Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”

David Rodríguez Ballesta, técnico de vídeo, y Javier Marañón Montero, contable, entraron en una reunión el 22 de enero en Malabo (Guinea Ecuatorial) para dar detalles al Gobierno de ese país sobre la primera fase del proyecto de instalación de la televisión digital terrestre (TDT) en la que habían participado. Hablaban en nombre de Wayang Teknica, la empresa adjudicataria del proyecto, pero de la que eran meros empleados. A esas alturas, el empresario propietario de la firma y el gestor que la representaba en el país estaban ya muy lejos de allí. Sabían que el Gobierno guineano, con o sin razón, les estaba buscando las vueltas por, en resumen, corrupción de ese proyecto, adjudicado por algo más de 33 millones de euros. A Rodríguez, granadino de 45 años, y Marañón, cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, de 51, le retiraron los pasaportes justo al terminar la reunión. A los pocos días, fueron detenidos sin explicaciones, asegura su familia. Tras un largo periodo en los calabozos de la gendarmería, a primeros de abril fueron trasladados a la prisión de Black Beach, considerada una de las peores del mundo. 10 empleados guineanos siguieron y siguen, la misma suerte. Allí continúan los dos españoles, sin visitas de su letrado, ni de su familia, sin conexión con el exterior y a la espera de un juicio sin fecha. Tras varias huelgas de hambre por sus malas condiciones de vida, la familia teme por la vida de ambos.

Manuel Madrid, el abogado de ambos en España, asegura que el encarcelamiento fue totalmente arbitrario, haciéndoles asumir un papel que jamás tuvieron, el de responsables de la empresa, y acusados por la fiscalía después de meses sin saber por qué estaban detenidos “de todo tipo de delitos societarios como administración desleal, malversación de caudales públicos, etc.” sin tener ellos ninguna culpa. La responsabilidad de Marañón, explica su letrado, era la de un administrativo; la de Rodríguez, cuenta su hermano Javier, la supervisión técnica de la instalación de las antenas por todo el país, “una función meramente técnica”.

El proyecto de instalación de TDT nació en 2017, cuando el Gobierno guineano firmó un acuerdo con Wayang Teknica para instalar 20 centros emisores por todo el país en dos fases. La primera se completó sin mayor dificultad, según los familiares. Hay imágenes incluso del presidente del país saludando a Rodríguez. En 2023, Teodoro Obiang, Teodorín, hijo del actual presidente, del mismo nombre, asumió la vicepresidencia del país y, en la práctica, su dirección. Teodorín, al que juzgados franceses han condenado por malversación, lavado de dinero y corrupción a 3 años de cárcel, multado con 30 millones de euros y confiscado bienes por valor de 150, asumió el cargo para “frenar la corrupción, la piratería marítima y la delincuencia, así como impulsar la reactivación económica”, según la información oficial de su Gobierno. La relación del Gobierno con Wayang Teknica cambió radicalmente a partir de ahí. Lo percibieron los responsables de la empresa, que no han vuelto a pisar el país, pero no el granadino y el cordobés ahora detenidos que, además, tenían ya lazos familiares en el país. David Rodríguez, de hecho, explica su hermano, estaba en España cuando el Gobierno lo convocó a la reunión y voló allí expresamente para eso.

Los tres primeros meses transcurrieron en la cárcel de la gendarmería. En ese periodo, aun sin acusación formal, la situación era aceptable. El 7 de abril, con el traslado a la prisión de Black Beach, la situación se deterioró notablemente. Un informe de Amnistía Internacional ofrece algo de contexto sobre el sistema carcelario de Guinea Ecuatorial, definido por la organización como un “infierno viviente”, donde “cientos de presos acaban encerrados durante años, sin posibilidad de recibir visitas de sus abogados y familiares”. En ese país hay muchas “personas olvidadas, encarceladas tras juicios llenos de irregularidades, encarceladas en algunas de las cárceles más tristemente conocidas del mundo, como Black Beach, Bata o Bioko, que desde que traspasan los muros de la prisión nadie las ha visto ni oído”. En definitiva, un retrato de la situación de Rodríguez y Marañón.

La narración de los familiares sobre lo que han pasado los detenidos en esta cárcel, situada en la capital guineana, es desoladora: “Han sufrido diferentes enfermedades, pasado por la celda de castigo, sufrido aislamiento y desde hace cuatro meses tienen prohibidas las visitas y salir al patio. Ambos se encuentran en un estado muy grave de salud, debido a las enfermedades crónicas e infecciones adquiridas. Además, han estado varias veces en huelga de hambre. Marañón ha estado ingresado en la enfermería de la cárcel en estado muy grave, física y psicológicamente, ha perdido 20 kilos y se teme por su vida”. Sus familiares están absolutamente desesperados y muy preocupados porque “no sabemos si va a sobrevivir mucho más”.

Preguntados por este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación explica que “la Embajada de España en Malabo realiza un estrecho seguimiento del caso” para proporcionarles “la correspondiente protección y asistencia consular y en defensa de sus derechos humanos”. La sola mención a sus derechos humanos ya da idea de qué es lo primero que hay que defender: la supervivencia y el trato digno. También añaden que “desde enero han sido visitados en 19 ocasiones por personal de la embajada”, en un seguimiento estrecho y “es significativa la implicación del embajador, que aboga constantemente porque se les preste asistencia médica, letrada y puedan recibir visitas de sus familiares para asegurar que se cumplen y se respetan sus derechos humanos”, en una segunda mención. Y continúan explicando que el ministro de Exteriores y su secretario de Estado “han realizado gestiones con sus homólogos ecuatoguineanos para que se respeten los derechos humanos de los detenidos”. Tercera mención. Aseguran también estar en contacto permanente con las familias.

El hermano de Rodríguez matiza: “Es cierto que antes de su encierro en prisión, recibieron algunas visitas del cónsul. Mientras estuvieron en la gendarmería, si pudieron recibir visitas todos los días. Tras el traslado a Black Beach en abril, los han visitado tres veces, dos de ellas durante ese periodo de castigo”, en referencia a un momento en el que a ambos se les prohibió salir durante semanas de la habitación que comparten con otras 18 personas. Y concluye: “Dos visitas en los últimos cuatro meses y medio”.

El hermano de Marañón aclara también: “Es cierto lo que dice la embajada, pero en la práctica es inútil. La mayoría de esas 19 visitas fueron en la gendarmería, no en Black Beach. No han conseguido que se normalicen las visitas familiares, ni que los visite su abogado, ni que pasaran a arresto domiciliario. Es verdad que tienen una dedicación total, pero la situación no ha hecho más que empeorar”.

Los familiares sienten, no obstante, que algo está empezando a cambiar desde que el Parlamento Europeo debatió la situación de ambos hace unos días y emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, “condena en los términos más enérgicos los reiterados casos de condiciones inaceptables de detención y malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial; considera que constituyen una clara violación del derecho internacional en materia de derechos humanos; pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar el bienestar de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico”.

Ese texto ha tenido respuesta del Gobierno ecuatoguineano, que en un comunicado en total contradicción con el relato de los familiares, afirma que los dos “reciben un trato digno y humanitario”, así como visitas regulares de la Embajada española, además de contar con “todas las garantías para un juicio justo”. A la espera de buenas noticias, los familiares han abierto una petición en Change.org en la que piden al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial porque “David y Javier pueden morir si no se actúa ya”.