Al menos 1.100 menores tutelados por las autonomías han denunciado abusos sexuales desde 2019

—Tú me follas y yo te consigo cosas.

La frase, que aparece en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encierra en ocho palabras el infierno de una menor de edad tutelada por la región madrileña. Ocurre en 2019. Ella tiene 12 años. Reside en un piso tutelado de régimen abierto. Un día no vuelve a dormir. Desde entonces, y hasta que cumple los 13, protagoniza un drama que tiene como escenarios parques, pisos y chabolas. “Las cosas” que le prometen a cambio de felaciones, masturbaciones y relaciones sexuales son drogas, pequeñas cantidades de dinero, o móviles. Cecilia —nombre ficticio con el que aparece en el documento judicial— ha sido víctima del abuso de varios hombres. Hasta la tragedia la arrastra una tía suya que la usa para conseguir dinero y drogas, y que además la introduce en la cocaína. No es un caso único: al menos 1.113 niños tutelados por las administraciones regionales han denunciado casos de abuso sexual desde 2019, según una investigación de EL PAÍS basada en datos oficiales y peticiones de información hechas bajo el amparo de la ley de transparencia.

Esa cifra, parcial, pues hay regiones que dicen desconocer el dato y otras que se niegan a compartirlo, es la punta del iceberg de un problema que se extiende por toda España. No importa el tamaño de la región, ni cómo se concentran sus poblaciones. Los niños tutelados (más de 30.000), son los más vulnerables entre los vulnerables.

“Posiblemente lo que conozcamos sea solo la punta del iceberg”, dice Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales como representante de Ciudadanos en el gobierno de coalición que alió a este partido con el PP en la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2021. “Está claro que hay fallos graves en el sistema de protección. Se trata de niños muy vulnerables, pues muchos tienen traumas previos, desarraigo familiar o no cuentan con redes de apoyo. Agresores y mafias lo aprovechan. Hay un riesgo claro de explotación sexual”, añade. “Hay falta de recursos humanos y materiales en los centros de protección, con personal saturado, lo que afecta a la detección y prevención de abusos”, empieza a enumerar los problemas. “Hay poca escucha a los menores, sus denuncias a menudo no son atendidas con la celeridad ni la sensibilidad necesarias”, sigue. “Y la coordinación es mejorable entre servicios sociales, educativos, sanitarios, policía y juzgados. Muchas señales de alerta no se comparten y no se actúa a tiempo”.

Los menores viven, en general, con libertad de movimientos. Nada ni nadie les retiene, pues no son culpables de nada. Y por esa puerta abierta a veces entra el diablo.

Ocurrió con Cecilia, la niña de 12 años a la que ofrecían “cosas” a cambio de sexo. O con Sagrario y María Dolores —nombres de nuevo ficticios—, que se fugaron de su piso de protección en Castilla-La Mancha, y siguieron la pista de un conocido hasta un polígono, donde la primera consumió drogas y la segunda fue violada. O con Ruth, una menor tutelada por la Generalitat, que en medio de la pandemia, allá por 2020, recibía estos mensajes de un adulto con el que había roto una relación: “Te voy a matar, te voy a violar, te voy a degollar, te voy a tirar gasolina en la cabeza después de haberte violado y hacerte de todo y quemarte toda”. O con las niñas de la Operación Sana, que en 2022 destapó una red de explotación sexual de adolescentes a las que sus explotadores habían enganchado a las drogas para controlarlas más fácilmente.

“A mí me siguen espeluznando las “ausencias voluntarias” sobre todo de las niñas”, dice Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid especializada en políticas sociales, sobre las consecuencias de la política de puertas abiertas en centros y pisos. “Estos niños y niñas son especialmente vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia, pero muy especialmente las niñas a sufrir violencia sexual”, abunda. “Lo que hay que cambiar es el propio sistema, que tiene graves lagunas”, sostiene. “[Los menores tutelados] No son culpables de nada, por lo que no sería justo que estuvieran encerrados. Tienen que poder vivir”, sigue. Y reclama: “Los educadores no tienen la formación adecuada para prevenir, abordar y atender la violencia sexual, y es crucial la presencia de personal experto en lugar de subastar estos centros al peor postor, donde se paga miseria a los educadores”.

Joaquín Olmedo, abogado miembro de la Subcomisión de Infancia y Adolescencia del Consejo General de la Abogacía, es también muy crítico con la educación y permisividad de los centros de acogida, en los que se mezclan niños españoles y extranjeros: “No se puede consentir que haya menores tutelados en la calle desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Tengo ese riesgo documentado y las autonomías son responsables de los menores desde que asumen la patria potestad”, critica.

La disparidad de cifras entre regiones es tan grande como sus particularidades y distintas dimensiones territoriales y poblacionales. Según argumenta el representante de un gobierno autonómico, los datos más abultados de algunas comunidades (en total, o respecto a su población) pueden simplemente reflejar un mayor interés en escuchar y acompañar a los menores denunciantes, más que un problema mayor que en administraciones con estadísticas menores.

Las agresiones a los niños se dan en el ámbito familiar o por desconocidos, y tras su acogimiento institucional los abusos suceden en los centros residenciales. Si el agresor tiene menos de 14 años, carece de edad penal, por lo que se le deriva al programa de tratamiento para menores agresores y víctimas. Así, se han destapado presuntos abusos en Madrid, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana o País Vasco. Unos dramas que los políticos han empleado para su fuego cruzado de acusaciones, mientras los menores afectados esperaban sus juicios. No todas las denuncias culminan en condena.

Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de 99 denuncias, a 31 de enero había 15 sentencias condenatorias, y 51 procesos en curso. En Asturias se suman 20 de 36 desde 2019. Finalmente, la Generalitat de Cataluña ejerció entre 2019 y 2023 la acusación particular en 458 denuncias por abuso sexual de niños tutelados por esa administración, de lo que se derivaron 50 sentencias condenatorias. Es decir, una de cada nueve denuncias acabó en condena.

“Antes las pruebas y manifestaciones de los niños no se recogían bien y muchas causas se archivaban porque el relato estaba contaminado, pero ahora cuidamos mucho más los testimonios de los menores como pruebas preconstituidas, los informes son más amplios y hay menos revictimización”, defiende Isabel Carrasco, directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña, que tutela a 9.014 menores. El optimismo de Carrasco contrasta con el balance de 2023, el último año con cifras: dos condenas a agresores, cuando la Generalitat defendió a 95 niños ese año, 127 en 2022 y 103 en 2021.

¿Cómo se llega hasta esta situación? “Son niños altamente vulnerables porque la figura cuidadora no ha ejercido ese cuidado. Y el agresor busca a esos niños vulnerables que han vivido una baja autoestima a nivel psicológico, abandono y traumas”, responde Celia Nevado, directora de programas Infancia, Adolescencia y Violencia de la Fundación Márgenes y Vínculos, que gestiona en cinco de las ocho provincias andaluzas el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual en Andalucía.

“Cada año tenemos más casos de abusos sexuales, pero pensamos que no aumentan, sino que tenemos más medios para detectarlos por las nuevas leyes y mejor formación de los profesionales en contacto con los niños”, estima María Jesús Orihuela, coordinadora en la provincia de Cádiz de esa institución.

Para atajar el problema, Reyero reclama contar con plantillas “suficientes y motivadas” para conocer la realidad de los niños a su cargo; establecer protocolos claros; mejorar la formación del personal de los centros en prevención del abuso y atención al trauma; reforzar los controles externos, “con más auditorías e inspecciones”; poner en marcha canales para que los menores puedan denunciar sin miedo ni represalias; y apostar por modelos de protección más familiares e inclusivos (acogida familiar, grupos reducidos), “frente a los centros masificados y en algunos casos, saturados”

“El deseo de toda sociedad es que no existan estos casos y la mayoría vienen de antes de su tutela por la Administración [estando en familia]”, alega Francisco Mora, director general de Infancia, Adolescencia y Juventud en Andalucía. “Pero para que bajen [los datos] formamos más a los profesionales, damos educación afectivo-sexual a los chavales y les instruimos sobre el buen uso de la tecnología, intentamos que los centros tengan cada vez menos niños para actuar de forma más eficaz y que podamos reparar el daño antes”. Sin embargo, mientras las soluciones llegan, el drama sigue.