Page se suma a las comunidades del PP y recurre la distribución de menores migrantes ante el Constitucional

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, se ha sumado este martes a las comunidades gobernadas por el PP y lleva la reubicación de menores migrantes al Tribunal Constitucional. El Consejo de Gobierno ha autorizado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley que permite la distribución entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que están hacinados en Canarias y Ceuta. La norma, con la que el Ejecutivo espera iniciar los traslados en verano y que fue convalidada por el Congreso de los Diputados en abril, acumula ya una decena de recursos ante el órgano de garantías.

En el corazón de los argumentos que esgrime el Gobierno regional contra la redistribución está la financiación. Así lo ha sostenido la portavoz Esther Padilla en una rueda de prensa tras la reunión de este martes. “Este Gobierno comparte que la solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños, pero acoger no es solo abrir la puerta, es ofrecer condiciones dignas y, para eso, hace falta financiación”, ha dicho. “Castilla-La Mancha no recibe ni un euro para atender esos más de 500 niños y eso tiene un coste; son 26,6 millones de euros solo la parte de bienestar social, sumando además educación, sanidad… y no nos dan nada”, ha sostenido.

Sin embargo, la redistribución de menores que el Gobierno impulsa sí contempla recursos para las comunidades receptoras de los menores. De hecho, son 100 millones de euros destinados a esa reubicación. Si los nuevos menores implican que Castilla-La Mancha vea superada su capacidad ordinaria, recibirá recursos para ello. “Si recurrimos es porque no podemos hacerlo sin financiación y asumirlo sería atenderlos mal o que nos digan de dónde quitamos el dinero; algo que alimentará el discurso de extrema derecha”, ha insistido la portavoz.

La administración de García-Page argumenta también que hay un “flagrante quebranto del principio de coordinación” entre el Estado y las comunidades autónomas, pues la normativa se ha aprobado sin consenso en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. “Hablamos de falta de cooperación y quebranto del principio de lealtad institucional”, ha enfatizado Padilla.

Fuentes del Gobierno regional sostienen que respaldan el acuerdo que se hizo en 2024 entre el PSOE, Sumar y el Gobierno Canario para la redistribución, pero que no aceptan lo que consideran “cambios de último minuto que impuso Puigdemont”, en alusión a la negociación entre el Gobierno y Junts para que la formación independentista convalidara la norma en el Congreso. García-Page, de hecho, encarna el sector más crítico dentro del PSOE con los pactos del Gobierno con los independentistas. En el caso de la amnistía, también la llevó al Constitucional como acabaron haciendo todas las comunidades del PP.

La capacidad de la red de acogida de Castilla-La Mancha es una de las más deficitarias, según las cifras más recientes que maneja el Ministerio de Juventud e Infancia, y es este criterio el que pesará en la cifra de menores que tendrá que acoger. De acuerdo a esos datos, esa comunidad —igual que Cantabria, Castilla y León o Galicia— cubre menos del 30% de lo que le correspondería. Así, a falta de perfilar los datos exactos con la información que aporten todas las comunidades, sería la sexta comunidad que más menores migrantes recibiría en la redistribución.

Castilla-La Mancha se suma así a Aragón, Madrid, Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Andalucía y Castilla y León que ya han recurrido el reparto ante el Constitucional o han anunciado que lo harán. A su vez, el propio Gobierno central llevó a Aragón también ante el órgano de garantías por negarse a entregar la información sobre los menores migrantes que actualmente acoge, y estudia las vías para que las otras comunidades, que han enviado información imprecisa, suministren los datos. Mientras tanto, en torno a 5.000 menores migrantes que han llegado solos a España se hacinan en instalaciones precarias en Canarias y en Ceuta, a la espera de una solución.