El inspector jefe díscolo de la frontera de Gibraltar

Atravesar la frontera de Gibraltar para trabajar es lo más parecido a elegir cada día tu propia aventura. Hay mañanas fluidísimas y otras exasperantemente espesas por motivos que, normalmente, son ignotos al común de los transfronterizos. Pero, a primera hora del pasado 11 de octubre de 2024, el paso que cada día atraviesan unas 20.000 personas entró en una dimensión desconocida. De repente, el inspector jefe del lado español decidió por su cuenta suspender la laxitud de controles a los gibraltareños —activa mientras se negocia el tratado entre España y el Reino Unido que debe regir ese tránsito tras el Brexit— y sellar cada pasaporte. El Peñón aplicó reciprocidad a españoles que, a la desesperada, volvían a sus casas a por sus documentos. La cola se alargó cuatro kilómetros. Muchos ciudadanos ese día ni siquiera pudieron llegar a sus puestos de trabajo y el hospital del Peñón se vio incluso obligado a suspender intervenciones quirúrgicas por la falta de sus sanitarios transfronterizos.

El máximo responsable de aquella orden y del equipo de 112 policías que controlan la frontera de Gibraltar, David Barrero, volvió a repetir la maniobra sin aval de sus supervisores el pasado 22 de noviembre y durante algo más de dos horas. De nuevo, se repitieron las escenas de colas y caos del pasado 11 de octubre, hasta que una contraorden desde arriba volvió a hacer decaer los controles exhaustivos. Pero, aquel día, el agente con más de 30 años de servicio escaló un paso más. Apenas unas horas antes de convertir de nuevo Gibraltar en una frontera dura, se plantó en el Juzgado de Instrucción Número 3 de La Línea de la Concepción y denunció a sus superiores por prevaricación y coacciones. El movimiento, publicado por el periódico comarcal Europa Sur, convirtió en manifiesto lo que hasta entonces era un conflicto larvado desde hace un año entre Barrero, la Comisaría Provincial de Cádiz y la General de Extranjería y Fronteras, instituciones de las que depende.

Barrero, a preguntas de EL PAÍS, alega que el proceso judicial en curso —el juzgado admitió a trámite la denuncia el pasado mes de diciembre— le obliga a guardar silencio. Pero fuentes de su entorno aseguran que lo que hace “es cumplir la ley, porque el problema es que no hay ley que respalde lo que quieren que se haga aquí”. Es justo el planteamiento del escrito presentado al juzgado, en el que asevera que en el paso gibraltareño se producen “prácticas contrarias” al artículo 6, que marca las normas para la entrada de ciudadanos de terceros países, y al 11, sobre el sellado de pasaportes, del Código de Fronteras Schengen. Desde el entorno de Barrero precisan además que el problema radica en que ese supuesto incumplimiento de la normativa le viene de sus superiores por órdenes verbales, “no por escrito”, y que supone una brecha de seguridad para el país. Sin embargo, fuentes policiales lo niegan, alegan que una orden verbal es suficiente en un cuerpo que funciona con una operatividad jerarquizada y aseguran que los controles de seguridad se realizan y no tienen que ver con el sellado o no de pasaportes.

En el delicado statu quo de la frontera de Gibraltar, la literalidad de la denuncia de Barrero podría parecer que tiene asideros, si se atiende a la operatividad que funciona ahora. Pese a que el Brexit del Reino Unido ya se materializó, el Peñón se ha librado por ahora de consecuencias duras en su frontera, gracias al Acuerdo de Nochevieja de 2020, que marcó las pautas generales de la negociación de un futuro tratado, por ahora atascado. Salvo cuando el inspector jefe cambia el paso, los gibraltareños solo necesitan su identity card roja para entrar a España. En reciprocidad, los españoles solo necesitan su DNI, algo que beneficia a los 15.000 trabajadores transfronterizos.

El citado acuerdo no habla en concreción de qué hacer con los ciudadanos que atraviesan la frontera, pero según Jesús Verdú, doctor en Derecho Internacional, es habitual que se dejase fuera y tampoco es necesario que apareciese: “La buena fe en el comportamiento de las partes está recogida en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que determina que las partes tienen que comportarse para no poner en riesgo el fin del tratado. Aquí parece lógico que se interprete de una manera laxa el acervo Schengen. Antes del Brexit, esa frontera tampoco era del acervo Schengen y también era flexible”. Verdú cree que, dado el tiempo transcurrido de negociaciones infructuosas del tratado, “debería ser razonable” comenzar a aplicar gradualmente los controles en su totalidad, pero “eso siempre debe ser una decisión política de alto nivel”, no una cuestión sujeta al albur del jefe de la frontera.

“Es una decisión política, nos guste o no. No es algo que decida un inspector jefe”, añade una fuente policial conocedora de la situación. Un mando del cuerpo aporta otro dato en el caso de Barrero: “Si está de jefe de la frontera desde 2022, ¿por qué ha sido en el último año cuando ha comenzado con esto? ¿Se ha dado cuenta ahora?”. La clave, según apunta la primera fuente, podría estar en el encontronazo laboral surgido después de que la comisaria de La Línea, María José Martínez, decidiese que el paso dependiese de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, poco después de su llegada al cargo en abril del año pasado. “Fue ahí cuando él se echó a la guerra”, apunta. Pero desde el entorno del jefe de la frontera aportan otro motivo: “Fue porque empezó a ver que no tenía el respaldo de sus jefes. Si él incumple la ley, pueden acusarle de prevaricación”.

En los últimos cuatro meses, Barrero ha elevado hasta cuatro escritos de queja a sus superiores en los que relata supuestas irregularidades, como la falta en el protocolo de paso del ministro principal y el gobernador de Gibraltar, algo que también niegan desde el entorno de la policía de Cádiz. Pero el primer choque con sus superiores data de enero de 2024, cuando el inspector jefe Barrero es amonestado por una de las faltas que integra sus varios expedientes disciplinarios por supuestos errores en el ejercicio de su cargo. Las mismas fuentes policiales conocedoras del caso relatan problemas como una vez en la que el inspector jefe supuestamente colocó sin permiso una antena en el puesto fronterizo para controlar los buques y barcos que estaban cerca de Gibraltar o las pegas que puso al paso de militares ingleses de alto rango que han acabado en requisitorias internacionales a estos mandos.

Uno de esos expedientes disciplinarios ya en marcha puede dejar a Barrero suspendido de empleo y sueldo durante cinco meses. “Son represalias, cuestiones de trámite. No le han expedientado por esos días en los que estableció los controles porque estaba cumpliendo la ley, no podían”, argumentan desde su entorno. Desde el otro lado niegan esa presunta cacería y hablan de mala fe: “Está siendo desleal, creando mal rollo entre los policías a su cargo y la comisaría. Esto no es una frontera al uso normal. Sellar diariamente un pasaporte no implica más seguridad, solo que tuviésemos que renovar 15.000 pasaportes cada tres meses y no hay medios para eso. ¿Qué quiere? ¿Colapsar la comisaría?”.

Verdú cree que la denuncia interpuesta por el inspector tendrá poco recorrido, por el hecho de ser penal y porque asegura que la instancia no es la adecuada: “Son cuestiones que deben dirimirse, en todo caso, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. El tiempo dirá quién, cómo y en qué términos gana el pulso que el inspector jefe de la frontera de Gibraltar abrió ese 11 de octubre en el que el paso de Gibraltar experimentó, por unas horas y de sopetón lo que puede ser convertirse en una frontera exterior dura de la Unión Europea. No será fácil quitarlo del puesto. Solo una falta muy grave podría hacerlo y, por ahora, todas son graves. “Quieren alguien dócil, maleable, pero él no lo es”, aseguran desde su entorno. Al otro lado de la batalla, uno de sus compañeros le deja un recado: “No es su función ponerse a conquistar el Peñón con malas artes, porque no le corresponde”.