Una pareja denuncia en Toledo la retirada de la tutela de su bebé por el pasado “de maltrato y abandono” que sufrió la madre

En la casa de Abdel Tahiri y de Yumara Oliver, en el casco viejo de Toledo, la cuna blanca, con sus sábanas y sus mantitas, está intacta junto a la cama de matrimonio. Sin estrenar. Su hija, nacida el pasado 6 de diciembre, viernes, a las 23.25 horas, según consta en el documento de identificación sanitaria maternofilial del Hospital Universitario de Toledo, no ha llegado a casa aún, ni parece que vaya a hacerlo, pese a haber nacido perfectamente sana, algo escasa de peso (2.200 gramos) y haberse enganchado enseguida al pecho de su madre. Tres días después del nacimiento de la pequeña citaron a la pareja en la Delegación de Bienestar Social de Toledo, justo al otro lado de la calle del centro hospitalario, para informarles de que su hija iba a ser tutelada por la Administración “en un régimen de acogida en familia ajena” por la falta de habilidades marentales de la madre tras haber sido víctima de “maltrato y abandono”.

Yumara se desmayó allí mismo, ante la técnica de Menores que les dio la noticia, tras sufrir un ataque de ansiedad. Una ambulancia la recogió e ingresó en Urgencias. El pasado 12 de diciembre, mientras Abdel, de 32 años, y Yumara, de 19, se reunían con un abogado, técnicos de la Administración regional se llevaron a la niña del hospital para entregársela a la familia de acogida. Fuentes del centro médico remiten a los Servicios Sociales y recuerdan que “el hospital no retira tutelas”. Desde la Delegación y la Consejería de Servicios Sociales defienden la decisión de los técnicos y sus criterios, y aseguran haber aplicado la ley y haber informado a los afectados “de manera rigurosa y aséptica” de todas las motivaciones de la medida. Los padres han puesto una denuncia y el Juzgado de Instrucción Número 1 de Toledo la ha admitido a trámite y ahora investiga el caso.

—La decisión que ha tomado el equipo es que se va a tutelar a la niña— les dijo la técnica de Menores en la primera entrevista, de más de una hora, el pasado 10 de diciembre.

EL PAÍS ha tenido acceso a más de tres horas de grabaciones de varios encuentros entre los padres y las funcionarias. Algunos fragmentos pueden escucharse en el vídeo que abre esta noticia.

—¿Por qué?— pregunta Abdel.

—Porque hay una historia previa de Yumara, aquí en Protección de Menores, de maltrato y de abandono. Una historia en la que ella ha sufrido todo ese maltrato con un apego desorganizado y todo ese historial que lleva ella de vida le hace que, desgraciadamente, las capacidades marentales que tenga estén disminuidas o nulas—les explica la técnica—. Esto no es que lo diga yo, lo dicen todos los estudios. Además, no tiene red de apoyo— añade.

—Perdone, ella tiene red de apoyo. Aparte de su hermana, que vive con nosotros, su pareja, que soy yo, y mi familia entera —aduce Abdel—. Yo tengo dos empleos, tenemos una casa alquilada a nombre de los dos...

—La niña se va a tutelar. La decisión está tomada —interrumpe la técnica.

—¿Pero y la custodia del padre? Yo tengo derecho a la custodia de mi hija.

—Vale, pero es que no te conocemos —reconoce la técnica.

—Pues si teníais tanto interés, podríais haberme conocido: en los informes médicos de seguimiento del embarazo aparezco como pareja suya. Podíais haberme escrito a mi domicilio, haberme llamado...

—La decisión está tomada, vuelvo a repetir. La decisión está tomada. Se va a retirar la tutela a partir de hoy —mantiene la técnica.

—Pero una pregunta —interviene Yumara—. ¿Qué tendrá que ver mi vida de antes con la de ahora? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hayan hecho mis padres?

—Claro que no tienes ninguna culpa, tú eres la víctima —responde la técnica—. Pero lo que no podemos hacer es víctima a tu hija.

—Pero obviamente, si yo lo he sufrido, no voy a querer que mi hija lo sufra —argumenta Yumara.

—Claro que no, pero esas capacidades que desarrollan las personas, en un entorno seguro, protegido, donde el apego y el vínculo son fuertes, eso por desgracia tu no lo has tenido —le insiste la técnica—. Se va a suspender la patria potestad de los dos —añade.

—¿Pero cuál es el motivo de suspendérmela a mí? —inquiere Abdel.

—Los motivos son el conjunto —resuelve la técnica—. Una vez que se haya hecho la tutela se hace un plan de intervención para que se os valore, pero ya te digo que el retorno, en este caso, es muy difícil, pero hay un tiempo de valoración. Eso no quiere decir que la niña vaya a retornar.

Yumara se desvanece. “Vivían felices, preparando la llegada de su primer hijo, ajenos a lo que les iba a suceder”, señala la denuncia, que advierte de que nadie de los Servicios Sociales se puso en contacto con ellos hasta entonces: “No les han hecho ningún seguimiento previo, ni a ella ni a él, al que admiten no conocer, y no se les notificó que tuvieran que acudir a los Servicios Sociales”. El primer contacto que tuvieron fue para informarles de que se llevaban a la niña.

El sueño de Yumara de tener por fin una familia se convierte en una pesadilla. Ella, que ha sufrido el vacío de una madre, que llegó a fugarse del centro de menores a los 15 años para reunirse con su padre (preso hace años) y formar parte de su nueva familia. Y regresó, escarmentada, a la casa de acogida del barrio toledano de Valparaíso, con sus educadores, el único hogar que ha conocido desde los nueve hasta los 18 años.

Tanto Yumara como sus tres hermanos ingresaron en el centro “por la mala vida” que les dieron sus padres. “No nos cuidaban, nos cuidábamos solos, nosotras atendíamos a nuestros hermanos pequeños, salíamos a robar comida para comer”, recuerda su hermana Amparo. “Éramos una familia completamente desestructurada”, asume Yumara. “Yo llegué con nueve años al centro, Amparo tenía diez y mis hermanos pequeños [que fueron adoptados] tenían dos años y seis meses”, relata.

A la mañana siguiente de aquella primera entrevista, el 11 de diciembre, volvieron a citarles para entregarles la resolución por escrito, donde aparecía un resumen de ocho razones estampadas a tinta que explican el motivo de la retirada de la tutela: “El Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Toledo, una vez estudiada la situación, considera la existencia de un peligro grave e inminente para la integridad física y/o moral de la menor, en base a los siguientes motivos: historia previa de maltrato y abandono de menores en relación a Yumara Oliver Montoya; falta de habilidades y capacidades marentales debido al recorrido vital; red de apoyo inexistente para el cuidado de la menor que garanticen atención y protección adecuadas dentro de la unidad de convivencia, inestabilidad habitacional, económica y laboral que repercuten en la seguridad de la niña; relación de pareja asimétrica (por edad, por discapacidad y vulnerabilidad); y nula conciencia de problemas relacionados con salud mental y cómo pueden influir en la capacidad de cuidado y protección de la menor, carencia de intervención y seguimiento de los Servicios Sociales al no atender las indicaciones dadas en el hospital, alta vulnerabilidad de la niña debido a su corta edad”.

Según monitores conocedores del caso de Yumara con los que ha hablado este periódico, su discapacidad es una “limitación intelectual” (inteligencia límite) debida a su propia vida por lo que, al salir del centro, fue remitida a un “servicio de capacitación”. A pesar de eso, entienden, “no tendría por qué afectar a sus capacidades marentales”. Los informes médicos a los que ha tenido acceso este periódico le reconocen su autonomía.

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Abdel Tahiri y de Yumara Oliver en el hospital

Aquella misma mañana, tras recibir de las manos de la técnica de Menores el documento firmado por el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz Hernández, Abdel y Yumara expusieron su situación actual como “pareja estable” y plantearon otras posibilidades para no separarse de su hija, además de dejar constancia por escrito de su disconformidad con la medida. Acto seguido, volvieron al hospital para reunirse con su hija. Pero ya no les dejaron entrar en la habitación. “Se ha establecido un régimen de visitas”, les informó la enfermera. “Podrán verla una hora por la mañana y otra por la tarde, hasta que se la lleven”. Al día siguiente, 12 de diciembre, la niña, con seis días de vida, desapareció del hospital.

“Nosotros no le quitamos la tutela a nadie”, advierten fuentes del centro hospitalario. “Eso le compete a Servicios Sociales”, aducen. “Lo normal es que sean ellos los que nos adviertan de que realizan un seguimiento de un caso para obtener información del mismo en el marco de un protocolo interno, que recoge una serie de posibles riesgos”, explican. Efectivamente, en los informes médicos del embarazo se hace referencia a un seguimiento de Asuntos Sociales. “Ocasionalmente, puede ser el propio hospital quien active ese protocolo porque se perciba algún riesgo”, agregan las mismas fuentes, sin querer aclarar quién y por qué se activó en este caso.

“Antes de llegar a la tutela, intentamos todo tipo de intervención con los padres biológicos”, asegura el delegado de Bienestar Social de Toledo, contra quien va dirigida la denuncia. “Si no funcionan, se retira la tutela y se intenta siempre que vayan a familias de acogida o a familia extensa [familiares], mientras se trabaja con los padres biológicos”, explica. Pero precisamente porque no se trabajó con los padres antes del nacimiento, la denuncia presentada por el abogado toledano Julián Sánchez Rojas es “por prevaricación”, entendiendo que la decisión de retirarles directamente la tutela de su hija “no está acreditada, empezando porque admiten no conocer al padre ni las circunstancias en las que vive la pareja”, señala.

“El equipo ha detectado varios indicadores que muestran un riesgo para el bebé”, aduce el delegado, que argumenta que por “protección del menor” no puede dar datos concretos del asunto, pero asegura: “Nosotros siempre informamos de todo, de las causas por las que se procede a la asunción de la tutela, de manera rigurosa y aséptica, y de lo que ellos [los padres] pueden hacer en su favor... todo el mundo se lleva sus documentos”, responde ante la paradoja de que la familia no ha recibido su expediente completo para poder defenderse judicialmente —como indica la resolución al final— con todas las garantías. La denuncia también incide en lo “excepcional” de esta cuestión: “En ningún momento se le ha dado traslado del expediente, que es la base de la resolución que se le ha notificado”, señala.

“El expediente del caso lo tienen los técnicos y lo tiene que pedir un juez, porque es confidencial”, contradice después la consejera de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano (PSOE). Alega también que “todas las decisiones en este aspecto son muy duras y se toman con muchísimo rigor y profesionalidad”. “Siempre hay disposición para trabajar con las familias para no llegar hasta este punto, debe haber voluntad de la familia y hay que trabajarlo. Hay que colaborar, para que se pueda revertir la decisión, pero a día de hoy no se dan las circunstancias adecuadas y por eso se ha optado por la retirada de la tutela de manera preventiva o cautelar para proteger a la menor”, asegura. “Si estamos equivocados lo tendrá que decir un juez”, remacha.

Desde que les quitaron a su hija, Abdel y Yumara solo han visto a la niña en tres ocasiones (una hora). Y les han establecido recientemente un régimen de visitas de una hora al mes. Han pasado la Navidad sin su pequeña, sumidos en la depresión de un hogar en el que todo recuerda a ella (el carrito, las fotos de la estantería, sus ropas...), y sin que Yumara quiera entrar en la habitación matrimonial para no ver la cuna vacía. Abdel, que llegó a España de Marruecos a los 18 años, trabaja en el casino de Toledo, donde es “requisito fundamental no tener antecedentes penales”, como recoge la denuncia. Además, también trabaja por horas en un restaurante.

—A lo mejor no es la decisión correcta, todos nos podemos equivocar, pero no nos podemos equivocar en la protección de la niña—, dice la técnica en un momento de la entrevista—. La niña se va a tutelar y, mientras tanto, te vamos a conocer.

“En las reuniones de los técnicos de menores con mi cliente [Abdel Tahiri], reconocen que les falta información y que pueden haber tomado una decisión incorrecta”, recoge la denuncia, que incorpora las grabaciones de las entrevistas con los técnicos de Bienestar Social y detalla los hechos y las circunstancias de los padres, para mostrar “que la medida adoptada no está acreditada ni existe situación de desamparo de la menor”. E insiste en un aspecto fundamental: “En ningún momento se ha hecho ninguna valoración de mi representado, a pesar de haber acompañado a su pareja durante el embarazo, ni se le ha realizado seguimiento alguno por parte de ninguna trabajadora social, siendo esto obligación de los Servicios Sociales”.

Tras pedir una nueva reunión con la técnica, Abdel fue recibido el pasado 13 de enero con el fin de averiguar cuándo y cómo se iniciaba “el plan de intervención”. La técnica emplazó a Abdel a que su madre, que vive en Algeciras, solicitara la tutela de la menor. El lunes 20 fue de nuevo atendido por la misma profesional para que firmara el régimen de visitas (una al mes) y el plan de seguimiento “para conocer y valorar la situación de la familia de origen, con entrevistas, visitas a domicilio y demás”. Abdel y Yumara rubricaron los documentos añadiendo un “no conforme” porque, argumenta su abogado, “deberían hacer este estudio, que no realizaron previamente, con su hija en casa, con ellos, no manteniendo una medida tan dolorosa e injustificada”.