Luceño se alinea con Medina en el juicio: “El Ayuntamiento tenía capacidad de negociación”

Sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, el empresario Alberto Luceño se ha alineado este miércoles con su antiguo socio Luis Medina, hijo del fallecido decimonoveno duque de Feria y de la modelo Naty Abascal. Luceño ha defendido que no timaron al Ayuntamiento de Madrid en la peor fase de la pandemia del coronavirus, cuando se embolsaron seis millones de euros en comisiones por intermediar en la compraventa de material sanitario. “Si yo hubiera tenido el ánimo de estafar, les podía haber vendido los 27 artículos [que me pidieron] y hubiese ganado 27 veces más”, se ha exculpado ante las acusaciones de que inflaron los precios de los productos y de que engañaron al Consistorio al no informarle de que ellos iban a quedarse parte del dinero por su intervención. Según ha minimizado Luceño, eran conscientes de que las “comisiones eran muy altas”, pero ha reiterado que las operaciones sospechosas se gestaron como otro negocio más y siguieron las reglas legales del mercado: “El Ayuntamiento tenía capacidad de negociación”, ha razonado.

La Fiscalía Anticorrupción ha contrarrestado esa tesis de la defensa al final de la sesión de este miércoles, cuando ha expuesto su informe final: “Ocultaron las comisiones que se iban a llevar. Afirmaron expresamente que no se llevaban comisiones”. En este alegato, el ministerio público ha cargado duramente contra ambos: “Lo que no pueden hacer es mentir. Dijeron expresamente que no se llevaban comisiones, cuando era falso”. “No dejaron opción porque [el Ayuntamiento] creía que esos precios era los que pedía el vendedor”, ha subrayado.

“Medina es cooperador necesario porque Luceño ha reconocido que, sin su intermediación, no habría llegado al Ayuntamiento de Madrid”, ha proseguido el fiscal Luis Rodríguez Sol, que ha descrito cómo los dos se “concertaron” para “enriquecerse” a costa del erario público. Y cómo después, para justificar ante sus bancos sus enormes ingresos, falsificaron documentos para que su actuación estuviera respaldada. “El testimonio de Luceño carece de toda credibilidad”, ha remachado el representante de Anticorrupción tras las excusas de este procesado: “Ha hecho los documentos que ha querido y ha dicho lo que le ha interesado”.

Antes, preguntado sobre la supuesta estafa, Luceño ha desplegado una línea de defensa similar a su compañero de banquillo. Se ha dibujado como otro experto en el comercio internacional (especialmente, en el chino) y dedicado a la exportación e importación. Sin embargo, el ministerio público ha cuestionado su perfil profesional ante la insistencia de Luceño de que, en aquella época de la pandemia, estaba inmerso en “400 operaciones”. La acusación está convencida de que dieron un “pelotazo” y de que también “mintieron” a la Administración al presentarse como unos experimentados empresarios especializados en este tipo de negocios. “¿Cuántas operaciones cerró en 2019 y en 2020?”, le ha interrogado el fiscal. “En 2019 no hice ninguna porque quería volver a mi casa”, ha argumentado tras exponer que se hallaba en el extranjero hasta ese año. ¿Y en 2020? Tampoco. “¡Porque aparece usted!”, le ha espetado al ministerio público, en referencia a la investigación que se inició entonces y que ha proliferado hasta el juicio.

A lo largo de su declaración, que se ha prolongado durante más de tres horas, el socio de Medina ha tratado de justificar su intervención en las operaciones bajo sospecha. Luceño ha admitido que “nunca” informó al Ayuntamiento de que era “agente” de la empresa de Malasia que suministró el material (Leno Sdn Bhd), ni que él y el hijo del duque de Feria se iban a embolsar comisiones millonarias: “No voy contando lo que se gana y tampoco sabía lo que iba a ganar”. Y a continuación, al igual que hizo Medina el martes, se ha amparado en que tampoco se lo preguntaron. “¿Pero usted le dijo que quería ayudar?”, ha incidido el fiscal. “Sí, sí, esa era mi intención”, ha reconocido.

Penas de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción reclama nueve años de cárcel para Medina por estafa y falsedad documental; y 15 años para Luceño, al que también atribuye un delito fiscal. Al dar por finalizada su investigación, el juez instructor Adolfo Carretero sostuvo que los empresarios contactaron en marzo de 2020 con la Administración local (desesperada entonces ante la “imperiosa necesidad” que tenía de obtener un material sanitario que escaseaba) y le hicieron creer que la ayudarían de forma “altruista”. En cambio, según el sumario, a la vez que ocultaban que se quedarían con una parte del dinero generado, inflaron los precios de los productos sanitarios: el de las mascarillas, un 60%; el de los guantes de nitrilo, un 81%; y el de los tests, un 71%.

—¿Cómo se fijó el precio de las mascarillas? —ha preguntado el representante de Anticorrupción.

—Yo propongo lo que me dice el vendedor y Elena [Collado, responsable de Compras del Ayuntamiento] lo que propone el comprador —se ha defendido Luceño.

—Pero, si usted dice que Leno dijo que valían 6,6 euros, ¿por qué Leno solo cobró 2 euros?

—Yo no lo sé […] No sabía en ese momento cuánto era mi comisión.

Pese a esas declaraciones sobre su labor, Luceño se ha esforzado para tratar de desvincularse de la figura de “intermediario”. Según ha dicho, él no ejerció como tal, sino como “agente” —Medina se presentó el martes como un simple “facilitador” y así le ha respaldado su compañero este miércoles: “Él es el facilitador. Si él no me facilita el negocio, no hay negocio. Por eso cobra”—. Los recelos del ministerio público se han multiplicado ante esas aseveraciones: “¿Un agente no es un intermediario?”, ha cargado contra Luceño. “Para mí, no. Es mucho más”, ha apuntado este, antes de describir sus funciones: “El precio se fija entre comprador y vendedor. Elena transmite la información por parte del comprador y yo por parte del vendedor”. “Collado tenía capacidad de negociación”. Pero él nunca le dijo al Consistorio que trabajaba para Leno, según ha admitido. Es más, la alto cargo del Ayuntamiento explicó al tribunal que “ambos” le dijeron “en varias ocasiones” que no iban a cobrar comisiones: “Siempre entendí que [la oferta] era desinteresada y altruista. De hecho, me intentaron convencer”.

San Chin Choon, “ofendido”

El procesado también ha tenido palabras para San Chin Choon, el empresario malasio que supuestamente suministró el material sanitario que acabó en el Consistorio. La propia existencia de este ciudadano asiático llegó a ponerse en duda durante la instrucción. Y la Policía concluyó que Luceño se encontraba detrás de la documentación y los correos enviados al juzgado de instrucción a nombre de San Chin Choon, que exoneraban al comisionista. El acusado ha admitido que dio ciertas indicaciones al ciudadano asiático para que actuara así, pero ha desdeñado su importancia: “Él no entendía que un miembro del Gobierno se estuviese riendo de su apellido. Se estaba todo el mundo riendo de él. Estaba ofendido”, ha afirmado.

Además de la estafa, la Fiscalía atribuye a Luceño dos delitos de falsedad documental y otro contra la Hacienda Pública. La acusación mantiene que “elaboró” documentos ad hoc para justificar ante el banco sus enormes comisiones, debido a los recelos que habían levantado. Paralelamente, Hacienda concluyó que tejió una trama societaria para eludir el pago de impuestos por las operaciones de la compraventa de material sanitario: tributó a través del IS (Impuesto de Sociedades), en lugar de por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). El juez instructor calculó que, de esta forma, dejó de pagar a la Agencia Tributaria más de 1,3 millones de euros.

—¿Ha falsificado documentos? —le ha preguntado su defensa.

—No —ha dicho Luceño.

—¿Ha tratado de ocultar sus ingresos a Hacienda?

—Todo lo contrario.