El Constitucional cierra el debate de la amnistía y se prepara para votar este jueves

El Tribunal Constitucional hará público este jueves la sentencia por la que da su aval a la ley de amnistía. La resolución llega tras una deliberación de cuatro días. Los magistrados comenzaron el lunes y dieron por cerrado el debate este miércoles, a la espera de incorporar algunas modificaciones de redacción y refuerzo de argumentos que apenas alterarán la aprobación de la norma.

La última fase del debate se ha centrado en supuesta lesión de principios constitucionales y derechos fundamentales que implicaría la amnistía, según la impugnación del PP.

Esta tesis fue rechazada por la mayoría progresista del tribunal, que entiende que la exposición de motivos de la ley justifica plenamente el interés público de su contenido, porque su objetivo fue “una mejora de la convivencia y de la cohesión social” en España en general y en Cataluña muy en particular, con independencia de cuáles fueran los pactos políticos que permitieron su aprobación en el Parlamento.

La determinación de la mayoría progresista, unida en torno al contenido esencial del borrador de sentencia, ha facilitado que el debate del Constitucional haya avanzado con rapidez. El sector conservador, de hecho, ha optado por evitar la confrontación punto por punto, manteniéndose a su vez unido en torno a las tesis que planteaba el recurso del PP sobre la falta de encaje constitucional de la amnistía y sobre la vulneración de principios jurídicos básicos y de derechos fundamentales que a su juicio supone esta norma.

El magistrado conservador Ricardo Enríquez es el que ha consumido mayor tiempo en los turnos de palabra para justificar su crítica a la ley. Los otros tres integrantes del grupo conservador –Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa- han optado por exponer una exposición más detallada de sus argumentos a través de los votos particulares, con el fin de defender la tesis de que la normativa es inconstitucional, aunque la Constitución no la prohíba explícitamente. Dichos magistrados estiman también que la norma es lesiva del derecho a la igualdad y del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, en la medida en que surgió de una negociación política para garantizar un pacto de investidura.

Frente a ello, el grupo progresista ha defendido la plena autonomía del Parlamento para legislar en términos acordes con sus competencias constitucionales, entre las que cabe la amnistía, razonando el interés general de sus propósitos y objetivos.

Este punto es importante porque la sentencia avalará la norma este jueves, pero con una exigencia inexcusable, la de que persiga una finalidad útil para la sociedad, sin entrar a juzgar por ello qué fuerzas políticas participaron en el acuerdo, entendiendo que la búsqueda de pactos es consustancial a la labor del Parlamento. La mayoría progresista del Constitucional estima, en suma, que el perdón a los líderes del procés no vulnera el derecho de igualdad, máxime cuando el fallo va a incorporar la misma medida para quienes cometieron algún delito en actos o iniciativas contra los planes independentistas.

Fuentes del grupo progresista consideran que la sentencia sobre la ley de amnistía viene a cerrar de algún modo el círculo de la labor realizada por el Constitucional ante el procés. Primero, con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de desconexión y la ilegalidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, para luego avalar la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el objetivo de suspender la autonomía de Cataluña.

Ahora, entienden, el objetivo de la ley de amnistía es el de favorecer la vuelta a nuevos cauces de diálogo. Todo ello bajo la premisa del proyecto de sentencia en el sentido de que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último no constituyen, como es evidente, objeto de nuestro control”.