Recta final del Constitucional sobre Puigdemont y la amnistía

El pleno que celebra el Tribunal Constitucional esta semana tiene particular importancia en relación con la recta final de sus resoluciones sobre la ley de amnistía y su aplicación. Los magistrados han decidido en primer lugar no levantar la suspensión de la orden de detención que sigue vigente en España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. El líder del procés no consigue, en suma, que se le permita regresar ya a España. Pero se trata de una decisión que no prejuzga nada sobre lo que vaya a suceder cuando se resuelva el recurso más relevante, el que presentó Puigdemont contra la interpretación que hizo el Tribunal Supremo para no aplicar la citada norma al delito de malversación.

Esta sentencia es la más importante que queda pendiente en manos del órgano de garantías. El tribunal está aplicando un ritmo lento a sus resoluciones esencialmente porque quiere seguir dando tiempo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que a su vez debe decidir sobre las impugnaciones que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional presentaron contra la ley de amnistía. Las cuestiones prejudiciales presentadas sostenían que esta norma vulnera principios esenciales del derecho europeo y que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. El Abogado General del TJUE ya descartó la tesis de la autoamnistía mantenida por los recurrentes en línea con las críticas del PP a la ley. Rechazó también que el procés hubiera afectado a fondos europeos.

El nuevo cálculo del Constitucional llevaría hasta mayo la tramitación del recurso de Puigdemont, que se será resuelto en paralelo a los que presentaron otros líderes independentistas, entre los que figura el líder de ERC, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado por inaplicación de la amnistía a la malversación. Para dichos dirigentes es de especial relevancia que sus recursos contra la decisión del Supremo de no aplicarles el perdón se resuelvan sin retrasos, entre otras razones para permitirles concurrir a citas electorales y eventualmente asumir cargos públicos. Junto a Puigdemont y Junqueras han recurrido contra la mencionada tesis de la Sala Penal del Supremo el secretario general de Junts, Jordi Turull; y los exconsellers de la Generalitat Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva y Dolors Bassa.

La decisión que se adopte sobre estos recursos pondrá fin al largo debate sobre la ley de amnistía. Primero, sobre su encaje constitucional, y luego sobre su ámbito de aplicación, salvo que se volviera a plantear alguna nueva impugnación ante la justicia europea. Pero, en general, en medios jurídicos se estima poco probable que el Supremo emprenda ese camino con nuevos argumentos, sobre todo si el Tribunal de Justicia de la UE no cuestiona dicha norma, acogiendo las tesis del citado informe del Abogado General, que en sustancia son las defendidas por el Estado español.

La posición oficial española ante el TJUE siempre ha sido que la amnistía respondió a una crisis política que derivó hacia una situación excepcional y que se ha logrado la normalización política en Cataluña, facilitando que los debates se alejen de propuestas rupturistas o de desconexión con la legalidad constitucional, y que vuelvan a centrarse en la gestión de los poderes públicos, algunos ahora tan importantes como la situación de Rodalies.