España deja en el limbo a 65 opositores rusos que acusan a Exteriores de incumplir su promesa de apoyo y documentación

Aleksandr Shurshev tuvo muchas vidas en Rusia, hasta que se vio obligado a huir para mantener la suya. Fue concejal, militante político, experto en anticorrupción, declarado “agente extranjero” en su propio país y empleado de Alexéi Navalni, el principal opositor del presidente Vladímir Putin hasta su muerte en febrero del año pasado en una prisión de Siberia en circunstancias que apuntan a la mano negra del régimen. Hoy Shurshev es un inmigrante sin papeles en España.

Este opositor ruso, de 42 años, es parte de un grupo de 65 compatriotas exiliados que se mantienen en un limbo desde hace meses después de que, según denuncian, el Ministerio de Exteriores los dejara tirados. Los disidentes se mudaron a Madrid el pasado verano a instancias de las gestiones de varios diplomáticos españoles, pero, sobre todo, tras la “promesa” de que podrían regularizar su situación por una vía rápida y excepcional que nunca llegó. Los opositores acusan al departamento de José Manuel Albares de incumplir su palabra y abandonarlos ahora a su suerte. “Sin esa promesa nunca habríamos venido a España”, mantiene Egor Kuroptev, coordinador del grupo. En Exteriores niegan esa promesa.

El caso se remonta al verano de 2023, cuando los representantes de la organización Free Russia Foundation, que dice reunir y apoyar la mayor comunidad de disidentes rusos, inició una serie de conversaciones con diferentes cargos del Ministerio de Exteriores que, según ha podido comprobar EL PAÍS, les asistieron y les dieron instrucciones sobre los procedimientos a seguir. Kuroptev asegura que sus interlocutores se comprometieron a dar apoyo, visados y permisos de residencia a 206 miembros de su organización.

Entre los disidentes hay perfiles de escritoras, periodistas, activistas antipropaganda y desinformación o prominentes feministas que tuvieron que huir de Rusia y que, como Shurshev, se encontraban exiliados en Georgia. El país caucásico es uno de los destinos prioritarios de los opositores a Putin, pero la deriva autoritaria y de acercamiento al Kremlin de su Gobierno ha deteriorado la seguridad de los disidentes. Este grupo de opositores, que se han manifestado en varias ocasiones en favor de Ucrania y el papel de España durante la invasión rusa, encontraron en diplomáticos españoles el respaldo para ponerse a salvo.

La coordinación se puso en marcha y cerca de un año después, 65 personas obtuvieron el visado correspondiente para llegar a Madrid, gracias a las delegaciones diplomáticas españolas de Rusia, Georgia y Turquía. No fue una gestión menor, teniendo en cuenta las restricciones que desde 2022 impone la UE en la emisión de visados a ciudadanos rusos. “[El compromiso] fue decisivo [para venir a España] después de vernos obligados a mudarnos por segunda vez”, cuenta Shurshev.

En primavera de 2024, dos de ellos solicitaron una autorización de residencia a la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del ministerio que dirige Elma Saiz, en lo que se suponía que era una especie de prueba piloto consensuada entre ministerios. Se concedieron. “Fue una gestión a petición de Exteriores”, explican fuentes involucradas en el caso. “Si no hubiera sido así, no se podrían haber tramitado. Se pidió, se reunían los requisitos y se hizo”, detallan estas fuentes. La fórmula, en teoría, se aplicaría a los siguientes, por grupos, pero no se hizo.

Unos meses después de la concesión de esas autorizaciones, en septiembre del año pasado, los interlocutores en Exteriores cambiaron y los emails de Kuroptev ya no obtenían respuesta. “El resultado es que el grupo reasentado ha pasado más de seis meses en situación irregular en España, sin poder alquilar una vivienda a largo plazo, llevar a los niños a urgencias de forma gratuita, abrir cuentas bancarias o salir del país para despedir a un padre a punto de morir o para continuar sus actividades en conferencias y reuniones internacionales, algo fundamental para su trabajo…”, explica Kuroptev. “Mientras tanto, los que se quedaron en Georgia corren riesgos de seguridad inminentes: varios han sido ilegalmente detenidos o deportados bajo la amenaza de ser extraditados a Rusia”, explica.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que se concedieron los visados Schengen por motivos humanitarios y afirman que estas personas tienen derecho a solicitar protección internacional en España. “En cuanto a traer a más de dos centenares de personas, esa posibilidad nunca se ha considerado a nivel político”, mantienen. Las fuentes no entran en detalles sobre las gestiones ya realizadas, por qué y a instancias de quién se iniciaron o por qué se paralizaron. Las explicaciones oficiales sugieren que hubo un grupo de funcionarios que trabajó durante meses por su cuenta sin que los colaboradores más próximos de Albares tuviesen conocimiento de la operación. Es una posibilidad que los disidentes descartan y que otras fuentes conocedoras de las dinámicas del ministerio consideran “llamativa”. Fuentes al tanto del caso aseguran que las gestiones para facilitar visados y conceder permisos de residencia a este colectivo se realizaron con el conocimiento de altos cargos de Exteriores y de la Secretaría de Estado de Migraciones, como no podía ser de otra forma ante una estrategia de tanto calado.

La situación de estos opositores rusos ha causado una enorme sorpresa en algunos sectores diplomáticos occidentales, tras la información que les dio el destacado opositor ruso Vladímir Kara-Murza en su visita a Madrid del pasado enero. Pese a haber sido recibido entonces por los líderes de Estados Unidos, Joe Biden, Francia, Emmanuel Macron, y Alemania, Olaf Scholz, Kara-Murza, considerado tras la muerte de Navalni como la figura más importante de la oposición rusa junto con Iliá Yashin, no fue recibido por las autoridades españolas. Fuentes conocedoras del caso destacan la importancia internacional que tenía la acogida por parte de España de quienes consideran “héroes de la libertad”. El apoyo a estos opositores servía, además, para impulsar objetivos tan importantes de la política internacional como la lucha contra la desinformación y la propaganda del Kremlin y el respaldo a la contestación interna al régimen de Putin.

Estas fuentes, que consideran lo ocurrido “un escándalo mayúsculo”, insisten en que no solo se ha dejado abandonados a decenas de ciudadanos rusos en suelo español, sino que también se ha puesto en peligro a otros opositores que siguen en Georgia, declarados “agentes extranjeros” por el Gobierno de Tbilisi. “Algunos han empezado ya a ser detenidos. Es algo inaudito que España actúe así”, apuntan.

Cascada de denegaciones

Tras meses intentando entender a qué se debía el repentino silencio, algunos de los opositores acabaron pidiendo autorizaciones de residencia por razones humanitarias por su cuenta, pero para su sorpresa se las han denegado. De los 14 que tramitaron su solicitud, ocho de ellos ya han recibido una denegación por el siguiente motivo: “No ha quedado acreditado que el retorno de la persona interesada al país del que es originaria implique un peligro para su seguridad o la de su familia”.

Shurshev, al que aún no han respondido, no da crédito. “Actualmente, hay 1.400 presos políticos en Rusia, entre ellos periodistas, activistas y ciudadanos rusos comunes que han criticado al Gobierno, se han opuesto a la guerra o han informado sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania. Y el asesinato de Navalni es otro duro recordatorio de que nadie en Rusia está a salvo, especialmente aquellos que participan en actividades políticas o periodísticas”.

La nueva directriz en el Ministerio de Exteriores es que los afectados pidan asilo. “Han roto todas las garantías y promesas que nos hicieron”, lamenta Kuroptev. “No pedimos asilo en su momento porque no fue lo que se nos prometió, ahora no podemos esperar meses o años para obtener un permiso de residencia. De haberlo sabido, nunca habríamos venido aquí”, reclama Shurshev.

El asilo sería el procedimiento adecuado para sus circunstancias y les permitiría salir de la irregularidad, pero no resuelve de forma inmediata el limbo en el que se encuentran. El sistema está colapsado, se tarda meses en lograr una cita y se requieren otros seis meses para obtener una autorización para trabajar. Además, hasta que no se resuelva su petición, algo que puede tardar años, su documentación no es válida para cruzar fronteras.

Algunos, como Shurshev, fantasean con la idea de volver a empezar de nuevo en otro lugar, pero tampoco pueden. “Ahora, después de vivir siete meses en España, no podemos salir a otro país porque si lo hacemos no podríamos volver a entrar en la UE. Pero tampoco podemos permanecer en este estado de limbo indefinidamente, esperando durante años documentos que tal vez nunca lleguen”, explica el activista.