El Gobierno “no comparte” la condena al fiscal pero nombrará a otro inmediatamente

El Gobierno “no comparte” la condena al fiscal general, pero de momento ha decidido responder oficialmente de forma suave señalando que respeta el fallo y que en los próximos días nombrará a otro fiscal general para sustituir a Álvaro García, al que esta sentencia le obliga a cesar. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido sin preguntas en La Moncloa con un gesto muy serio para pedir calma a todos los ciudadanos que, como el Gobierno, no comparten la condena al fiscal general. Bolaños ha evitado cargar las tintas aunque ha mostrado claramente el malestar del Ejecutivo con el fallo. “El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del Fiscal General del Estado”, dijo Bolaños.

“Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva Fiscal General del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función”, ha asegurado el ministro.

Pero el mensaje político más relevante lo ha lanzado hacia las personas que, como el Ejecutivo, no comparten el fallo y puedan estar indignados. Bolaños ha llamado a la calma. “Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”. Es probable que este asunto termine en el Tribunal Constitucional, que podría dar la razón al Ejecutivo y al fiscal.

Además Bolaños ha lanzado un mensaje a la prensa y a los funcionarios que han llevado adelante el caso contra el novio de Ayuso. “A los periodistas, a los inspectores de hacienda y fiscales, le quiero lanzar un mensaje. Ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su ladoEste Gobierno va a defender siempre su trabajo, vamos a estar a su lado”.

En la parte oficial, de momento, se están cuidando las formas para mantener la institucionalidad ante una situación de la máxima gravedad política. Pero en privado, los mensajes son muy diferentes. En el Ejecutivo, según varios ministros consultados, se ha instalado una fuerte indignación por la condena al fiscal general, que algunos miembros del Ejecutivo, sobre todo los juristas, veían completamente imposible por la falta de pruebas.

El ambiente que se respira en los despachos del poder hace pensar que en los próximos días, cuando se conozca la sentencia y sus argumentos, habrá reacciones más fuertes ante lo que el Ejecutivo de forma unánime considera una grave injusticia y un atropello a un fiscal general del que el propio presidente ha defendido la inocencia.

El propio ministro Óscar López, persona de absoluta confianza de Sánchez, ha dicho que tenía que “morderse la lengua” para no contestar lo que pensaba. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que no es miembro del Gobierno pero sí persona de confianza, fue más directo y dijo que “las sentencias se acatan” pero esta condena, “visto lo visto” en el juicio, es “una auténtica vergüenza”.

En una entrevista reciente con EL PAÍS, Sánchez dijo que lo que había visto en el juicio le reforzaba más en su idea de que Álvaro García es inocente, de manera que esta sentencia marcha un choque de trenes absoluto entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. El hecho de que el fallo se haya dado a conocer en un 20-N, cuando el Gobierno tenía preparados varios actos y vídeos a favor de la democracia, 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, ha generado aún más indignación en el Gobierno. Y también la división del tribunal, con un 5-2 y apartando a la ponente, que apostaba por la absolución, da aún más argumentos al Ejecutivo para rechazar de plano la decisión.

Sumar ve un “golpe judicial en toda regla”

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ve en la sentencia del Supremo una muestra de la que consideran “prueba” de una lucha política emprendida por parte de la judicatura. “La condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno”, han reaccionado este jueves fuentes de Sumar, el socio minoritario de la coalición. En un comunicado difundido a medios, la coalición señala que la sentencia está basada en “indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración” y que, por tanto, “solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática” del país.

“Para Sumar este caso tiene una gravedad institucional absoluta. Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo”, ha declarado el socio del Ejecutivo, que cuestiona “la impunidad” del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, “quien reconoció en el propio juicio que filtró un bulo”. “Fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien difundió la primera versión falsa, mientras su pareja, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. Hoy se ataca a quien desmintió una mentira, no a quienes la fabricaron”, denuncia Sumar.

La formación ve también “gravísimo” que el proceso haya puesto “bajo sospecha” el trabajo del periodismo. “Varios profesionales acreditaron que conocían el contenido antes de que llegara al Fiscal y se acogieron a su secreto profesional para proteger sus fuentes, como consta en las crónicas judiciales. Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar al periodismo es autoritario. Y nosotras y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas”, concluye. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha cuestionado también la condena a Álvaro García Ortiz. “La ofensiva judicial y mediática contra el fiscal general del Estado busca tapar los escándalos de corrupción que apuntan a Ayuso y a su pareja. Una condena sin pruebas que debe ser recurrida. ‘Quien pueda hacer que haga”, ha publicado en su cuenta de la red social Bluesky.

En línea con las primeras reacciones entre los partidos de la izquierda, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado la decisión del Supremo. “La condena al fiscal general evidencia unas instituciones capturadas por la derecha e impunidad para los suyos. ¿Alguien duda de qué va esto? 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza”, ha difundido el líder de IU en su canal de Telegram. Para el portavoz parlamentario del partido y encargado de Justicia dentro del grupo de Sumar, Enrique Santiago, García Ortiz es condenado “sin que nadie haya probado su culpabilidad y sin derecho a un recurso en segunda instancia”. Informa Paula Chouza.

Fuentes de Compromis en el Congreso han argumentado que la condena al fiscal general del Estado “por parte de cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista”. Argumentan que es un “día negro que pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes” y señalan que para ellos, “pone en riesgo también la presunción de inocencia” en España. Además, acusan que ha habido un “claro caso de lawfare” que “requiere una respuesta contundente y unitaria desde las izquierdas”. Informa Óscar Martínez.

En sentido contrario, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, ha valorado la condena denunciando el que considera “nuevo hito de la vergüenza de un Gobierno, el de Sánchez, que acumula cargos investigados o condenados: Cerdán, Ábalos, Begoña, el hermano, el Fiscal General...”. Además, y parafraseando a Sánchez —que auguraba una petición de perdón al Fiscal General del Estado cuando se proclamara su inocencia—, ha ironizado: “¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿Va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿Va a salir el fiscal?”. Así, Figaredo ha reclamado elecciones —“si el Gobierno tuviera algo de vergüenza las convocaría hoy mismo”, ha dicho— y ha garantizado una oposición total a este Gobierno hasta que se vuelva a las urnas. Informa Javier Casqueiro. El presidente de la formación ultra, Santiago Abascal, ha abundado en X en la misma idea: “Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones”.

El PNV ha pedido esperar para analizar la sentencia, aunque su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha adelantado su asombro por el sentido de la decisión del Supremo. “Analizaremos en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad. ¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos", ha publicado en su cuenta de X.

El portavoz de ERC ha vinculado la sentencia al caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso. 350.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? El Fiscal General del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca", ha publicado en X.