Ceuta y Melilla, primeros Gobiernos del PP que solicitan la contingencia migratoria para reubicar a sus menores migrantes

Ceuta y Melilla han solicitado al Gobierno que declare la contingencia migratoria en su territorio, un paso imprescindible para activar la reubicación de menores extranjeros no acompañados en otros territorios. Ceuta ha sido el primer Gobierno del Partido Popular que pide esta medida, una demanda de auxilio que cuenta con el rechazo frontal del resto de comunidades populares que la han recurrido tanto en el Supremo como en el Constitucional. Le ha seguido Melilla, también en manos de los populares. Además de las ciudades autónomas, también ha pedido la contingencia Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el Partido Popular. Estos territorios dan por fin el pistoletazo de salida después de más de un año de negociaciones y trámites parlamentarios y legislativos que permitiesen activar la reubicación de unos 4.000 menores en otras comunidades menos saturadas. El último paso se dio este martes cuando el Consejo de Ministros aprobó el último real decreto necesario para dimensionar la capacidad de todos los sistemas de acogida y, en consecuencia, los compromisos que debe asumir cada comunidad autónoma.

Ceuta tiene a su cargo a más de 500 niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares cuando su capacidad de acogida es de apenas 27 plazas. Su sistema está al 1.800% por encima de su capacidad. En el caso de Melilla, el Gobierno de la ciudad autónoma acoge actualmente a 160 menores, con una capacidad de 28 plazas. Canarias, por su parte, acoge a más de 5.000 cuando su capacidad es de 737, según los cálculos del Ministerio de Juventud. De acuerdo con la nueva legislación, cualquier comunidad autónoma puede pedir la declaración de contingencia migratoria siempre que su sistema se encuentre al triple de su capacidad.

El pedido de auxilio Ceuta y Melilla pone frente al espejo la contradicción con la que convive el PP con la gestión de los menores migrantes. Mientras las comunidades autónomas prometen poner todos los obstáculos posibles a las reubicaciones, con el beneplácito de la dirección nacional, los territorios saturados no ven otra forma de resolver la sobreocupación. Un ejemplo de esta batalla en dos direcciones es el del pasado 17 de julio, cuando los consejeros del PP decidieron plantar a la ministra de Juventud, Sira Rego, en la Conferencia Sectorial de Infancia, pero no contaron con Ceuta. La reunión se suspendió por falta de quorum y el consejero ceutí, que había asistido de forma presencial, tuvo que volverse a su casa.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha hecho siempre campaña por que saliese adelante la modificación de la ley de extranjería que ha permitido este mecanismo de reparto, incluso cuando el clima entre el Gobierno y el PP alcanzaba los niveles más broncos. No ha sido el caso de Juan José Imbroda, que ha mantenido un perfil bajo desde Melilla. La reforma salió finalmente adelante con el no del PP y Vox y el apoyo de Junts.

El Ministerio de Juventud e Infancia tiene ahora que aprobar esas declaraciones, algo que hará en breve para acelerar el proceso. Y a partir de entonces se seguirá el protocolo acordado para los traslados. Habrá un año para redistribuir a los niños que ya están acogidos, aunque la ley también marca que los menores que lleguen a comunidades, con la contingencia migratoria declarada, deberán ser reubicados mucho más rápido, en un plazo máximo de 15 días.

Hasta el momento, 11 comunidades autónomas (todas del PP, excepto Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE) han presentado recursos contra la reubicación de menores en sus territorios. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indicó este miércoles que no concibe que haya comunidades autónomas que, llegado el momento de acoger a los menores migrantes que les sean asignados en el reparto establecido por decreto ley, se opongan a acatar la norma. “Esto es ley. No deberíamos decirlo, pero si es una ley, estamos obligados a cumplirla. Por supuesto que pueden acudir al Tribunal Constitucional o al Supremo, ya lo han hecho, pero no me cabe en la cabeza que no vayan a cumplirla”.

La mayor parte de los menores migrantes no acompañados se encuentran en los centros de acogida de Canarias, de allí deben trasladarse cerca de 4.000, aunque estos números aún pueden variar porque muchos adolescentes han cumplido la mayoría de edad durante este tiempo de negociaciones y otros tantos han pedido asilo y será el Estado quien deba acogerlos. En cualquier caso, según los cálculos del Ministerio de Juventud, la mitad deben ir a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso indicó este miércoles que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, que sería el tercero de la Comunidad de Madrid contra el reparto de menores; la Consejería de Inclusión Social de Andalucía explicó que está estudiando si es viable recurrir ante el Constitucional; y el Ejecutivo de Mazón ya interpuso a inicios de agosto un recurso ante el Supremo. También Aragón indicó que aunque iban a trabajar “en la acogida de estos menores” su intención era recurrir “todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso”.

Baleares, por su parte, ha anunciado que intentará acogerse también a la declaración de contingencia migratoria. En un contexto de cientos de llegadas en patera a las islas, sus sistemas de acogida mantienen a más de 600 menores cuando tienen capacidad para 400. Los números no dan para la declaración (deben situarse al triple de su capacidad de acogida), pero el objetivo del Ejecutivo de Marga Prohens no es activar un reparto, sino evitar tener que acoger más.