acumuló ese año -último con datos oficiales- más de la mitad de las aprehensiones (53%), seguida de Cataluña (13%) y Comunidad Valenciana (12%).