Sánchez propone incluir el derecho al aborto en la Constitución para evitar que el PP y Vox puedan ponerlo en riesgo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará al Congreso una propuesta de reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución y blindar así este derecho. La iniciativa llega como respuesta a la última polémica por la moción de Vox apoyada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid en la que se planteaba la obligación de informar a las mujeres de un supuesto síndrome post aborto sin ninguna base científica. Ante el riesgo de que el PP y Vox pongan en cuestión este derecho, sancionado por una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno plantea incluirlo en la Constitución. “Además, el Ejecutivo impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica”, aseguran en La Moncloa.

La reforma de la Constitución necesitaría una mayoría cualificada de tres quintos para su aprobación, por tanto, el voto a favor del PP. Se trata de una medida de presión para forzar al partido de Alberto Núñez Feijóo a definirse claramente sobre el aborto. El PP, que tiene una gran división interna sobre este tema, ha intentado que pase a un segundo plano y en su último congreso ni siquiera lo trató en su ponencia política. Pero la presión de Vox, que está subiendo en las encuestas, hace que el PP se vaya a la derecha y asuma postulados de los ultraderechistas, como ha sucedido en la moción en el Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo rechazan aprobar la iniciativa del Gobierno y dicen a Pedro Sánchez que “se olvide” de contar con el PP para reformar el texto constitucional que, inciden, “está incumpliendo al no presentar los Presupuestos”. Califican la propuesta del Ejecutivo de otro “señuelo” para distraer la atención de los casos de corrupción que afectan a su entorno y apuntan que “la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Constitucional”.

Ante la polémica creada, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, matizó y reconoció que no hay evidencia científica del síndrome post aborto y ha garantizado que no se obligará a las mujeres a recibir esa información. Sin embargo, el Ejecutivo teme que pueda haber más iniciativas similares y por eso plantea blindar el aborto en la Constitución. Se haría a través de una reforma ordinaria, sin necesidad de disolución de Cortes y convocatoria de referéndum.

“El Gobierno propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Ley Fundamental. En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, señalan en el Ejecutivo.

Si se lograra aprobar esta reforma, algo difícil de imaginar con ese rechazo del PP, cuyos votos son imprescindibles, “España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024″, señala el Gobierno. De hecho, cuando se aprobó esa reforma en Francia, el año pasado, Sumar planteó que en España también se llevara a la Constitución, pero entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que era inviable porque el PP la rechazaría. Ahora Sánchez plantea esta iniciativa que su ministra había descartado. Meses después de ese rechazo, el PSOE metió esta idea en la ponencia de su congreso en Sevilla, aunque hasta ahora no la había recuperado.

Además, el Ejecutivo planteará una reforma de la ley del aborto para “establecer la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”, explican desde La Moncloa.

El asunto del aborto es especialmente sensible, y el PP siempre ha tenido problemas políticos con él. Se cumplen ahora 40 años de la primera despenalización, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Alianza Popular, origen del PP, fue quien recurrió la ley de UCD de 1983. El recurso lo presentó el abogado José María Ruiz Gallardón en nombre de AP. En 2014, después de promover una reforma regresiva del aborto para limitarlo, su hijo, Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, dimitió cuando Mariano Rajoy decidió meter la ley en un cajón al comprobar la división que generaba entre su electorado, según las encuestas que se hicieron desde La Moncloa en ese momento.

Antes, el PP de Rajoy ya había presentado un durísimo recurso ante el Constitucional contra la ley del aborto de Zapatero, de 2010, que es el que se resolvió en 2023, 13 años después, avalando la ley de plazos y la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres.

Feijóo tiene ahora un problema similar al de Rajoy, con su electorado dividido, y había optado por aparcar el debate, pero la decisión de Almeida de aceptar los postulados de Vox lo ha devuelto al primer plano, mostrando así la derechización del PP en los últimos años. La diferencia con Rajoy es que entonces el PP competía con el PSOE por el voto de centro, y ahora Feijóo parece más preocupado por su competencia con Vox en la derecha.

El Gobierno está convencido de que un Gobierno de PP-Vox tendría este asunto como prioritario porque los ultraderechistas lo tienen como una cuestión central y la plantearían en cualquier acuerdo, y por eso cree que la solución es blindarlo en la Constitución, pero para eso necesitaría el concurso del PP.

Otro de los problemas que se encuentra el aborto por motivos políticos es que algunas comunidades autónomas no facilitan que se haga en centros públicos. La diferencia es abismal. Según datos de un reciente estudio del Instituto de las Mujeres, mientras en algunas autonomías el porcentaje de abortos en centros públicos es importante -Cataluña 41,8%, Navarra 35,1%, País Vasco 28,7%- en otras es mínimo: en Madrid, la más baja, es del 0,27%, Murcia del 0,6% o Castilla-La Mancha del 0,9%. “Este desequilibrio evidencia una falta de equidad en el acceso al derecho a decidir, condicionada por el lugar de residencia”, señala el informe. Sánchez ya destacó esta cuestión el jueves en Copenhague, pero son competencias autonómicas y el Gobierno no tiene manera de obligar por ejemplo a la Comunidad de Madrid a facilitar el aborto en centros públicos.