Mentiras y verdades de la entrevista a Pradas: ni el ES-Alert se envió por la rotura de Forata ni estaban desinformados en el Cecopi

Salomé Pradas, consellera de Interior y de Emergencias durante la dana, ha dado su primera entrevista a un medio televisivo, el programa Salvados de La Sexta, desde el desastre de las inundaciones de la dana, en las que fallecieron en Valencia al menos 229 personas. En el último año, las versiones sobre cómo actuaron los responsables de la Generalitat, incluido el ya expresident Carlos Mazón, han zigzagueado entre cambios constantes del relato oficial y revelaciones de la prensa. Pradas revela que el gabinete de Mazón le ordena ese día que no contacte con él y relata, como concluye el periodista que la entrevista, “su verdad” sobre lo acontecido en el Cecopi y sobre la información que se manejó en dicha reunión para enviar la tardía alerta a móviles a las 20.11, cuando al menos 155 personas ya habían muerto. Aquí una selección de las verdades y mentiras de su entrevista.

Afirmación sobre la comunicación con Mazón. Pradas afirma que pasadas las 13.00 horas recibió órdenes del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, para que no molestase al president.

Verificación. En el listado de llamadas de la exconsellera de Emergencias de ese día, que figura en el sumario de la causa, hay dos canceladas por Cuenca (a las 12.54) y otra por Mazón (a las 12.59). También hay otra que realiza Cuenca y que coincide con la revelación de Pradas a las 13.19. Esta comunicación se alarga un minuto y posiblemente sea en la que, según Pradas, el jefe de Gabinete la avisa para que no moleste al president.

Afirmación sobre las llamadas del 112. Pradas dice que la información del 112 no llegó al Centro de Coordinación de Emergencias que gestionó la respuesta al desastre (Cecopi)

Verificación. Lo cierto es que todos los organismos de emergencias están integrados en el sistema que procesa la información del 112. Esta herramienta registra los datos de las llamadas y se comparten para que los servicios de emergencia actúen. Por otro lado, en la planta donde se celebraba el Cecopi había pantallas donde se retransmitieron en tiempo real los incidentes abiertos aquel día, categorizados por municipios. De hecho, antes del comienzo de la reunión ya se habían registrado casi 10.000 llamadas, algunas de las cuales alertaban de la rotura del barranco del Poyo o de la necesidad de auxilio ante la inundación de bajos en Utiel.

Por otro lado, varios técnicos y supervisores del 112, como Néstor García, han declarado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la dana, que tanto Pradas como su secretario Emilio Argüeso (ambos imputados) conocieron el riesgo del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayor parte de las muertes, después de que estos visitaran el edificio de Emergencias después de la una de la tarde. Pradas se justifica durante la entrevista y dice que el responsable del enlace en el Cecopi con el 112 era el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y que será el que deba explicar qué pasó.

Ese día el 112 registró 19.821 llamadas, más de 15.000 se produjeron antes del envío de la primera alerta a móviles de las 20.11. A esa hora al menos 155 personas ya habían fallecido y para otras 37 su situación era insalvable, según una investigación de EL PAÍS.

Afirmación sobre el ES-Alert. “Del ES-Alert yo no oigo hablar hasta las siete de la tarde”, dice Pradas.

Verificación. Pradas no matiza que, poco después de comenzar la reunión del Cecopi a las 17.00, ya estaba sobre la mesa la posibilidad del envío masivo a móviles. En un vídeo grabado por una productora contratada por el Consell aparece Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, en el que habla sobre ese mensaje y la posibilidad de enviarlo a algunos pueblos que ya estaban inundados, como Utiel y Requena. “De acuerdo con lo que decidamos, podemos enviar un mensaje a todos los móviles de esa zona”, dice Suárez. Pradas también aparece en el vídeo hablando sobre el envío al resto de integrantes del Cecopi: “Vamos a proceder a enviar una comunicación”.

Ante las repreguntas del periodista, la exconsellera subraya que ese mensaje no se correspondía con el ES-Alert y que ella, en el momento en el que tiene conocimiento de la alerta masiva a móviles, está de acuerdo con que se envíe cuanto antes. No obstante, según relata, se demora una hora tras un debate de media hora entre Suárez y el jefe operativo de la Emergencia, José Miguel Basset, que prefería no enviar nada de momento para no crear una estampida en la población. Después, se tardó otra media hora en que los técnicos lanzaran la alarma.

Afirmación sobre la presa de Forata. Pradas señala durante la entrevista que el envío del ES-Alert estaba motivado por la posible rotura de la presa de Forata y no por la gravedad de las inundaciones

Verificación. La jueza que instruye la causa de la dana ha desechado esta afirmación, que también sostiene el presidente del Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y otros miembros del Gobierno valenciano. Así aparece en un auto de la magistrada: “Afirmar que se envió como consecuencia de una eventual rotura de la presa de Forata, llegándose a fijar incluso una hora concreta en la que la presa colapsaría, no solo es un bulo, sino que sería igualmente absurda su remisión con el contenido ya conocido. El carácter tardío y erróneo del mensaje, de la simple alerta a la población que se podía haber transmitido por otros medios, es algo obvio: por la causa de los fallecimientos, y por el momento en que se produjo en la inmensa mayoría de los casos”.

Varios técnicos presentes en el Cecopi han declarado, además, que “entre las 18.10 y las 18.15” Jorge Suárez les dijo que tuvieran abierto el ES-Alert por Forata, pero posteriormente se descartó y “se les dio la orden de pasar a la situación 2 de emergencia para toda la provincia de Valencia, y que se preparara el mensaje del ES-Alert para remitirlo a toda la provincia”.

Afirmación sobre la delegada del Gobierno. Pradas afirma que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, no la llamó pasadas las 19.12 horas para advertirle de que la alcaldesa de Paiporta estaba dando la voz de alarma por la inundación de su pueblo. La exconsellera también niega que Bernabé diera esa información durante la reunión del Cecopi.

Verificación. El listado de llamadas de Pradas de aquel día recoge que habló con Bernabé antes de esa hora (a las 19.02, a las 19.03 y a las 19.06) y después de eso no vuelve a tener contacto telefónico con ella hasta las 20.16. La jueza que instruye el caso, por otro lado, señala en un auto que esta información fue trasladada por Bernabé durante la reunión del Cecopi a todos sus integrantes. Además, Inmaculada Piles, jefa de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), también ha confirmado en su declaración como testigo en el juzgado que la delegada del Gobierno informó tras el primer receso sobre la situación en Paiporta que le había transmitido la alcaldesa de la localidad. Pradas vuelve a justificarse y dice que ella al menos no escuchó nada durante la reunión y que cree que, de haberlo dicho, varios integrantes del Cecopi hubieran pegado un salto de su asiento.

Afirmación sobre las predicciones: “El día 28, algo que la gente no sabe u olvida, nos acostamos en alerta amarilla y con unos pronósticos de entre 150 y 180 litros. Una gota fría”.

Verificación: Esa misma noche, si bien los pronósticos de lluvia son los que señala Pradas, Emergencias tenía conocimiento de que varios ayuntamientos e instituciones ya había tomado medidas ante el temporal. Así lo prueban los mensajes que Emilio Argüeso, secretario de Emergencias, se intercambió con Inmaculada Piles, jefa de servicio, sobre la noticia de que 17 municipios habían suspendido las clases por las lluvias. “La información que nos llega del 112 no es tan grave”, escribió Argüeso. Piles le responde que la cancelación de clases tiene un carácter preventivo “a la vista de los avisos de riesgos emitidos y la información de que mañana puede ser el día más desfavorable”. Incluso señala que “algún ayuntamiento había consultado a la sala qué hacer”, pero añade que no había “riesgo hidrológico ni incidencias significativas”. La Universitat de Valencia, el campus de la Politécnica en Gandía, la Católica y la CEU Cardenal Herrera también habían aplazado sus actividades para el 29.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevaba 24 horas anunciando “lluvias torrenciales” que podrían “generar crecidas de ramblas y barrancos, que habitualmente bajan con poco agua, e inundaciones”. Su primera alerta roja para diversas zonas de Valencia es a las 07.36 del 29 de octubre. De hecho, durante esas primeras horas de la mañana, en los medios locales se informa de que “el principal temor de la Generalitat ante este episodio de lluvias torrenciales” son “las cuencas de ríos y barrancos, cuyo desbordamiento puede ocasionar serios problemas en áreas de alta ocupación urbana”. Es decir, ya había un conocimiento en la noche del 28 del riesgo de desbordamientos en barrancos y de posibles consecuencias en zonas habitadas.

Afirmación sobre la Confederación Hidrológica del Júcar. Pradas afirma que la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) es la única que podía informar sobre la situación del barranco del Poyo y que el plan de inundaciones y emergencias de la Comunidad Valenciana indica que “cuando hay una alerta hidrológica será la Confederación quien avisará de posibles desbordamientos”.

Verificación: El plan de inundaciones matiza que el seguimiento pluvihidrológico de ramblas y barrancos como el del Poyo (debido a la rapidez con la que se generan las crecidas, dado el escaso número de puntos automáticos de control y sin la posibilidad de laminar los caudales) requiere la participación de otros organismos, entre los que se encuentran los municipios, otras confederaciones hidrográficas, la Guardia Civil, los bomberos, servicios ambientales… Un informe presentado por la CHJ ante la jueza que instruye la causa señala que la Confederación no es quien realiza el seguimiento, sino que es el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat el que contrasta y coordina toda la información que llega allí procedente de diferentes fuentes.

Afirmación sobre el barranco del Poyo. Pradas dice que la Condeferación Hidrológica del Júcar solo avisó tres veces por mail sobre el caudal del Poyo. También asegura que no tuvieron información en tiempo real de lo que estaba sucediendo.

Verificación. Si bien es cierto que la CHJ envió tres correos sobre el caudal del Poyo, Pradas no explica que la Confederación envió en total 15 mails entre las 16.13 y las 18.43 en los que alertaba de que los umbrales de lluvia se estaban sobrepasando en la cuenca del Poyo. También remitió otras 330 referencias hidrológicas (que la Confederación colgó en internet) sobre lo que estaba sucediendo esa tarde en la cuenca y que la Generalitat tenía disponibles desde las 16.00. Estos avisos se recibieron a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), una herramienta que recoge información cada cinco minutos y cuyo procesamiento, complejo, se demora unos 20 minutos hasta que se puede visualizar en la aplicación informática llamada SAIHWIN.

La CHJ, que solo cuenta con un sensor de caudales en el Poyo, informó a la jueza que instruye la causa sobre la dana de que “no se puede confiar la seguridad de las personas ante una emergencia por inundaciones a los datos de caudal de un simple sensor de nivel” y de que la gestión de inundaciones en este tipo de cuencas requiere de una mayor anticipación, para lo cual sirve la información pluviométrica, pero sobre todo ha de servir la predicción meteorológica”. Es decir, de los avisos de lluvias y de las referencias que publica en su web constantemente. Por otro lado, el plan de emergencias señala que hay otros puntos de control “no automáticos” en diferentes puentes de localidades valencianas que dependen directamente del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE)

El plan de inundaciones indica que los responsables del CEE deben conocer el funcionamiento de este sistema y “tener especial atención a las alertas generadas por la superación de los umbrales de precipitación”. La jueza que instruye la causa señala en un auto sobre esa presunta falta de información que esgrime el Gobierno valenciano que “no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo”. Del mismo modo, añade: “El anuncio de las precipitaciones hacía previsible las gravísimas consecuencias y la sucesión de afectados a medida que el agua y el barro se desplazaban, desbordando barrancos y ríos y poblaciones”.