España y Gibraltar se preparan para endurecer los controles en La Verja por si fracasa el acuerdo

El pasado día 4, el Gobierno gibraltareño anunciaba la emisión de un sello conmemorativo del 320 aniversario de la toma del Peñón por la flota anglo-holandesa, supuestamente no para arrebatárselo a España sino para ponerlo al servicio del archiduque Carlos de Austria, enfrentado a los borbones en la Guerra de Sucesión. Dos semanas antes, el mismo Ejecutivo había calificado de “rancios” y “ofensivos” los cánticos de “¡Gibraltar español!” entonados en la celebración de la victoria de la selección española en la Eurocopa.

El contencioso de la colonia británica, desactivado en los últimos años a través del diálogo y la negociación, parece deslizarse de nuevo por una deriva de “afrentas y desafíos”, como calificaron las autoridades gibraltareñas la entrada de una patrullera de la Guardia Civil en aguas en disputa con el Reino Unido el pasado 30 de julio. “El tambor nacionalista es el más fácil de tocar, aquí [en Gibraltar] y allá [en España]”, reconocía a principios de junio el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, al diario local Gibraltar Chronicle.

Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores subrayan que “el 80% del futuro tratado que regulará las relaciones entre la colonia y la Unión Europea tras el Brexit ya está acordado”, aunque reconocen que falta “el 20% más sensible”. Tras haber intentado sin éxito culminar la negociación en dos reuniones al máximo nivel con el entonces secretario del Foreign Office, David Cameron, y el comisario europeo Maros Sefcovic, celebradas el 12 de abril y el 15 de mayo en Bruselas, el ministro español José Manuel Albares espera reanudar después del verano las conversaciones con su nuevo homólogo británico, el laborista David Lammy.

Sin embargo, aunque Albares y Lammy acordaron “trabajar desde ya” para lograr un acuerdo cuando se vieron, por vez primera, el pasado 7 de julio en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington, en el Ministerio español de Exteriores no se respira ahora el optimismo de hace unos meses. El obstáculo no se ve tanto en el nuevo gobierno británico, sino en el gibraltareño. “Mientras Albares lleva meses avisando a la opinión pública de que habrá que dejarse pelos en la gatera para lograr un acuerdo, Picardo no ha preparado a los propios gibraltareños para unas concesiones que son inevitables”, señalan fuentes próximas al ministro.

Las alarmas saltaron en abril pasado cuando, en respuesta escrita a varios senadores del PP, el Gobierno recordó que el control para entrar en Gibraltar una vez que se alcance el acuerdo corresponderá, según el código de fronteras del espacio Schengen ―del que forman parte 23 países de la UE, además de Suiza, Noruega e Islandia, pero no el Reino Unido―, a la Policía Nacional, mientras que los agentes de la agencia europea de fronteras Frontex ejercerán “una función auxiliar”. Además, puntualizaba, los policías españoles deberán “poder moverse libremente por todo el recinto fronterizo” y prestar servicio “de uniforme” y “portando armas”. Picardo reaccionó airado, asegurando que la presencia de agentes españoles armados y uniformados en suelo de la colonia no se había planteado en la mesa negociadora y que constituía una “línea roja” para él. “No habrá botas españolas sobre el terreno”, zanjó.

En realidad, la presencia de la policía española en Gibraltar ya se pactó en el acuerdo de Nochevieja de 2020 entre la entonces ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, y su homólogo británico, Dominic Raab, aunque sin entrar en detalles. “España y Gibraltar harán los controles de personas y equipajes en las instalaciones del puerto […] Oficiales españoles y gibraltareños compartirán oficinas en una instalación en el aeropuerto creada con este fin”, especificaba el documento aceptado entonces por Picardo.

Fuentes gubernamentales recuerdan que España es responsable del control de las entradas en el espacio Schengen, ya que el Reino Unido no ha suscrito dicho tratado; que los controles en la frontera española se trasladarían al puerto y aeropuerto del Peñón si se sella el acuerdo; y que Picardo “no puede pretender un protocolo Schengen especial para Gibraltar” y, mucho menos, que “policías españoles de servicio operen sin armas y sin uniforme”.

Desde que el 1 de enero de 2021 concluyó el periodo transitorio previsto en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, Gibraltar es a todos los efectos territorio de un país tercero y la línea que separa la colonia británica de la Península, una frontera exterior. Sin embargo, la expectativa de que se alcanzara un acuerdo que supusiera la demolición de La Verja y el libre tránsito de personas y mercancías a través del istmo hizo que la situación de la colonia británica quedara en un limbo.

Aunque el acuerdo Schegen exige que los ciudadanos británicos no puedan cruzar sus fronteras sin sellar su pasaporte y justificar el motivo de su viaje, ni tampoco prolongar su estancia más de 90 días en un periodo de tres meses, los gibraltareños han podido pasar a este lado de La Verja, donde muchos tienen su segunda residencia, durante los últimos 43 meses sin más requisito que exhibir su tarjeta de identidad gibraltareña.

Esta situación cambiará en noviembre próximo, cuando entre en funcionamiento el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen, que implicará el escaneado de pasaportes y el registro de datos barométricos (huellas dactilares e imagen facial), al que deberán someterse tanto los ciudadanos gibraltareños como los británicos residentes en Gibraltar. Además, a mediados de 2025, se pondrá en marcha el sistema ETIAS, que obligará a pedir autorización previa para entrar en el territorio Schengen a los nacionales de todos aquellos países terceros a los que no se exige visado para visitas de corta duración, como el Reino Unido. Se trata de un modelo similar al ESTA, el permiso que se debe solicitar por Internet antes de viajar a EE UU.

La implantación de estos nuevos sistemas responde a un calendario previsto para todas las fronteras exteriores del espacio Schengen y no tiene relación con el estancamiento de las negociaciones a tres bandas (España, Reino Unido y Comisión Europea) sobre Gibraltar. Sin embargo, fuentes diplomáticas españolas no ocultan que acabará con la actual situación de “alegalidad” y servirá para implantar gradualmente unos controles que habrá que aplicar de todas formas si no se llega a un acuerdo.

“El problema es que Picardo compara la situación actual, en la que tiene todas las ventajas y ningún inconveniente, con el coste que le supone un acuerdo con España; cuando lo correcto es compararlo con un escenario de no-acuerdo”, subrayan. Una situación más parecida a la que existía antes de la entrada de España en la UE, en 1986. Si el acuerdo se culmina en los términos negociados, todos los residentes en el Peñón quedarán exentos de someterse al SES y al ETIAS, pero hasta que eso suceda, si sucede, ambos tendrán que aplicarse.

De momento, las dos partes se están preparando para un NNO (No Negociated Outcome o divorcio sin acuerdo) y planeando nuevas infraestructuras en la frontera por si La Verja, en vez de derribarse, debe reforzarse. Los efectos del NNO podrían paliarse en parte con un acuerdo bilateral de tráfico fronterizo con el Peñón, pero ambas partes dudan de que el clima sea propicio para ello tras un fracaso que dejaría profundas heridas y recelos. Para el Ejecutivo español, el cambio de inquilino en el 10 de Downing Street y el impulso del nuevo Gobierno británico pueden ser la última oportunidad antes de que, en otoño, se impongan los nuevos controles en La Verja y deje su cargo el comisario Sefkovic, que hasta ahora ha representado a la Comisión Europea en la negociación. Se perdería así un tren que quizá ya no vuelva a pasar.