El Supremo confirma el procesamiento de Ábalos y Koldo García por la trama de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha despejado este miércoles el camino para que el juez Leopoldo Puente abra juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por la supuesta trama corrupta en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de covid-19. La Sala de Apelaciones ha rechazado por unanimidad los recursos presentados por el exministro de Transporte y quien fuera su asesor contra el auto del magistrado Puente que, el pasado 3 de noviembre, dio por terminada la investigación y propuso juzgar a Ábalos, García y al comisionista Víctor de Aldama. Esta resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, abre la puerta a que la Mesa del Congreso acuerde suspender el derecho a voto y a cobrar un sueldo de Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto, que está encarcelado de forma preventiva desde el pasado 27 de noviembre, y que ha pedido a la Mesa del Congreso poder votar telemáticamente este miércoles y mañana jueves.

El artículo 21 del Reglamento del Congreso establece en su segundo punto que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”. Desde ese momento, el exministro dejaría de percibir su sueldo como diputado (alrededor de 6.000 euros al mes) y ya no podría votar ni participar en la actividad parlamentaria. La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, ha firmado este mediodía el auto dictado por la Sala Penal, que será remitido este mismo miércoles al Congreso.

La resolución del alto tribunal, además, da luz verde al juez Puente para poder dictar la apertura de juicio oral. Y este trámite es un punto de inflexión en las causas contra aforados porque la jurisprudencia del Supremo establece que, una vez abierto juicio, el acusado será juzgado en el tribunal en el que se desarrolló la instrucción aunque dimita y pierda el fuero. En el caso de Ábalos esto implica que si el exministro pretende retrasar el juicio, debe renunciar al escaño en los próximos días. De lo contrario, será juzgado en el alto tribunal en los próximos meses. Ábalos ha rechazado hasta ahora renunciar a su escaño, una decisión que incluso le costó la ruptura con su anterior abogado. Con todo, el exdirigente socialista podría replantearse esta decisión una vez que sabe que el Congreso le va a retirar el sueldo y otros derechos que le correspondían hasta ahora como diputado.

En el auto dictado este miércoles, la Sala de Apelaciones asegura que el instructor ha recopilado un “robusto arsenal indiciario” contra Ábalos, Koldo García y Aldama, que han llevado a que la Fiscalía reclame 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para quien fuera su asesor. El auto, firmado por los magistrados Antonio Del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena, rechaza todos los argumentos alegados por ambos acusados, que consideran que no hay pruebas suficientes para sentarles en el banquillo.

La sala considera que los argumentos esgrimidos el exministro y su antiguo asistente “no alcanzan a desvanecer la solidez de los indicios señalados por el Instructor y que anticipan debates propios del plenario. Ni el Instructor, ni esta sala de apelación, estamos llamados a enjuiciar prematuramente; tan solo a preparar el enjuiciamiento una vez constatada la existencia de base indiciaria racional y suficiente”, afirman los jueces.

En un mensaje en X, Ábalos ha anunciado que ha pedido a la Mesa del Congreso autorización para ejercer su “derecho al voto de forma telemática en las sesiones de hoy (en caso de producirse) y mañana 11 de diciembre”. El exministro esgrime el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara baja para el supuesto de “situaciones excepcionales de especial gravedad”, porque, asegura, este artículo no especifica “el motivo de dicha situación excepcional”. No concedérselo “sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía”, especifica.