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La opacidad de los sueldos en las Cortes de Castilla y León: “Es un sistema pernicioso, un mamoneo”

El Parlamento busca homogeneizar los salarios de los procuradores, con asignaciones de los partidos para complementarlos

Las Cortes de Castilla y León durante un pleno de diciembre de 2022.
Las Cortes de Castilla y León durante un pleno de diciembre de 2022.Photogenic/Claudia Alba / Europa Press (Europa Press)
Juan Navarro

Las Cortes de Castilla y León tienen 81 procuradores cuyos sueldos muestran una enorme disparidad: se trata del único Parlamento de España con un sistema variable, dependiente parcialmente de la asistencia a comisiones o plenos y de complementos opacos brindados por los grupos. Este escenario supone que las formaciones dispongan de unos parlamentarios con “dedicación exclusiva”, con generosos sueldos fijos, mientras otros compañeros han de fajarse para obtener dietas por sus intervenciones. Esta diferencia se suele subsanar con los fondos de los grupos, repartidos con escasa transparencia a modo de complemento para asegurar las finanzas de sus parlamentarios. A la par, paradójicamente, los políticos supuestamente dedicados enteramente a las Cortes a veces mantienen su desempeño y gruesas retribuciones externas. Un procurador explica así el juego interno: “Es un sistema pernicioso totalmente, un mamoneo, a quien quieres fastidiar no le asignan comisiones, pero se las asignan a quien quieren primar”. La presidencia de las Cortes busca ahora regular este mecanismo para estudiar incompatibilidades y homogeneizar las retribuciones.

La controversia, conocida en el mundillo parlamentario, se hizo oficial a raíz de la disgregación de dos miembros de Vox respecto a su bancada, a cuenta supuestamente de diferencias ideológicas, pero con problemáticas internas de fondo. Indirectamente, este movimiento desencadenó el adiós del ex vicepresidente autonómico Juan García-Gallardo. Ana Rosa Hernando y Javier Teira, ambos expulsados, reclamaron que su partido no les había pagado una “bonificación” de 2.000 euros correspondientes a enero, mes inhábil, y por ende sin comisiones o sesiones donde obtener retribución los procuradores sin dedicación exclusiva, pues ambos eran profesores y se habían apartado del oficio, y su sueldo, por dedicarse a la política.

David Hierro, nuevo jefe de Vox, admitió que el grupo concede legalmente esa suma para valorar a sus compañeros, aunque sí reprochó la actitud de su ex compañera, a quien acusó de indolente: “La señora Hernando no ha presentado ni una sola iniciativa propia durante estos tres años [de legislatura] y ha estado cobrando esos 2.000 euros como el resto de sus compañeros”. Esta confesión de los ultras propició que el resto de partidos, inquiridos por los medios, hayan ido admitiendo que también complementan las remuneraciones naturales de los procuradores de dedicación no exclusiva con cifras en torno a los 1.000 euros mensuales. En el resto de hemiciclos autonómicos no existe este problema porque todos sus asistentes cuentan con esa dedicación completa. El recién nombrado secretario de organización socialista, Daniel de la Rosa, detalla que el PSOE aporta 710 euros mensuales a sus procuradores rasos y 891 si ostentan la portavocía de alguna comisión; el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, indicó que los suyos cobran “unos 1.000 euros mensuales”,

El ejemplo de Vox sirve para que uno de los procuradores no adscritos explique las particularidades de este sistema tan irregular, con diferencias notables de ganancias entre miembros de las mismas siglas. “Es un sistema pernicioso totalmente, un mamoneo, a quien quieres fastidiar no le asignan comisiones, pero se las asignan a quien quieren primar”, destaca, pues distintos miembros de las bancadas, siguiendo órdenes “de arriba”, deciden a quién atribuir qué comisiones y permitirle unas ganancias mayores que a quienes reciban menos responsabilidades. Las Cortes dispensan 220 euros por asistir a cada Pleno o comisión, amén de kilometrajes a los ajenos a Valladolid, sede parlamentaria. Así se sustentan los ingresos de los procuradores. “Habría que establecer dedicaciones exclusivas o parciales con dietas, sería sencillísimo. Se busca una homogeneización y una racionalidad, no puedes tener a la gente tres meses sin cobrar al año, como en enero, julio y agosto, que no hay Cortes y otros cobran los 12 meses una barbaridad”, lamenta este afectado, de buena memoria sobre otra polémica parlamentaria de un alto cargo ahora en el Parlamento Europeo: Raúl de la Hoz. Este ahora exprocurador del PP, de máxima confianza del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció al saltar a Bruselas que además de su sueldo como procurador de dedicación exclusiva, cercano a los 100.000 euros, había ganado otros 40.000 por su labor como abogado, alegando que no era incompatible. Esa cuantía no había trascendido durante su etapa de varias legislaturas en Castilla y León.

El ruido interno ha generado que la presidencia de las Cortes, en poder de Carlos Pollán (Vox), haya maniobrado para intentar corregir estos desajustes de largo recorrido. Portavoces de la institución afirman que “se ha formado un grupo de trabajo para regular las dedicaciones exclusivas y las incompatibilidades, de momento se han celebrado dos reuniones”. Fuentes cercanas a estos encuentros y al ajetreo parlamentario derivado de esta cuestión salarial aseguran que en los integrantes de los distintos grupos existe un apoyo prácticamente unánime a equilibrar estas tablas salariales para impedir los tratos de favor o defenestraciones, además de para garantizar sus prestaciones o no tener tres meses anuales de vacío ―más allá de los complementos admitidos por los partidos―.

Pollán, por ocasión del 42 aniversario del Estatuto de Castilla y León, deslizó la problemática en su discurso, aludiendo a la “ejemplaridad”, a “ser y parecer”, y anunció “la constitución reciente de un grupo de trabajo integrado por un miembro de cada una de las tres formaciones con asiento en la Mesa de las Cortes [PP, PSOE y Vox]”. Voces parlamentarias critican que no se incluya a los partícipes del Grupo Mixto, con siete escaños más los dos expulsados de Vox, y destacan que este debate no debería ejecutarse en una “comisión creada ad hoc” sino en una comisión general de las Cortes. Pollán adscribió este grupo “al análisis y la búsqueda de conclusiones para dos de las asignaturas pendientes de estas Cortes desde su constitución: el régimen de incompatibilidades [...] y la excepcionalidad que supone que esta sea la única cámara legislativa de España en la que no todos sus parlamentarios tienen dedicación exclusiva”. El alto cargo pidió solemnemente paciencia: “Que nadie espere resultados inmediatos, pero sí una voluntad decidida por la transparencia. Pesa en el ánimo de los miembros del grupo de trabajo la necesaria rendición de cuentas ante los ciudadanos de Castilla y León, el respeto debido a los funcionarios y trabajadores de esta casa y el buen nombre de todos quienes ostentamos el honor de ser procuradores en Cortes”.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
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