El Gobierno acelera su propuesta de reforma de la Constitución para blindar el aborto

El equipo jurídico del Gobierno, encabezado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y compuesto por varios expertos constitucionalistas, lleva varios días estudiando fórmulas para rematar la reforma constitucional que anunció Pedro Sánchez para blindar definitivamente el aborto como un derecho, de manera que no pueda ser puesto en cuestión por gobiernos del PP y Vox.

El texto, relativamente sencillo, porque consistiría en un añadido al artículo 43.3 para obligar a todos los poderes públicos a garantizar este derecho al aborto sancionado por la ley de 2010 y ratificado en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional, está siendo sometido a la revisión habitual de expertos e informes internos antes de llegar al Consejo de Ministros.

La intención política es sacar adelante esta reforma cuanto antes, incluso podría ser este martes, pero los límites técnicos hacen que algunas fuentes señalen que es posible que tenga que dejarse para la semana siguiente o más adelante.

En cualquier caso la decisión política está tomada, anunciada por el presidente, y el asunto es estratégico para el Ejecutivo porque quiere demostrar que el PP y Vox pueden poner en cuestión este derecho si llegaran al poder.

El texto que se reformaría es el artículo 43 de la Constitución, que tiene tres puntos: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Es este tercero el que se modificaría para añadir que los poderes públicos velarán por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sumar ya hizo una propuesta de reforma constitucional, una iniciativa que surgió del grupo de Yolanda Díaz en marzo de 2024, después de que Francia se convirtiera en el primer gran país europeo que incluía el aborto en su Constitución por motivos políticos similares a los que se están planteando ahora, esto es la posibilidad de que una involución —en ese momento llegó la sentencia de la Corte Suprema de EEUU que permitía por primera vez al algunos estados limitar el derecho al aborto por presiones de los conservadores— pusiera un riesgo un derecho de las mujeres muy instalado.

Lo que Sumar propuso es añadir al artículo 43 el siguiente redactado: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física”.

En ese momento, en marzo de 2024, cuando se planteó la idea, y en febrero de este año, cuando Sumar presentó su propuesta formalmente con ese texto, el PSOE rechazó la iniciativa. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo entonces que no había “suficiente consenso” y que por tanto la iniciativa no era viable. Pero los socialistas han cambiado de opinión después de los últimos movimientos de Vox que han arrastrado a algunos sectores del PP, como Ayuso o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y han decidido retomar esta iniciativa de la reforma constitucional como un elemento muy importante de su agenda política.

En cualquier caso, la iniciativa tiene muy pocas posibilidades de prosperar, porque el PP ya ha anunciado que votará en contra y el Gobierno, una vez que salga del Consejo de Ministros tras recibir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, necesita tres quintos de la mayoría del Congreso para sacarla adelante, así que sin los populares el texto no puede salir adelante.

Sin embargo, el Gobierno considera que la votación en sí tiene un valor político relevante, para que cada grupo se retrate ante un asunto muy sensible que reagrupa a la izquierda, que está de acuerdo en bloque con el derecho al aborto, mientras divide a la derecha y especialmente al PP.

En este partido conviven distintas sensibilidades. Mientras varios barones autonómicos defienden el aborto y en algunas autonomías populares como Galicia se hacen más de un 75% de las intervenciones en centros públicos, en Andalucía o Madrid son menos del 1% y la presidenta de esta última comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a decir esta semana “váyanse a abortar a otro lado”, abriendo así todo el espacio para que el Gobierno remate esa idea de que es necesario blindar este derecho en la Constitución.

La iniciativa anunciada por Sánchez surgió después de que el Ayuntamiento de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, apoyara una iniciativa de Vox según la cual todas las mujeres que aborten en Madrid serían obligadas a recibir información sobre un supuesto síndrome post aborto que la ciencia no reconoce. Almeida dio la orden de apoyar esta iniciativa, a pesar de que no necesita a Vox con su mayoría absoluta y podía haberla dejado caer, para evitar que la ultraderecha le abriera un flanco con los sectores más ultracatólicos.

Ante la polémica creada, el alcalde aguantó el pulso un día, y la dirección de Alberto Núñez Feijóo, a través de su portavoz, Ester Muñoz, respaldó esa decisión de “informar” a las mujeres de ese supuesto síndrome posaborto. Después Almeida rectificó, forzado por Feijóo, que ve como Sánchez le ha abierto un nuevo boquete interno y quiere hurgar en una herida que el PP nunca ha cerrado.

Este asunto ha recorrido todos los debates internos del PP durante años y llevó incluso a la dimisión de uno de sus dirigentes más destacados, Alberto Ruiz-Gallardón, que salió del Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 cuando le tumbaron la reforma restrictiva que había promovido.

Feijóo ha intentado de nuevo cerrar este episodio con una carta que envió a Sánchez en la que se distancia de Ayuso y dice: “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”.

Sin embargo, el Gobierno cree que Feijóo no ha cerrado el debate interno con esta carta, porque Ayuso sigue en rebeldía con el aborto y no parece dispuesta a ceder ni su líder parece tener autoridad para convencerla. Y sobre todo el Ejecutivo cree que Vox, que está creciendo en las encuestas, tendría una fuerza muy importante si sigue subiendo y por tanto podría condicionar la posición del PP en este asunto por mucho que su líder diga lo contrario.

Por eso, y también para meter presión a autonomías como Madrid y Andalucía que siguen cercenando el derecho al aborto en centros públicos, algo que no sucede en el resto de Europa, el Gobierno ha decidido mantener este asunto en la agenda con varias vías. Una es la de la reforma constitucional, que es inminente vaya o no este martes, y otra también es la del aparato jurídico que se pondrá en marcha para forzar a Madrid a cumplir la ley del aborto y renunciar a esta rebeldía.

También hay un equipo en La Moncloa coordinado con el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, de Más Madrid, que está estudiando los posibles instrumentos jurídicos de respuesta, desde un recurso contencioso administrativo a un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Hay muchas cuestiones pues en estudio pero la orden política es clara: cargar muy fuerte con el tema del aborto que esta vez no ha surgido del Gobierno, sino de un error del PP que el Ejecutivo piensa aprovechar al máximo.