El PP amenaza con una rebelión contra el reparto de menores de Canarias pero el Gobierno insiste en que hará cumplir la ley

Pese a la tormenta política que tenía delante con el tema del reparto de menores llegados a Canarias, el Gobierno estaba este martes eufórico. Donde los periodistas veían un problema de cumplimiento del decreto aprobado, porque las comunidades gobernadas por el PP rechazaban de plano los criterios fijados para el reparto, el Gobierno veía lo contrario, esto es, una solución definitiva a un asunto que lleva enquistado casi un año.

Todo estaba casi listo antes del verano pasado, después de un pacto entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias, pero en el último momento Alberto Núñez Feijóo, presionado por Vox, que ha hecho de esto una de sus banderas, tumbó la reforma en el Congreso y desde entonces no ha habido manera de encontrar una salida política, pese a la enorme presión que tanto el Ejecutivo como Coalición Canaria y el propio PP de esta comunidad han hecho sobre el líder de la oposición.

Por eso, después de meses de intentarlo con el PP, Pedro Sánchez ordenó a su equipo negociador que lo intentara con Junts, para poder arreglar el problema incluso con la oposición del PP, mediante un decreto. Y también costó muchísimo. Finalmente, tres semanas después del pacto para la delegación de las competencias de migración a Cataluña, Junts aceptó recibir menores, aunque pocos pese a que habían dicho varias veces que no asumirían ninguno. La oposición del PP y de Vox es radical, y algunas comunidades amenazan con declararse en rebeldía y sobre todo iniciar una batalla jurídica.

Pero el Gobierno trasladó a través de diferentes ministros un mensaje rotundo: el decreto es una ley, que será convalidada en el Congreso en las próximas cuatro semanas, y por tanto las comunidades autónomas tendrán que cumplirla. El Ejecutivo no contempla la posibilidad de una rebeldía que impida el reparto de los más de 4.000 menores que Canarias no puede acoger por toda España. Todos los ministros consultados explican en privado y en público que es imposible no cumplir una ley así cuando se trata además de menores, y que hay muchos mecanismos para obligar a las comunidades autónomas a asumir el reparto que fija el decreto en función de los números oficiales que están obligadas a entregar las autonomías en las próximas semanas.

“Esto es una ley y es de obligado cumplimiento, habrá que cumplirla una vez esté aprobada”, aseguraba Sira Rego, la ministra de Infancia, en un mensaje repetido por varios miembros del Gobierno este martes. El Ejecutivo va a intentar consensuar esta política con las comunidades del PP, y de hecho todas las decisiones, los números y los criterios se discutirán en una conferencia sectorial con todos los consejeros, como es habitual, pero si no hay acuerdo, como parece más que probable, las autonomías del PP tendrá que acoger a los menores como todas las demás. Y los recursos que ya están anunciando algunas autonomías, en especial Madrid, con una respuesta muy dura, tanto a la justicia española como europea, no paralizan la aplicación de esta norma, insisten distintos ministros. Por tanto, no hay forma de que el PP se niegue jurídicamente a acoger a los menores, aunque pueda dar la batalla política.

El ministro de Política Territorial y principal negociador de este asunto con el PP, hasta ahora sin éxito, Ángel Víctor Torres, hizo un llamamiento directo a Alberto Núñez Feijóo: “No sé qué Feijóo encontraremos ahora. Porque el año pasado dijo que iba a acoger a los menores a pesar de las amenazas de Vox [ahí se rompieron los gobiernos autonómicos]. Si ahora no los quieren acoger es que esas amenazas de Vox han surtido efecto”, aseguró.

Mientras, en el PP las posiciones eran de rechazo tajante al acuerdo. Entre los populares causa especial indignación que, según proyecciones previas al ajuste definitivo de las cifras, Cataluña vaya a acoger menos de 30 menores y Madrid más de 700. El Ejecutivo argumenta que en la fórmula elegida es muy importante el criterio de cuántos menores se están acogiendo ya ahora mismo, y Cataluña, el País Vasco y Canarias son las tres autonomías que más tienen, por una política histórica de acogida en el caso de las dos primeras y por su posición geográfica en el caso de la tercera. Cataluña tiene más del doble de menores acogidos que Madrid, según los datos de Infancia que se manejaron en la negociación (4.651 en Cataluña frente a 1.992 en Madrid) y, por tanto, es lógico, más allá de la negociación con Junts, que en el reparto de los que necesita sacar Canarias vayan muchos más a la comunidad de Isabel Díaz Ayuso que a la de Salvador Illa.

“Atropello”

Esta explicación del Gobierno no es válida, según la mayoría de los barones del PP, que se pronunciaron este martes radicalmente en contra e incluso hablaron de “atropello”, una palabra que usó desde el valenciano Carlos Mazón, que acaba de pactar los Presupuestos con Vox y rechaza abiertamente recibir ni un solo menor, hasta el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda. Como es habitual, la más dura fue Ayuso, precisamente la que más menores tendría que acoger, por ser una de las que comparativamente menos tiene en relación con su población. “No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a los tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos. Se usan a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”, escribió.

Esta es una posición muy similar a la de Vox, que exige devolver a los menores a sus países. Pero la realidad es que eso no se puede hacer, primero porque no se hacen cargo, porque no se sabe dónde están los padres, y porque la legislación española obliga a acogerlos y cuidarlos como menores que son. El ministro Torres llegó a recordar que España ha acogido sin problemas a miles de menores ucranios, y debe hacer lo mismo con estos. “Que reflexionen los presidentes autonómicos del PP. Fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores ucranianos. Estos menores tienen las mismas edades, la única diferencia es el color de la piel. Los niños no son distintos los unos a los otros por su color de piel, son iguales”, insistió.