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La Justicia archiva la denuncia del inspector jefe de la frontera de Gibraltar mientras el paso vuelve a la calma

El policía está suspendido de empleo y sueldo por cinco meses y se enfrenta a una posible remoción de su puesto

Jesús A. Cañas
Tránsito de personas en la frontera de Gibraltar el pasado mes de agosto.
Tránsito de personas en la frontera de Gibraltar el pasado mes de agosto.MARCOS MORENO

La calma chicha ha vuelto a la frontera de Gibraltar desde hace tres semanas. O al menos toda la tranquilidad que se le presupone a un paso que atraviesan cada día unas 20.000 personas, sujetas a la permanente tensión de dos países, España y el Reino Unido, con la tarea pendiente de firmar un tratado. Pero ahora trabajadores transfronterizos como Ana Señor no tienen que estar pendientes de la prensa local para averiguar si el inspector jefe del paso, David Barrero, volvía a convertir la Verja llanita en una frontera dura sin aval de sus superiores, a los que también denunció. Barrero, suspendido de empleo y sueldo desde el pasado 26 de febrero, ahora ha visto cómo el Juzgado de La Línea ha archivado el caso al considerar que el paso disfruta de una excepción, tal y como defendían desde Interior y la propia Policía Nacional.

Barrero denunció a sus superiores por prevaricación y coacciones en el Juzgado de Instrucción Número 3 de La Línea de la Concepción el pasado 22 de noviembre, justo el mismo día en el que volvió a establecer por su cuenta el sellado de pasaportes que desató el caos en la frontera por primera vez el 11 de octubre por primera vez. “Llevaba de inspector jefe de la frontera de Gibraltar desde 2022, ¿porqué entonces era flexible y ahora se ha convertido en Blas de Lezo?”, se pregunta Daniel López, vicepresidente del sindicato de mandos, Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que el pasado 4 de marzo acudió a la comisaría de La Línea acompañado del presidente Adolfo Medina para mostrar su apoyo a la comisaria, María José Martínez, y ofrecerle asistencia en lo que pudiese necesitar, ante lo que consideran un pulso contra la superior. “La ha tomado contra ella, no es capaz de entender su mando ni de comprender que no puede ir por libre”, añade Medina.

Aunque la relación de Barrero comenzó a malograrse en la primavera de 2024, el conflicto de raíces aparentemente laborales, pero de implicaciones políticas, escaló con la denuncia penal por prevaricación y coacciones. Apenas tres meses después de ese movimiento legal de Barrero, la jueza titular del Número 3 de La Línea, Alba Serrano, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, según ha adelantado el medio local Europasur y han confirmado fuentes judiciales a EL PAÍS. Serrano esgrime en su auto que existe una “excepción” para los gibraltareños —que son titular de una tarjeta de identidad roja— desde que se materializó el abandono de Reino Unido en enero de 2020 que no hace necesario sellar los pasaportes, justo la medida que el inspector jefe comenzó a aplicar sin aval en octubre.

Barrero —de quien EL PAÍS ha intentado recabar su versión, sin éxito— ya ha anunciado en el medio local su intención de recurrir la decisión judicial. Pero el auto supone un espaldarazo a la gestión de la Comisaría local, la Provincial y la General de Extranjería y Fronteras de las que depende el inspector, ya que la argumentación coincide con la dada por el Ministerio del Interior. Tanto en su denuncia legal como en la pública, el inspector jefe se ha pasado meses argumentando que el actual sistema de control fronterizo —comprobación del titular del documento y el grabado en la base de datos de la entrada y salida— no era legal y precisaba de un sellado de pasaportes en el caso de los gibraltareños por una supuesta brecha de seguridad. “Eso es manifiestamente falso”, apunta Medina, en una argumentación que en el auto de archivo también apunta la juez al asegurar que no existe problema alguno de seguridad.

El inspector jefe dejó de estar físicamente en el puesto fronterizo el pasado 21 de febrero. Ese día anunció previamente su intención de hacer nuevos controles exhaustivos en la Verja. Eso motivó que desde la comisaría de La Línea, ante lo que consideraban un posible riesgo de orden público por las colas que se podrían generar, se le ordenase abandonar el paso y realizar su trabajo en la propia comisaría. Apenas cinco días después, la Dirección General de la Policía confirmó el inicio de la sanción disciplinaria de cinco meses y medio de empleo y sueldo en la que ya está inmerso Barrero. Durante este tiempo, como confirma López, el policía no puede desempeñar trabajo alguno. Transcurrido ese periodo, al ser un cargo obtenido por especial cualificación en un concurso de méritos, lo lógico sería que se incorporase de nuevo a su cargo.

Sin embargo, López es rotundo: “Ya ha comenzado su cese. Con tres faltas graves se puede hacer la remoción de puesto de trabajo y enviarlo a otro sitio”. Ese movimiento es un nuevo proceso administrativo largo y tedioso, pero en el SPP aseguran que es inexorable, máxime cuando al inspector jefe le esperan nuevas sanciones por otras faltas. Por ahora, las que le mantienen apartado del puesto son tres —de 60, 60 y 45 días— por instalar una antena de radiofrecuencia sin autorización en la frontera y por desobediencia y no informar a sus superiores de las medidas que tomaba, todas instruidas en la primavera de 2024. Fue apenas unos tres meses después de que Martínez se incorporase a su puesto de comisaria de La Línea, descubriese que el inspector jefe no daba cuenta de todos sus movimientos, según aseguran fuentes cercanas al caso, y decidiese supeditarlo a la Brigada de Extranjería de La Línea.

Con el devenir de los meses, el conflicto de aparente origen laboral se malogró hasta llegar un extremo complejo en un paso fronterizo sensible y en el que trabajan 112 policías. “Ha generado incertidumbre entre los policías, han sido unos meses de locura colectiva cuando nosotros no estamos para resolver conflictos políticos o diplomáticos. Ha sido un verso suelto, ahora se tendrá que atener a las consecuencias”, defiende Medina. Mientras, en la comisaría dedican estas semanas a contestar preguntas parlamentarias formuladas por el PP y Vox que sospechosamente “son idénticas a las que él mismo hacía”, según apunta una fuente cercana al caso. La duda está ahora en si este rifirrafe impacta en la confianza mutua que España y el Reino Unido llevan ya demasiado intentando forjar para firmar un tratado para Gibraltar que ya va con años de retraso.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
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