La Unión Progresista de Fiscales recaba dinero entre sus socios para ayudar al ex fiscal general a pagar la multa y la indemnización que le impuso el Supremo

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió Álvaro García, ha lanzado una campaña entre sus asociados para colaborar en el pago de la multa y la indemnización al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que impuso el tribunal Supremo al ya ex fiscal general del Estado. En una nota difundida este lunes, la asociación señala que la colaboración es de carácter “estrictamente voluntario y solidario”. “Mientras se activan y se seguirán activando los mecanismos legales para combatir una condena que consideramos injusta, la asociación entiende que no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce” afirma la UPF, que se ha mostrado muy crítica con el Supremo desde el inicio del proceso y, tras conocer la sentencia, ha llegado a pedir la intervención de la relatora de Naciones Unidas para que valore si ha quedado “comprometida la independencia judicial”.

El Supremo ordenó la semana pasada la ejecución de las penas que impuso a García Ortiz al condenarle por la filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía y por la elaboración de una nota de prensa difundida por el ministerio público para desmentir las falsedades que estaba lanzando el entorno de Ayuso sobre las negociaciones entre su pareja y el fiscal que le había denunciado por fraude a Hacienda. El tribunal le impuso dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general, pero también el pago de una multa de 7.200 euros —pena de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros— y una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso, que ejerció la acusación particular en el caso.

La iniciativa puesta en marcha por la UPF va dirigida a colaborar en el abono de estas responsabilidades económicas. Fuentes de la asociación precisan que, en principio, es una campaña destinada a sus asociados, pero si fiscales que no sean miembros de UPF quieren participar, se les informará de cómo hacerlo. “Álvaro García Ortiz actuó como fiscal general del Estado asumiendo en primera persona una responsabilidad institucional que, en nuestra convicción, protegía al conjunto de la carrera fiscal”, señala la asociación, que asegura que, en ese contexto, la UPF considera “legítimo y coherente” que, mientras se combate jurídicamente una resolución que la asociación considera “errónea”, la Fiscalía y sus miembros “no le den la espalda en el plano humano”.

“Esta iniciativa debe entenderse como lo que es: un acto de solidaridad entre profesionales del Derecho, un ejercicio de compromiso colectivo y una afirmación de que ningún fiscal debe quedar solo cuando actúa conforme a la ley y a su conciencia profesional”, señala la UPF. “Defender a un compañero que actuó en defensa de la institución es también defender la fortaleza, la dignidad y la cohesión del Ministerio Fiscal”, concluye la nota hecha pública.

La cuestación para el pago de la multa y la indemnización discurre paralela a una campaña puesta en marcha hace unos días por una asociación de defensa de los derechos humanos para recoger firmas a favor del el indulto a García Ortiz. Esta iniciativa, de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (EADIPH) y registrada en la plataforma change.org, ha recabado ya más de 15.600 apoyos.