La Constitución más longeva y viva de nuestra historia

Este 18 de febrero, la Constitución española de 1978 se convertirá en la más longeva de nuestra historia, superando a la de 1876, que sirvió de base al sistema de la Restauración y estuvo en vigor hasta 1923. Más allá de la efeméride, la comparación entre ambas revela no solo dos modelos constitucionales distintos, sino también dos concepciones opuestas de la sociedad y del ejercicio del poder.

La Constitución de 1876 carecía de un verdadero catálogo de derechos fundamentales. Muchos de los que reconocía, como la libertad de expresión, de reunión o el principio de legalidad penal, lo eran con limitaciones. La Constitución de 1978, en cambio, incorpora un amplio sistema de derechos y libertades que, con escasas excepciones, se reconoce a todas las personas y se protege mediante un sistema de garantías.

Antes de 1978, la arbitrariedad y la dominación por los poderosos formaban parte habitual de la experiencia política española. La vida de muchas personas quedaba condicionada por decisiones discrecionales —cuando no arbitrarias— de los poderes públicos o por normas que consagraban desigualdades. La subordinación jurídica de las mujeres a sus maridos, la represión de la disidencia o la penalización de las personas LGTBI son ejemplos de un pasado en el que el Estado imponía un modelo único de vida. Frente a ello, el sistema constitucional actual se fundamenta en garantías jurídicas que reconocen amplios espacios de autonomía personal.

Además, la Constitución de 1978 ha sabido evolucionar y ampliarse al compás de las nuevas demandas sociales. Esa evolución se ha producido tanto mediante reformas como a través de desarrollos legislativos que han ampliado derechos y reforzado las garantías para su ejercicio. Y esta ha sido la clave de la longevidad de nuestra Constitución, su capacidad de adaptación gracias a un texto conscientemente abierto.

La Constitución no ha sido un texto estático, sino un marco vivo que ha permitido adaptar sus principios a nuevas demandas con la suficiente flexibilidad. Un ejemplo reciente es la reforma del artículo 49 de la Constitución, la única reforma social de nuestra Carta Magna que aprobamos en 2024. Con ella se eliminó el término ofensivo de “disminuido” y abandonó un enfoque tutelar para reconocer expresamente a las personas con discapacidad la plenitud de derechos y su ejercicio en condiciones de libertad e igualdad.

Es un texto muy avanzado para su época que habla del derecho al medio ambiente, de la necesidad de evitar la especulación en el mercado inmobiliario, o de garantizar el acceso a la educación y a la sanidad. Y, como culminación de ese proyecto, impone a los poderes públicos un mandato inequívoco: promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. En el Gobierno tenemos muy presente ese mandato en nuestra labor diaria.

El texto de 1978 destacó también por las circunstancias de su elaboración, asentadas en el diálogo y el respeto entre fuerzas políticas profundamente distintas, marcadas por la memoria aún reciente de una Guerra Civil, una dictadura y el exilio. Su aprobación no supuso únicamente la ampliación de derechos y libertades, sino la afirmación colectiva de una voluntad compartida: cerrar una etapa dolorosa y oscura que había atravesado nuestra historia contemporánea, apostando por un marco de convivencia democrática.

Homenajear la Constitución implica, por tanto, reivindicar su apuesta por la convivencia tanto en el fondo como en las formas. Unas formas, el respeto, el acuerdo, que son esenciales en democracia y que, sin embargo, hoy parecen, en ocasiones, relegadas en el debate público.

Curiosamente, o no tanto, las fuerzas que hoy cuestionan nuestro modelo democrático suelen atacar con igual intensidad esos dos grandes logros constitucionales: la apuesta por los derechos y la convivencia democrática. Conviene no olvidar que los derechos expresamente recogidos en la Constitución cuentan con fuertes garantías frente a tentativas reaccionarias. Sin embargo, otros derechos derivados de su desarrollo legislativo, aunque inspirados en el mismo texto, podrían verse comprometidos si mayorías coyunturales decidieran revertirlos.

Bastaría, por ejemplo, una mayoría simple en el Congreso para suprimir el matrimonio igualitario o una mayoría absoluta para derogar la actual regulación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, las normas que regulan la lucha contra la violencia de género o para limitar la universalidad de la sanidad pública a través del Sistema Nacional de Salud. Estas hipótesis no son meros ejercicios retóricos, sino recordatorios de que los avances sociales requieren de trabajo constante en su defensa.

Recientemente, el CIS ha publicado una encuesta sobre el futuro de la Constitución con conclusiones relevantes: el 84% de la población desea reformas del texto constitucional, y entre las más demandadas se encuentran las relativas a derechos y libertades. El Gobierno coincide con esa voluntad de mejorar nuestra Constitución y, en esa línea, ha planteado ya la posibilidad de blindar constitucionalmente la interrupción voluntaria del embarazo, siguiendo el ejemplo de Francia. También parece indiscutible una reforma de la Constitución que no relegue a la mujer en la sucesión a la Corona. España debe ser, también en esto, ejemplo en el mundo de avances y protección de los derechos de la mujer, también de las llamadas a la jefatura del Estado.

En conclusión, la longevidad de nuestra Constitución es un éxito colectivo, que, precisamente por ello, nos exige continuar trabajando para que nunca se quede obsoleta o ajena a la realidad social de nuestro país. Es un buen momento para reconocer la tarea del Tribunal Constitucional y de los tribunales que integran el Poder Judicial en adaptar la Constitución a los tiempos que vivimos, en materializar el ejercicio de los derechos constitucionales conforme a las exigencias actuales. Y también es un día idóneo para recordar que el Ejecutivo y el Legislativo deben estar siempre atentos a los anhelos de la sociedad para reformar y mejorar nuestra Carta Magna, representando la España abierta, plural, tolerante y libre que somos. De ello dependerá que nuestra Constitución continúe teniendo larga vida.