Un sindicato policial inicia una campaña de ‘mini protestas’ sorpresa contra Marlaska

Pitos, eslóganes, banderolas y gritos de “traidor”. El Sindicato Unificado de Policía (SUP, la organización decana entre los agentes y que antaño mantuvo una buena relación con el PSOE) ha iniciado este lunes en Madrid una nueva campaña de protestas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una concentración ante la sede de su departamento cuando este recibía al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner. La intención del sindicato es hacer a partir de ahora, allí donde el ministro acuda a un acto público, protestas similares que tendrán una característica muy concreta: no reunirán nunca más de 20 de manifestantes para no tener que ser comunicadas con carácter previo a las delegaciones del Gobierno.

Hasta ahora, el SUP había convocado protestas con la intención de que reunieran al mayor número de personas posibles, para lo que movilizaba autobuses con el fin de trasladar a agentes desde todos los rincones de España. Sin embargo, esa estrategia ha cambiado, según ha detallado a EL PAÍS su secretaria general, Mónica Gracia, que señala que con ello quieren conseguir un efecto sorpresa que impida al ministro eludir las concentraciones con un cambio de horario o recorrido de última hora. En junio de 2023, la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol) hizo mini protestas similares durante la celebración de la cumbre de la OTAN con escasa repercusión.

La movilización de este lunes y las futuras están motivadas, según detalla Gracia, por la falta de respuesta por parte de Interior a sus reivindicaciones sobre equiparación salarial con las policías autonómicas, la mejora de las condiciones de jubilación de los agentes o la consideración de profesión de riesgo. No obstante, a ellas el SUP ha añadido otras como mostrar su oposición a la reforma de la ley de seguridad ciudadana (la conocida como ley mordaza) que se aborda en el Congreso y las negociaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts para transferir a la Generalitat determinadas competencias en materia de inmigración al considerar que afectan al trabajo diario de los agentes.

Este lunes, el SUP ha puesto el foco precisamente en este último punto. Gracia, megáfono en mano, ha acusado del ministro de haber traspasado “todos los límites”. “Permite que se utilice la seguridad de nuestras fronteras para una negociación con los independentistas. Una negociación ilegal dirigida por un prófugo de la Justicia huido a Waterloo [en referencia a Carles Puigdemont y la ciudad belga donde reside] y que sigue sin ser puesto a disposición de la autoridad judicial”, ha señalado la dirigente sindical.

En este sentido, Gracia ha acusado a Grande-Marlaska ―al que ha llegado a tildar de ser “el peor ministro del Interior de la historia de nuestra democracia”― de querer expulsar a la Policía nacional de Cataluña “contraviniendo a lo que dice nuestra Constitución”. “Si el propio Gobierno alimenta y participa en negociaciones contrarias a la ley, ¿qué nos queda?”, se ha preguntado. La dirigente sindical ha insistido en que el ministro se va a encontrar “con un enemigo muy duro” si “no vuelve al sentido común, que en algún rincón tiene escondido” y ha anunciado que seguirá con estas mini protestas.

Las manifestaciones policiales contra el ministro han sido habituales en los últimos años y tuvieron su ejemplo más multitudinario el 21 de noviembre de 2021 con una protesta que congregó a miles de personas ―20.000 personas según la Delegación del Gobierno, 150.000 según los convocantes― en las calles del centro de Madrid para oponerse a la reforma de la ley mordaza que en aquel momento intentaban acordar el PSOE y Unidas Podemos con sus socios parlamentarios. A aquella protesta acudieron los entonces líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, respectivamente, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Sin embargo, ninguna de las concentraciones convocadas por sindicatos de la Policía Nacional o asociaciones de guardias civiles han conseguido congregar de nuevo a tantos manifestantes. La última, celebrada ante el Congreso el pasado diciembre, solo reunió a medio centenar de personas. En todos los casos, a las reivindicaciones laborales como la mejora de los salarios de los agentes ―una medida que el Gobierno rechaza al considerar que un acuerdo firmado con los sindicatos en 2018 se ha traducido desde entonces en un incremento de sus retribuciones superior al 35% para ellos― se ha sumado la oposición recurrente de las organizaciones policiales a determinadas decisiones políticas como la ley de amnistía o, ahora, la negociación con Junts de temas de inmigración.