Podemos lleva al límite su perfil de oposición y pone en riesgo el desembolso de 10.000 millones

Podemos, instalado en una estrategia de oposición al Gobierno para presentarse como la alternativa real de la izquierda, ha llevado al límite su órdago en el Pleno de esta semana y amenaza con tumbar este miércoles en el Congreso la ley de movilidad sostenible. La norma, uno de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y fundamental para el desembolso de en torno a 10.000 millones de euros de los fondos europeos, necesita, a priori, al menos una abstención de los cuatro diputados de Podemos para ver la luz. Pero la formación izquierdista, que la ve poco ambiciosa, no está dispuesta a darlos a cambio de nada y asegura que, de momento, el Ejecutivo tampoco ha negociado ninguna contraprestación concreta con ellos. Los partidos del Gobierno siguen buscando una salida para evitar que la medida decaiga. De fondo, creen que está el endurecimiento de la posición estratégica de Podemos en la izquierda de cara a las próximas generales.

En el Ejecutivo defienden que la norma moderniza el transporte, impulsa la descarbonización y obliga a las empresas a contar con planes de movilidad sostenible al trabajo, entre otros ejes. Aunque no es suficiente para el partido de Belarra, las demandas de la organización no tienen que ver con el contenido de la ley. Podemos reclama que el PSOE paralice las ampliaciones del aeropuerto del Prat y del puerto de Valencia, dos reivindicaciones que han formulado otros partidos de la izquierda y la sociedad civil organizada, pero que en ningún caso entra en los planes del Gobierno. “No tiene ningún sentido aprobar una ley de movilidad sostenible cuando al mismo tiempo se produce la enorme incoherencia de llevar adelante proyectos desarrollistas, incompatibles con una visión ecologista, con el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ e insostenibles socialmente”, justificó este martes en rueda de prensa la secretaria general de la formación. Pero hasta quince asociaciones pidieron este martes en un comunicado a los grupos pueden su apoyo al proyecto de ley.

Belarra denunció en esa misma comparecencia en la Cámara baja que el Ministerio de Transportes, de quien depende el proyecto, no ha tratado de convencerlos, aunque en el otro lado aseguran que sí ha habido contactos y estos se han multiplicado en las últimas horas. “Lo que propone Podemos es reforzar nuestra coherencia como país, que las leyes que aprobemos se parezcan en algo en lo que hacemos en términos de obras públicas (...) Son cuestiones de puro sentido común”, defendió la diputada.

Pese a que en esta legislatura se ha demostrado que no puede darse nada por sentado, nadie duda, sin embargo, de que Podemos pueda llevar hasta el final su advertencia. Ya hizo caer en los primeros compases de la legislatura el decreto sobre el subsidio por desempleo, el impuesto al diésel, las medidas contra el apagón propuestas por Transición Ecológica y, más recientemente, el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña. Esta semana también ha dejado en el aire su voto sobre el embargo de armas a Israel, que ve un “engaño”, aunque en este caso pocos ven que pueda llevar su amenaza hasta las últimas consecuencias. Ayer, las asociaciones propalestinas que impulsaron hace meses una proposición de ley para prohibir el comercio de material militar con ese país -históricamente cercanas a los postulados de Podemos-, metieron presión al partido al pedir a las puertas del Congreso que todos los grupos lo apoyen y permitan introducir mejoras en su tramitación parlamentaria. “España es el único país en el mundo que tiene aprobado ya un embargo de armas y lo que se va a decidir es si lo anula. No debería haber nadie en este hemiciclo interesado en que este real decreto ley no salga. Solo Netanyahu”, reprochó muy dura la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero.

Con una Cámara baja de mayorías tan ajustadas, todos los votos cuentan. Después de días sin confirmar su postura, fuentes del gabinete de la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, aseguraron el martes que darían su apoyo a la ley de movilidad sostenible. El Gobierno también miró la semana pasada a UPN que, durante el debate, no da a conocer su postura, aunque traslada que no hay negociaciones en marcha. Con un no de Podemos, y siempre y cuando el resto de grupos de la investidura respalden la norma, la abstención de Alberto Catalán también sería suficiente para aprobarla (174 noes frente a 175 síes), pero rompería el bloque natural (suele alinearse con PP y Vox) sin que haya por ahora una motivación conocida. La aritmética es endiablada, se cuenta hasta con el exministro José Luis Ábalos, implicado en supuestos casos de corrupción, y tampoco puede faltar ningún diputado a la votación. El debate se dará la tarde de este miércoles.