El juez asume que será “prácticamente imposible” saber quién espió a Sánchez y tres ministros con Pegasus

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que, a pesar de solicitar más información a Francia sobre sus investigaciones sobre el espionaje a personalidades de este país con el programa Pegasus e insistir en reclamar a las autoridades judiciales de Israel su colaboración en las pesquisas, asume que, como apuntan los expertos del Centro Criptológico Nacional (CCN, dependiente del CNI), será “prácticamente imposible” saber quién infectó con este programa informático los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas en 2021.

El magistrado ha dictado esta resolución judicial tras recibir un informe elaborado por el CCN con el análisis de la información que facilitaron en abril las autoridades judiciales de París con sus pesquisas sobre el espionaje con el mismo software a periodistas, abogados, ONG y miembros del Gobierno y el Parlamento francés. Esa documentación fue la que, precisamente, llevó al juez Calama a reabrir el pasado abril el caso Pegasus, que había archivado provisionalmente en julio de 2023 ante la falta de avances. Calama esperaba que la comparación de los datos técnicos facilitados por Francia con los obtenidos en los análisis periciales realizados en España a los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros permitiera avanzar en las investigaciones en uno y otro país.

Sin embargo, el documento elaborado por los expertos concluye no ha sido así, ya que la información facilitada por París “no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados [a Sánchez y sus ministros], ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control”. Es, por tanto, incide el magistrado en su auto, “técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes”.

El magistrado también señala que los expertos del CCN destacan que “el uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas”. El auto cita, en concreto, la cuenta de correo linakeller2203@gmail.com, utilizada para espiar los teléfonos de Robles y Grande-Marlaska y que, en la misma época, se utilizó para controlar los de, al menos, cuatro personas en Francia, según detallan fuentes conocedoras del informe.

Pese a ello, Calama no tira la toalla y ha enviado una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, encargado de la investigación del caso Pegasus en aquel país, en el que le requiere nueva documentación sobre sus pesquisas. En concreto pide conocer la información que la empresa israelí NSO Group ―propietaria del software espía y a la que la Audiencia Nacional le pidió datos sin obtener respuesta― les ha facilitado “sobre el proceso del control interno del software Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI)”.

En la misma resolución, el juez también acuerda remitir una nueva comisión rogatoria a Israel para solicitar una colaboración que considera “imprescindible para determinar la identidad de las personas que han participado” en el espionaje a Sánchez y sus ministros. La primera solicitud de cooperación jurídica internacional a las autoridades de Tel Aviv la hizo el magistrado en mayo de 2022 ―en ella solicitaba desplazarse al frente de una comisión judicial a aquel país para interrogar al directivo de NSO Group―, así como una ampliación de esta y dos recordatorios para su cumplimiento que no han tenido respuesta.

El juez esgrime para conseguirlo ahora los convenios de asistencia judicial firmados por ambos países que obligan a Israel “al cumplimiento de las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa” y hace una alusión a “las buenas relaciones entre el Reino de España y el Estado de Israel”, a pesar de que tras el reconocimiento el pasado mayo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de Palestina como Estado las relaciones diplomáticas entre ambos países están sumidas en una profunda crisis.

Calama inició la investigación sobre el espionaje a Sánchez y sus ministros en abril de 2022, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado inicialmente por la infección de los móviles del presidente y la ministra de Defensa, y que luego se amplió tras confirmarse también el espionaje de los terminales que usaban Grande-Marlaska y Planas. El espionaje se había producido casi un año antes, entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión de Madrid de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado por covid y coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes, mucho de ellos menores, en Ceuta. La presentación de la denuncia se produjo, además, en plena tormenta política por un informe de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), que aseguraba que 63 personadas relacionadas con el independentismo catalán habían sido supuestamente atacadas con Pegasus.