El Gobierno propone a la progresista Teresa Peramato como fiscal general del Estado

El Gobierno ha elegido a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal muy vinculada a la lucha contra la violencia de género, para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La propuesta del Ejecutivo llega después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude contra Hacienda. García Ortiz continuará prestando sus servicios como fiscal general hasta que se produzca el nombramiento de Peramato en unas semanas.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y ahora ejerce como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha destacado de la futura fiscal general su trayectoria “intachable” e “impecable” y una formación jurídica “extraordinaria”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha pilotado la elección de Peramato en contacto permanente con Pedro Sánchez —que ha llegado a las 6.05 a la base aérea de Torrejón de Ardoz de su gira africana— ha hecho hincapié en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros en el “compromiso feminista y de servicio público” de la cuarta mujer que dirigirá la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal rompió ese techo de cristal en 2015 durante casi dos años y desde 2018, ya con el actual presidente del Gobierno, siguieron abriendo camino María José Segarra y Dolores Delgado.

La propuesta del Ejecutivo cuenta con el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”, según La Moncloa. Su punto fuerte es una trayectoria de largo recorrido, especialmente dedicada a la lucha contra la violencia machista. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Además, ha ocupado el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

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Alegría: "Peramato tiene una amplísima experiencia"

Bolaños ha resaltado de hecho el “protagonismo indiscutible” de Peramato en la implementación de la ley de violencia sobre la mujer hace dos décadas, una norma por entonces pionera y especializada para acompañar a las víctimas de violencia de género. “Creo que no hay ninguna duda y así lo estamos percibiendo desde el Gobierno de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal”, ha afirmado el ministro, que ha señalado que entre sus retos estará “seguir reforzando la autonomía” de la Fiscalía. Si la condena a García Ortiz coincidió con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, la propuesta del Gobierno para sucederle lo hace con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bolaños ha resaltado la coincidencia con la fecha, que explica la celeridad con la que el Gobierno se ha movido.

En tono distinto al de Bolaños, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido en llamar a la ciudadanía a que se movilice para protestar por el fallo del Supremo. Díaz ha asegurado que “es un derecho movilizarse” y “salir pacíficamente a las calles”. “Las calles no son de ellos, las calles son de la democracia en España. Esto es también hacer pedagogía democrática en un país que ha vivido 40 años de franquismo”, ha afirmado la dirigente de Sumar. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país”, ha apostillado.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha puesto el foco en la concentración de Falange la semana pasada a pocos metros de la sede del PSOE en los que hubo cánticos como “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. “Máximo respeto, el fin de semana hemos visto a ciudadanos manifestarse en muchas ciudades, respetamos estas movilizaciones, bastante más respetuosas y sanas que la que vimos el viernes frente a la sede de Ferraz”, ha diferenciado Alegría.

La candidata ha sido además presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por lo que su perfil coincide plenamente con el mensaje que el Gobierno quería transmitir de que la sucesora de García Ortiz sería alguien netamente progresista. La apuesta del Gobierno encarna “de manera sobresaliente las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado, según la UPF, para la que su designación supone la elección de una fiscal “de acreditada solvencia técnica” y una trayectoria marcada “por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. La asociación destaca “de manera especial su compromiso” con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género, y su contribución “a la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”.

Peramato será la cuarta persona que desempeña el cargo desde que Sánchez llegó a La Moncloa. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde ese mes a enero de 2020 y la exministra de Justicia Dolores Delgado le reemplazó hasta julio de 2022, cuando dimitió por problemas de salud y le llegó el turno a García Ortiz. Bolaños ha lamentado que haya sido objeto de “durísimos” y “despiadados” ataques “desde incluso antes de ser nombrado” y ha ensalzado “su vocación de servicio indiscutible”.

García Ortiz seguirá en funciones mientras no se publique su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia este lunes era necesaria para que el Consejo de Ministros pudiera iniciar el proceso para elegir a la nueva jefa del ministerio público. Pero el Gobierno, en contra de lo esperado, no ha aprobado su destitución. Su idea es hacerlo el mismo día en que sea nombrada Peramato. Por tanto, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal, no será la fiscal general en funciones y esa responsabilidad la seguirá teniendo García Ortiz hasta que Peramato complete formalmente un proceso que puede durar varias semanas.

El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno del órgano de los jueces se pronunciará este miércoles sobre la propuesta de nombramiento del Ejecutivo en una reunión convocada al mediodía. Recibido el informe del órgano de los jueces, que no es vinculante, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso, que fijará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se valore su capacidad. El Poder Judicial no dio en 2023 su aval por primera vez a la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado, fue a García Ortiz. El Gobierno confía que no vuelva a suceder lo mismo. El proceso culminará cuando la aspirante tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso este lunes como requisitos que la persona propuesta por el Ejecutivo fuese un “jurista de 20 años de experiencia”, que cuente con el aval vinculante del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo sobre la idoneidad del candidato para el puesto y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años anteriores. “Nosotros lo que hacemos como Gobierno es cumplir la ley y no inventarnos requisitos. Este proceso cumple escrupulosamente la ley, que en cuanto a requisitos y condiciones para ser fiscal general del Estado se pactó con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y no se estableció ninguna de las condiciones que Feijóo declaró, ninguno de esos requisitos fue pactado en aquel acuerdo”, ha observado Bolaños acerca del pacto entre PP y PSOE que desbloqueó la renovación del órgano de los jueces tras más de cinco años de bloqueo de la derecha.

El ministro de Presidencia ha reprochado además la reacción de Feijóo sin esperar a conocer la identidad de la futura fiscal general. “Ha habido unas reacciones algo confusas y erráticas del PP porque ha habido alguna reacción en tono positivo reconociendo su trayectoria y otras más subidas de tono. Ayer Feijóo decía que era una muestra de la degradación sanchista.... Este tipo de expresiones desaforadas lo único que hacen es que pierdan credibilidad y se tengan que tragar las palabras que pronuncian. Ellos mismos envenenan la convivencia”, ha afirmado Bolaños frente a un nombramiento que ha tildado de “absolutamente idóneo”.

García Ortiz presentó este lunes su renuncia al cargo en una carta enviada al ministro de Justicia. En la misiva remitida a Bolaños, explicaba que la decisión de adelantar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación, y “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia”, se debía su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y a su voluntad “siempre presente, de proteger a la Fiscalía española”. “Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz podía haberse quedado en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que le han llevado a condenarlo (por ahora solo ha hecho público el fallo), ya que será entonces cuando surta efecto la pena. Pero el fiscal general ha optado por anticipar su salida acogiéndose al artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que contempla que el fiscal general del Estado puede cesar “a petición propia”.