El batacazo electoral fractura la cúpula de Jucil, la asociación de guardias civiles enfrentada a Interior

El descalabro electoral sufrido por Justicia Guardia Civil (Jucil) en las elecciones celebradas el 29 de octubre al Consejo del instituto armado ―en las que esta asociación, hasta ese momento mayoritaria, perdió la mitad de los seis vocales que obtuvo hace cuatro años― ha provocado un terremoto interno. El Comité Ejecutivo Nacional, formado por 10 personas, lleva semanas fracturado en dos con acusaciones cruzadas que han desembocado en que ambos sectores hayan convocado a los cerca de 15.000 asociados por separado a sendas asambleas extraordinarias.

Uno de los grupos, liderado por el actual secretario general, Ernesto Vilariño, plantea celebrarla el próximo viernes, 12 de diciembre, con el objeto de cesar a dos de los dirigentes enfrentados a él y renovar la cúpula de la organización con “un equipo fuerte, cohesionado y plenamente alineado”, según anunció el martes en una nota de prensa. El otro sector de dirigentes quiere, por el contrario, que el máximo órgano de la asociación se reúna cuatro días más tarde para analizar “la situación actual”, estudiar qué “soluciones adoptar” y “modificar los estatutos”, sin más concreción, según la circular enviada a los asociados a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Jucil, fuertemente enfrentada al Ministerio del Interior desde que surgiera al amparo de la plataforma Jusapol que en 2017 movilizó a miles de agentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra, vive desde hace un año una guerra interna que, lejos de amainar, va a más. Primero fue el cruce de demandas y querellas en los juzgados entre la actual dirección de la asociación y cinco exdirigentes críticos que denunciaron supuestos gastos irregulares y que aún se dirimen en los juzgados. El varapalo electoral del pasado octubre ―Jucil pasó de obtener 14.251 papeletas hace cuatro años a tener que conformarse con 6.838 votos, menos de la mitad― no solo no ha cerrado aquella herida, sino que ha provocado una nueva que, además, ha dividido al propio comité ejecutivo en dos facciones aparentemente irreconciliables.

Según detallan fuentes conocedoras de lo ocurrido en el seno de este órgano desde que se conocieron los resultados de las elecciones, el papel de Vilariño ha sido cuestionado por el sector liderado por los hermanos Óscar y David González Sequera, vicesecretario general y secretario nacional de formación respectivamente, que supuestamente han rechazado en las reuniones internas todas las propuestas hechas por el máximo dirigente de la asociación para reconducir la situación de Jucil. “A todo dicen no. Es insostenible”, apunta una fuente cercana a Vilariño. El enfrentamiento, cada vez más enconado, se ha traducido, incluso, en un cruce de mensajes en el chat interno del comité ejecutivo con reproches mutuos y graves acusaciones, detallan fuentes conocedoras de su contenido.

Esta guerra inicialmente soterrada afloró a finales de noviembre, cuando los hermanos González Sequera y otros cuatro miembros del comité ejecutivo enviaron a todos los asociados una convocatoria para celebrar una “asamblea extraordinaria” en Madrid el próximo 16 de diciembre. En el orden del día, se señalaba que, además del “análisis de la situación actual de la asociación”, se resolverán los expedientes abiertos a los cinco exdirigentes críticos que denunciaron supuestas irregularidades económicas, una “modificación” de los estatutos y cualquier otro “tema propuesto por los socios” que sea comunicado con al menos 72 horas de antelación al inicio de la asamblea.

La respuesta del secretario general se produjo dos días después, el 1 de diciembre, con una comunicación a los asociados en la que, además de denunciar irregularidades formales en la convocatoria de sus críticos, anunciaba una asamblea para el 12 de diciembre, cuatro días antes. En el escrito, al que también ha tenido acceso este diario, Vilariño acusaba a los seis integrantes del Comité Ejecutivo de rechazar “sorprendentemente” las elecciones internas que él había planteado en las reuniones que habían celebrado tras el batacazo. Vilariño ha incluido en el orden del día de la reunión el cese por pérdida de confianza de dos de los críticos, Óscar González Sequera y Sonia Valverde Diego, secretaria nacional de Transparencia e Igualdad, firmantes ambos de la convocatoria.

González Sequera, que además de vicesecretario general de la asociación es el responsable de sus finanzas, justifica a este diario la iniciativa de los seis miembros de convocar una asamblea sin el beneplácito del secretario general en la “situación interna” que vive Jucil “después de los malos resultados de las últimas elecciones”. “Tenemos que tomar decisiones importantes”, asegura. González Sequera insiste en la legalidad de la asamblea convocada por los miembros críticos del comité ejecutivo, pero asegura que asistirá también a la que se celebrará cuatro días antes a instancias de Vilariño: “Debo acudir ya que se me pide mi cese”.