La Fiscalía reclama al Supremo la absolución de García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, reclama la absolución del fiscal general del Estado en el juicio que se celebrará en los próximos meses en el alto tribunal. Sánchez Conde, número dos de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía y que ejerce como fiscal en el procedimiento contra él por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su escrito de conclusiones y las pruebas que solicita ante la vista oral. La Fiscalía pide la declaración como testigo de 19 personas, entre ellas, González Amador; el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; y diez periodistas (tres de ellos de EL PAÍS) que aseguraron que conocían el contenido del mail supuestamente filtrado antes de que este llegara a García Ortiz.

“Ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres y el letrado Carlos Neira”, asegura en su escrito Sánchez Conde, que pide la libre absolución del jefe del ministerio público por falta de pruebas contra él. La teniente fiscal defiende también que, en cualquier caso, el contenido del correo cuya filtración se investiga no era secreto cuanto supuestamente lo recibió García Ortiz, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, porque varios periodistas que han declarado en la causa como testigos han asegurado que, antes de esa hora, conocieron detalles del pacto que el abogado de González Amador estaba negociando con la Fiscalía.

El relato que Sánchez Conde hace en su escrito de conclusiones sobre lo ocurrido entre el 13 y el 14 de marzo del año pasado, al contrario del plasmado por el magistrado Ángel Hurtado en sucesivos autos de la causa, no comienza a las 21.29 del día 13 con la publicación en El Mundo de una información en la que se aseguraba que la fiscalía había ofrecido un acuerdo al abogado de González Amador para que admitiera dos delitos fiscales. La teniente fiscal remonta los hechos a unas horas antes de la difusión de esa noticia, cuando el jefe de gabinete de Rodríguez contactó con “múltiples periodistas” para transmitirle esa información, que resultó ser falsa, ya que realmente había sido el letrado de González Amador el que había propuesto al fiscal del caso un acuerdo que implicaba admitir la comisión de dos delitos fiscales a cambio de rebajar la pena de prisión que podía reclamar el ministerio público.

Esta versión, que fue recogida por diversos medios y publicada por Miguel Ángel Rodríguez en su cuenta de X, suponía, según Sánchez Conde, “atribuir al ministerio fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio”. Como consecuencia de la publicación de esas informaciones, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contactó con García Ortiz, y este pidió que se le informase de la actuación que había llevado a cabo la Fiscalía de Madrid respecto de la pareja de Ayuso. La teniente fiscal defiende que esta reclamación del fiscal general se ciñe a lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece la facultad del jefe del ministerio público para impartir órdenes e instrucciones a sus subordinados y la obligación de estos de comunicar hechos relevantes.

Sánchez Conde se refiere también a una nota de prensa publicada por la Fiscalía Provincial de Madrid la mañana del 14 de marzo para explicar lo ocurrido. Esa nota precipitó la querella de González Amador y del Colegio de Abogados de Madrid contra la Fiscalía al entender que contenía detalles confidenciales, un extremo que el Supremo descartó de inicio al abrir la causa contra García Ortiz, pero que el juez Hurtado ha recuperado a lo largo de la instrucción. “Esta nota contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales”, apunta Sánchez Conde.

Tras conocerse el escrito del fiscal, el PP ha cargado contra esta petición. “La Fiscalía, dirigida por el fiscal general, pide absolver al fiscal general del Estado”, ha escrito el partido en un tuit en su cuenta oficial de la red ‘X’. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha expresado en los mismos términos en la red social. “O sea, el fiscal general del Estado no se acusa a sí mismo y pide que el Supremo le absuelva. ¿Es que alguien podía imaginar que García Ortiz fuese a acusarse a sí mismo?”, se ha preguntado, para añadir que “esto es una anomalía democrática histórica”.

El escrito de la teniente fiscal incluye también los testigos que la Fiscalía pretende que comparezcan en la vista oral, entre ellos, además de la pareja y el jefe de gabinete de Ayuso y una decena de periodistas, la Fiscalía solicita que sean citadas la fiscal superior de Madrid; la jefa provincial, Pilar Rodríguez, que estuvo imputada en el Supremo hasta junio pasado; así como Julián Salto, el fiscal que interpuso la denuncia contra González Amador; los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid; y dos agentes de la Guardia Civil que han elaborado los informes en los que se basa pare de la acusación contra García Ortiz.

El juicio contra el fiscal general no tiene todavía fecha, pero la intención del Tribunal Supremo es hacerlo en torno al mes de noviembre. El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco que suscribieron el auto a la que se considera adscrita al sector progresista. A estos cinco, fuentes consultadas señalan que se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, que en este caso es la magistrada Ana Ferrer.