Las sanciones de España a Israel, un encaje de bolillos entre ‘realpolitik’ y principios

Las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno para intentar frenar el exterminio de la población palestina –Pedro Sánchez ha utilizado el término “genocidio”, pero poniéndolo en boca de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y de “la mayoría de los expertos”— son un encaje de bolillos entre la realpolitik y el propósito de defender el derecho internacional y dar cauce a la indignación de la población española ante la masacre de más de 64.500 personas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños.

Hay muchas medidas que el Gobierno español no podía adoptar, ya que escapan a sus competencias, como la suspensión del acuerdo de asociación entre Israel y la UE y las ventajas comerciales derivadas del mismo, cuya revisión viene exigiendo España desde hace más de un año. Pero hay otras que estaban en su mano e inicialmente descartó, como las de carácter diplomático.

Estas abarcan una amplia gama: desde la llamada a consultas de la embajadora de España en Israel, Ana Salomon, a la retirada definitiva de la misma o, en último extremo, el cierre de la Embajada en Tel Aviv y la ruptura de relaciones. Aunque su socio de Gobierno Sumar las ha reclamado, Sánchez no quiso recurrir en principio a ninguna de ellas, ni siquiera la llamada a consultas, que aplicó en 2024 con Argentina y en 2018 y 2021 con Nicaragua; en ambos casos, en respuesta a los insultos y exabruptos de sus respectivos mandatarios. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se había resistido a esta medida por considerar que podía privar a España de interlocución no solo con el Gobierno de Israel, sino también con los grupos de la sociedad civil que se oponen a Netanyahu y, sobre todo, con la autoridad palestina. Cualquier autorrestricción a la actividad de la Embajada española en Tel Aviv podría ser respondida con trabas al Consulado español en Jerusalén, que ejerce como Embajada oficiosa ante el Estado palestino; y limitaría su capacidad para asistir a conciudadanos en Israel y a sus familias, como es el caso de Yaakov Pinto, el melillense de 25 años asesinado esta misma mañana en un atentado terrorista en Jerusalén, o de los españoles que ahora navegan en la flotilla que se dirige a Gaza para intentar romper el bloqueo, según fuentes diplomáticas.

Sin embargo, a por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que llamaba a consultas a la embajadora en Tel Aviv después de que el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, tildara al Gobierno español de “antisemita” y “corrupto” y anunciara la prohibición de entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La llamada a consultas, que hasta ahora se había evitado con Israel y Rusia, pese a las guerras de Gaza y Ucrania, supone que la embajadora estará ausente del país por tiempo indefinido antes de regresar. No obstante, las escaladas diplomáticas nunca se sabe cómo terminan, advierte un exembajador: España tuvo que retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, ya que la llamada a consultas no bastó para frenar las diatribas de Milei; mientras que Ortega no dejó entrar en Nicaragua a la embajadora española cuando Exteriores decidió mandarla de vuelta. En todo caso, la ausencia de los respectivos embajadores --Israel retiró a su máxima representante diplomática en Madrid en mayo de 2024, tras el reconocimiento del Estado palestino y su puesto sigue vacante-- ilustra el deterioro de las relaciones bilaterales.

La medida estrella de las anunciadas por Sánchez es la “consolidación jurídica del embargo de armas a Israel que se venía aplicando de facto desde octubre de 2023”, cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás. El hecho de que se respalde el embargo con un instrumento legal, un real decreto ley que se aprobará este martes, es un avance y acaba con la inseguridad jurídica que suponía excluir a empresas israelíes de concursos públicos sin respaldo legal alguno; lo que dio pie a que el Ministerio de Interior cambiara varias veces de criterio respecto a la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil.

La consagración legal del embargo de armas a Israel ya estaba prevista en la proposición de ley que Sumar y ERC presentaron en el Congreso y se admitió a trámite en mayo pasado. El proyecto está actualmente en la Comisión de Defensa de la cámara baja, por trámite de urgencia y con competencia legislativa plena, por lo que su aprobación podría ser muy rápida. Sin embargo, el plazo de enmiendas se ha ampliado ya cinco veces y expira este miércoles si no vuelve a dilatarse.

Falta por ver si el decreto ley que aprobará este martes el Gobierno es tan exhaustivo como la proposición de ley. El presidente ha anunciado que se prohibirá “de manera permanente comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar”. De sus palabras puede deducirse que no incluye los productos de doble uso (electrónica, ciberseguridad) en los que Israel tiene una industria puntera, y habrá que ver la letra pequeña para saber si afecta al mantenimiento de los productos israelíes en servicio en las Fuerzas Armadas españolas, que es la mayor preocupación de Defensa.

Las ventas de la industria militar española a Israel son muy reducidas: 49,1 millones de euros entre enero de 2023 y junio de 2024, según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, pero la mayor parte de esta cantidad (47,9 millones) correspondieron a 18 blindados para el Ejército de Filipinas que fueron armados en Israel. Respecto a las importaciones de material militar israelí, no hay cifras oficiales. Un estudio del Centro Delàs aseguró que España había comprado armas a Israel por más de 1.000 millones desde el inicio de los bombardeos de Gaza, pero algunos de los contratos incluidos en esa lista se han suspendido.

El embargo también abarca, según ha precisado el presidente, “la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustible para las Fuerzas Armadas israelíes”. Se supone que la prohibición del tránsito del combustible se suma a la de armamento y equipos militares. España ya mantenía esta prohibición, que ha supuesto vetar la escala de buques al menos en tres ocasiones, lo que le ha valido la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos. Sin embargo, esta prohibición solo se aplica a los buques que declaran en su manifiesto de carga que llevan armas, ya que las autoridades españolas no actúan de manera proactiva y no inspeccionan aquellos barcos que, según denuncian las ONG, son sospechosos de participar en el tráfico de armamento para Israel.

También se denegará, según ha anunciado Sánchez, “la entrada al espacio aéreo español de aeronaves de Estado que transporten material de defensa con destino a Israel”. Se trata de una medida dirigida en la práctica a Estados Unidos, cuyos aviones militares o fletados por el Pentágono transportan equipos militares a Israel. Como sucede con los buques, España no inspecciona los aviones estadounidenses que hacen escala en las bases de Rota o Morón de la Frontera, pero una vez que la prohibición se ha adoptado formalmente, un incumplimiento de la misma por parte de Washington supondría un serio conflicto diplomático.

Las otras medidas anunciadas por Sánchez resultan menos conflictivas. La prohibición de entrar en España que ahora afecta a una docena de colonos violentos se ampliará a “todos los que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y crímenes de guerra en la franja de Gaza”. No se sabe cuáles serán los criterios para figurar en esta lista (condena firme, proceso judicial o información de inteligencia), pero España ya se ha comprometido a aplicar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y alguno de sus colaboradores en el caso de que pise su territorio.

Desde el punto de visto comercial, se prohibirá la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en territorio palestino. Los expertos señalan que se trata de una parte mínima del comercio bilateral y que para aplicarla es necesario que se cumpla antes la orden de etiquetar los productos de los asentamientos, una medida acordada por la UE hace años. La limitación de los servicios consulares prestados a los españoles residentes en las colonias israelíes en territorio palestino es la única medida diplomática del paquete de sanciones y tienen carácter simbólico.

Más importante es el refuerzo del apoyo a la población palestina. Además de ampliar la contribución española a la misión europea en el paso de Rafah entre Egipto y la Franja, en la que ahora participan 10 guardias civiles, se destinarán otros 10 millones de euros a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y se aumentará la ayuda humanitaria a Gaza hasta alcanzar los 150 millones en 2026, siempre que se levante el bloqueo israelí. Como ha reconocido Sánchez, España carece de instrumentos para frenar el exterminio de la población palestina pero, a falta de cirugía, puede intentar prestar cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento.