Solo 15 leyes impulsadas por el Senado han sido luego aprobadas en el Congreso en toda la democracia

Enero es, en principio, inhábil tanto en el Congreso como el Senado. Pero la mayoría absoluta del Partido Popular ha habilitado extraordinariamente este mes en la Cámara alta. Solo esta semana se ha celebrado un pleno extraordinario para debatir y votar una moción pidiendo al Gobierno trocear el decreto ómnibus, se han convocado varias sesiones de las comisiones de investigación del caso Koldo y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y se han realizado dos comparecencias distintas del ministro Óscar López, una sobre Muface y otra sobre las líneas maestras de su cartera en el Ministerio de Transformación Digital.

La ingente actividad del Senado desde que el PP ganó la mayoría absoluta en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, frente a la mayoría parlamentaria que Pedro Sánchez aglutinó en el Congreso para ser investido —en lo que supone un desequilibrio de fuerzas atípico, con el precedente de la primera legislatura de Sánchez cuando fue investido tras la moción de censura a Mariano Rajoy—, ha provocado un ritmo frenético en la Cámara alta, inaudito hasta ahora. El Senado sirve a la formación de Alberto Núñez Feijóo de arma contra el Ejecutivo al controlar por completo los tiempos y la agenda parlamentaria frente al dominio de los socialistas en el Congreso.

Además de la intensa actividad en la Cámara alta, Génova intenta sacar pecho de sus leyes a través del Senado, aunque luego terminen congeladas por la mayoría que aglutina el PSOE en la Mesa del Congreso. Una práctica que ha censurado reiteradamente tanto el portavoz en la Cámara baja del PP, Miguel Tellado, como el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán. “En este momento el Senado, ha remitido ya 16 leyes al Congreso, 15 han sido calificadas y ninguna ha tenido la oportunidad de ser debatida”, criticó Rollán en RNE hace dos semanas. “Hay que dar la oportunidad de que la tramitación legislativa se lleve a cabo en su totalidad. Lamentablemente, eso no está ocurriendo, en las respectivas comisiones donde se desarrolla y debaten las leyes remitidas se está produciendo una repetida ampliación de plazos para presentación de textos alternativos”, agregó el presidente del Senado, quien señaló directamente a “Junts” como una de las formaciones que podría apoyar sus iniciativas.

Pero ese tapón no ha evitado que los populares insistan en presentar nuevos textos. Este viernes, el PP registró una otra proposición para promover su propia ley del suelo como parte del “Plan de Vivienda” proclamado por Feijóo un día antes. La toma en consideración de la iniciativa de los populares —cuyo articulado es muy similar a otro texto del PSOE en lo que a planificación urbanística se refiere—, pasará previsiblemente el filtro de la Cámara alta gracias a su mayoría absoluta. Y se sumará a la otra quincena de proposiciones de leyes del PP salidas del Senado esta legislatura.

Ese número contrasta con el total de proposiciones de ley registradas en la Cámara alta en toda la democracia y que posteriormente sí fueron ratificadas en el Congreso: 15, según los datos recopilados por los servicios de la institución. Sus promotores fueron formaciones como Ciudadanos, la antigua Convergència, el propio PP o proposiciones presentadas conjuntamente por varios partidos, como el PSOE junto a Coalición Canaria o el PNV. “Lo que ha pasado hasta esta legislatura es muy normal porque no ha habido mayorías distintas. Y lo que pasa ahora se explica por esa nueva realidad de desequilibrio de mayorías entre las dos Cámaras. El registro de proposiciones por el PP es pura política de imagen: maximizar la oposición al Gobierno con una Cámara que no ha tenido ninguna relevancia”, señala un catedrático en Derecho Constitucional, que aprecia cómo los populares pretenden un mero “efecto político” sin mayor recorrido parlamentario. “Es un ejercicio de oposición muy poco práctico, pero es legítimo: aprovechar su mayoría absoluta con un nivel de efectividad nulo”, agrega un letrado de las Cortes en activo, que critica el “obstruccionismo institucional” que supone no permitir su tramitación parlamentaria. “Es una herramienta que tiene a su disposición [el PP] al tener la mayoría en una de las Cámaras. Es legítimo”, concluye la politóloga de la Universidad de Granada, Giselle García, que en cualquier caso señala el carácter de bicameralismo “imperfecto” y “asimétrico” del sistema español, similar al de otros muchos países.