El Defensor del Pueblo censura que la Junta andaluza desoiga a los vecinos de la enorme balsa minera de Valdelamusa

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha censurado al Gobierno andaluz (PP) por desoír a los vecinos de Valdelamusa (Cortegana, Huelva) que previsiblemente tendrán una balsa de residuos tóxicos mineros a solo 700 metros de sus casas, y cuyas obras ya han comenzado. La institución respalda la petición de auxilio de los vecinos, a los que el Ejecutivo autonómico ha impedido siquiera presentar alegaciones en el proceso porque no les considera parte interesada a pesar de que viven a menos de un kilómetro de la balsa, que ocupará 116 hectáreas de pinares. A pesar de que los vecinos han acudido a la justicia y han presentado un contencioso administrativo contra los permisos de la Junta, las máquinas ya han comenzado a arrasar los pinos de la zona sin esperar un visto bueno definitivo.

“Me duele tanto que no he podido ir a mirar. Tenemos mucha esperanza y fe en el juzgado. ¿Cómo es posible que hayan empezado la obra sin esperar al juez? ¿Nos están engañando?”, interroga Teodosia Morena, portavoz de la asociación Valdelamusa Viva, que lucha por alejar lo más posible la balsa minera de su pueblo. Los vecinos no se oponen al vertedero, sino que piden a la empresa que la retire de sus casas para evitar el peligro de salud pública que supone tener metales pesados acumulados durante décadas al aire libre a menos de un kilómetro de sus hogares. “Tienen previsto talar 36.000 pinos, pero ahora que han empezado esperamos que el juzgado reaccione y paralice cautelarmente. Porque tu casa te la paralizan rápido si es necesario… Aplico la lógica y no lo entiendo”, añade frustrada.

El depósito de lodos con metales pesados peligrosos incluye plomo, arsénico o talia, y sus 15 millones de metros cúbicos casi triplica la de la balsa de Aznalcóllar (Sevilla), que vertió seis millones de metros cúbicos de lodos hace 26 años a las puertas de Doñana. La balsa está prevista colmatarse en el año 2041.

La resolución del Defensor del Pueblo, dictada hace un mes, impele al Gobierno andaluz a escuchar los argumentos de oposición de una vecina, pero lo hace extensivo a cualquiera de los 400 vecinos de la pedanía onubense que quiera alegar. El pasado diciembre la Consejería de Energía, Industria y Minas autorizó a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Sandfire Matsa) la construcción de la balsa de residuos porque la que ahora mismo acumula los lodos mineros, iniciada en 2007, se colmatará en 2026 tras 19 años de vertidos. Pero el Ejecutivo inadmitió un recurso de una vecina interesada aduciendo “una ausencia de interés legítimo” y por no haberse personado como interesada en el procedimiento. Gabilondo aclara ahora: “Se ha alegado la presencia de un interés legítimo, en particular, la titularidad de una vivienda en las inmediaciones de la actuación sometida a autorización [la balsa minera]”, reza su escrito.

La respuesta del Gobierno andaluz ha sido evitar pronunciarse, mientras las obras avanzan, bajo el pretexto de que la vecina que interpuso el recurso ante el Defensor del Pueblo ha iniciado un recurso contencioso administrativo. “Por lo tanto, el asunto está sub iudice y procede esperar al pronunciamiento del tribunal”, alega una portavoz del Ejecutivo. El abogado de la vecina demandante, Rafael Romero, alerta: “Hay más de 30 vecinos en la misma situación que no han interpuesto un contencioso y el Defensor dice que en todos los casos que estén en el mismo sentido, deben retrotraerse a poder presentar alegaciones. Espero que lo cumplan”.

Este letrado tiene presentado un recurso contencioso administrativo contra la autorización ambiental en el juzgado de lo contencioso número 1 de Huelva, y otro contra la autorización de la Consejería de Industria para la balsa que está en la sede de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en Sevilla. El delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad que concedió la autorización ambiental para el depósito, Pedro Yórquez, tiene a un hermano trabajando desde hace más de una década en Matsa, según informó eldiario.es.

Los vecinos insisten en que no están en contra de la balsa minera, sino de la extrema cercanía a sus casas. “Estamos a favor de que la mina siga 100 años más, pero sin una balsa junto a nuestras casas porque correremos peligro. Tienen tres opciones más alejadas, ¿por qué no las eligen?”, demanda Morena, que censura que la empresa no se haya querido reunir con la asociación. El colectivo ha presentado más de 5.000 firmas contra el proyecto.

La empresa Minas de Aguas Teñidas, SA alega que ha estudiado cinco alternativas para ubicar la balsa y que ha elegido la más cara, con un coste de 60 millones, “la mejor en términos medioambientales y estructurales”: “Está emplazada en suelos rústicos de naturaleza común, sin afección a espacios protegidos ni vías pecuarias. Tampoco se ve afectado el patrimonio histórico cultural, ni montes públicos, ni los dominios públicos ferroviario o viario”, responde una portavoz de Sandfire Matsa. La primera etapa de la ejecución de la balsa ocupa 57 hectáreas, del total de las 116 hectáreas del proyecto completo. La firma minera, comprada por la australiana Sandfire Resources y que explota tres minas en Huelva con 4.000 empleos directos e indirectos, asegura que para compensar la tala de pinos, prevé repoblar más de 175 hectáreas con 52.000 pinos nuevos.

El abogado Romero discrepa de la minera y no se cree que la ubicación elegida sea la más cara: “Es infinitamente más barato que el resto de alternativas, que son notoriamente más caras y están más lejos de sus instalaciones”.

En paralelo al Defensor del Pueblo, los vecinos acudieron a la Comisión Europea para que investigara la autorización del Gobierno andaluz. Sin embargo, hace un mes Bruselas concluyó que el asunto y las posibles afectaciones al medio ambiente corresponden a las autoridades del país afectado, en este caso el Gobierno andaluz.

La compañía adquirió hace años los terrenos donde ubicará la balsa, contiguos a la pedanía de Valdelamusa, que carecen de protección especial urbanística y medioambiental, según la alcaldesa de Cortegana (4.800 habitantes), de donde depende el poblado. Junto a la asociación Valdelamusa Viva, Ecologistas en Acción presentó un recurso de alzada contra la autorización ambiental concedida porque la ubicación elegida afectaría a un embalse cercano en caso de rotura de la balsa.