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Investigan a una mujer por matar presuntamente a su hija discapacitada al hacerle inhalar gases tóxicos en La Palma

La sospechosa, una conocida activista por los derechos de las personas con minusvalía, está hospitalizada tras intentar suicidarse

La Palma, en una imagen de archivo

El juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma ha iniciado este martes las diligencias previas contra una mujer por un presunto delito de homicidio. La sospechosa es Eugenia Paiz, una conocida activista por los derechos de las personas con discapacidad, quien ahora ha sido señalada de matar a su hija Rebeca, de 32 años y que padecía una discapacidad severa, al hacerla inhalar gases tóxicos.

Las primeras pesquisas policiales, según recoge el Tribunal Superior de Canarias, apuntan a que la inhalación de gases fue provocada por la propia madre de la víctima. La mujer se encuentra hospitalizada tras supuestamente intentar quitarse la vida del mismo modo.

La madre ―y principal sospechosa del homicidio― fue una de las denunciantes e impulsoras de un recurso que derivó en la condena de un exdirector de la Residencia para Personas con Discapacidad de Triana, en la isla La Palma, centro de atención en el que estaba su hija. La sentencia se remonta a julio de 2023, cuando el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma consideró probado que el director del centro, Jose Ameen Mustafá Díaz, cometió tres delitos contra la integridad moral al someter durante años a tres usuarios a “prácticas vejatorias y humillantes”.

La sentencia de 2023 explica que la dirección del centro —dependiente del Cabildo de La Palma, aunque con gestión privada— sometía a tres de estos internos a prácticas como el “aislamiento abusivo en el denominado Espacio Reeducativo, privándolos de la compañía del resto de internos y personal del Centro por espacios prolongados de tiempo”. Además, les echaba encima garrafas de agua fría, “extraídas del frigorífico”; usaba “mecanismos de contención física” como manoplas, sujeciones en la deambulación, sujeciones en cama, camisas de fuerza y sujeciones en las sillas “de forma abusiva y arbitraria”; y restregaba en la cara y la boca de los residentes sus heces y orines, supuestamente “a fin de corregir determinadas conductas relacionadas con el control de esfínteres”.

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