La pregunta se lanzó dos veces por parte de los periodistas cuando los 14 consejeros del PP estaban de pie, en bloque, sobre la escalera del Ministerio de Hacienda. Los cargos populares respondían a los medios tras el plante a la vicepresidenta y ministra del ramo, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles. Pese al abandono masivo del encuentro en señal de protesta contra la condonación de la deuda, la quita total de 83.000 millones de euros fue ratificada con los votos a favor de Asturias, Castilla-La Mancha (del PSOE) y Cataluña.

Pero ahora comienza un camino que culminará cuando la quita —si el proceso sigue como pretende Montero— sea aprobada en el Congreso como proyecto de ley. Después habrá reuniones bilaterales para que los Gobiernos autonómicos acepten sus respectivas condonaciones. Y es ahí donde los barones tendrán que enfrentarse al verdadero dilema, más allá del gesto político de levantarse ahora de la mesa:

—¿Van a negarse a aceptar la condonación cuando se apruebe en el Congreso?

Ninguno de los consejeros cogió este miércoles el micro para decir expresamente “no”. Por contra, la responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, respondió saliéndose por la tangente: “Estamos en contra de la condonación. Lo que queremos es un nuevo modelo, no es un problema de deuda, sino de financiación autonómica”. La responsable madrileña echó así balones fuera apelando a una de las demandas conjuntas de los populares: la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014.

Tras la foto conjunta, los consejeros hablaron uno a uno con los periodistas. Y varios de ellos evitaron garantizar expresamente que no vayan a adherirse a la quita en el futuro, cuando haya sido aprobada por el Congreso y la condonación sea una oferta en firme.

“Vamos a ver lo que va a ocurrir en cada momento”, señaló al respecto el consejero murciano de Hacienda, Luis Alberto Marín. “Tendríamos que mirar las condiciones”, indicó su homólogo cántabro, Luis Ángel Agüeros. “Quiero ver que se cumplan todos esos trámites, que legalmente tenga cobertura. Y si finalmente sale, pues ya veremos cómo se actúa”, alegó la extremeña, Elena Manzano.

En parecida línea, la responsable valenciana, Ruth Merino, se había pronunciada a su llegada al CPFF: “Vamos a tomar siempre la decisión que más beneficie a la Comunidad Valenciana. En este momento estamos centrados en el día de hoy”. Fuentes del Ejecutivo andaluz tampoco eran tajantes en privado, apuntando a que todavía queda tiempo para tener que tomar esa decisión. Una tesis que sostiene también la dirección nacional del PP, que tampoco garantiza que sus barones finalmente rechacen sanear por la vía propuesta por el Gobierno sus cuentas. La nota discordante la puso Baleares, que sí se mostró rotundo por boca de su consejero, Antoni Costa, al asegurar este que su comunidad se negará a la condonación, aunque sí están dispuestos a acudir a las reuniones bilaterales. La Comunidad de Madrid amenazó con acciones legales contra la futura norma.

Tras la reunión de este miércoles —y aprobación de la quita en el seno del CPFF—, el próximo paso, según ha detallado la vicepresidenta, es convocar reuniones bilaterales entre el ministerio y las comunidades para analizar la posición financiera de cada una, pues la situación de endeudamiento es muy heterogénea: hay algunas con pasivos muy elevados, otras que tienen el grueso de su deuda con el Estado y otras más con inversores privados. Mientras tanto, el Gobierno deberá empezar el itinerario legislativo en el Congreso, ya que la quita requiere aprobarse por ley orgánica. Si la propuesta superara el examen de las Cortes, Hacienda tendría que volver a reunirse con las comunidades para que los convenios se hagan efectivos o, en su caso, rechacen expresamente la quita, que es voluntaria.

“Una vez aprobada la ley, las comunidades deciden si quieren que se les aplique la ley; podíamos apostar lo que quieran a que se acogen”, ha dicho la ministra en la rueda de prensa posterior al CPFF. Según Montero, los consejeros del PP han abandonado la reunión porque no se “atreven” a votar en contra de una medida que en realidad les beneficia. De hecho, el CPFF no hubiera podido constituirse si los representantes del PP no hubiesen acudido a la reunión. Sin embargo, han optado por presentarse a la cita pero por levantarse sin ni siquiera llegar a debatir la propuesta de condonación, que constaba en el último punto de la orden del día.

“Si aceptaran esta propuesta se les agotaría el discurso de la confrontación”, ha agregado la titular de Hacienda, acusando a los representantes autonómicos de la oposición de “deslealtad” y “dejación de funciones”. También ha lamentado que las comunidades del PP no hayan presentado ningún proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica —que, ha asegurado, va desligada de la condonación y se seguirá trabajando en ella—, pero que a la vez critiquen al Gobierno por no haberlo renovado. Ha argumentado que, una vez más, se debe a que los territorios gobernados por los populares ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos sobre la cuestión: “No hay una propuesta del PP, ni una posición común”.

“El PP se instala en el perro del hortelano, que ni hace ni deja de hacer”, ha añadido la ministra Montero, que ha definido la actuación de las comunidades del PP como “una cobardía, un esperpento, una deslealtad histórica”. “Los dirigentes del PP han defendido durante años una condonación”, ha recordado. “Ahora, que el Gobierno tiene la valentía de poner una propuesta sobre la mesa, van y se marchan. Increíble”, ha zanjado.

Los cálculos de Hacienda

El departamento de Montero ha calculado la condonación en función de distintos criterios. El importe de partida ha sido la diferencia entre el endeudamiento acumulado por las comunidades entre 2009 a 2013 (unos 109.000 millones), los años más duros de la crisis financiera, y el de la pandemia y la espiral inflacionaria, de 2019 a 2022 (cerca de 29.000 millones). El 75% de esa cifra ha sido repartido entre los territorios según el criterio de población ajustada, es decir el número de habitantes ponderado por factores geográficos y demográficos.

Tras efectuar esa primera distribución, Hacienda ha aplicado unos ajustes: ha elevado los importes para las autonomías con las deudas más elevadas, que de no aplicar la corrección se hubiesen quedado con un porcentaje de quita inferior a la media, y ha añadido una inyección adicional de dinero para compensar la infrafinanciación de algunos territorios -una ecuación en la que, sin embargo, no entra la Comunidad Valenciana, una de las regiones más castigadas por el sistema de financiación– y para premiar a las autonomías que en los últimos años han ejercido su competencia normativa al alza en el IRPF.

La instantánea final es una propuesta de condonación por 83.252, con Andalucía como la mayor beneficiada en términos absolutos (18.791 millones), seguida por Cataluña (17.104), Comunidad Valenciana 11.210 y Madrid (8.644).